DS(P) nº 53/5 del 8/11/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Buenos días, señoras señores Procuradores. Se reanuda la sesión. El señor Letrado dará lectura al séptimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR (SEÑOR DE MARÍA PEÑA):

Séptimo punto del Orden del Día: "Moción número 65, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política de inmigración en Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar la Moción, en nombre de su Grupo, doña Teresa Rojo tiene la palabra.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Gracias, señor Presidente. Buenos días. Como resultado de la Interpelación realizada en el último Pleno, presentamos hoy aquí una Moción sobre inmigración, que, desde luego, a pesar de tener muchos puntos, no es nada más que una pequeña parte de lo que se puede hacer trabajando con este colectivo.

El aumento del número de inmigrantes en Castilla y León es para los Socialistas una oportunidad de desarrollo. La despoblación y el envejecimiento podrían ser paliados con la llegada de personas procedentes de otros países que se incorporen a nuestro tejido económico, pero también a nuestro tejido social. Para que este hecho sea realmente positivo para nuestra tierra se debe establecer sobre dos pilares básicos: el de un adecuado sistema de admisión y el de un eficaz sistema de integración social, que sólo puede basarse en la equiparación de derechos.

Así, planteamos distintos aspectos. En primer lugar, las actuaciones deben estar regidas por los principios generales de descentralización, aplicación multisectorial y colaboración entre distintas Administraciones, en especial con las Entidades Locales, que constituyen el primer nivel de acercamiento entre los ciudadanos y los nuevos ciudadanos de Castilla y León.

El trabajo, normalmente, es el motivo por el que estas personas se acercan a nuestra Comunidad, y el que sus condiciones de trabajo sean las mismas que tenemos el resto de los castellanos y leoneses debe ser el objetivo de los poderes públicos, y, en este caso, de la Junta de Castilla y León.

Así, pues, proponemos que se establezcan con los sindicatos mayoritarios programas conjuntos de seguimiento y control de los contratos y condiciones de trabajo, dotando económicamente una partida para estos fines. Se impulsará y se reforzará la inspección de trabajo, de manera que desaparezcan de la Comunidad los casos de explotación de trabajadores inmigrantes. Se trabajará de manera conjunta con empresarios y sindicatos en la evaluación de los contingentes de trabajadores que la Comunidad necesita, tanto en su número como en los sectores económicos que más lo demandan. Se valorará, junto con los sindicatos y empresarios, las modalidades de contratación que sean más eficientes en el mantenimiento del empleo para fijar la población inmigrante a Castilla y León.

Por otra parte, la integración del sistema de valores de nuestra Comunidad requiere un esfuerzo educativo no sólo en la enseñanza del idioma a los adultos, sino también, y principalmente, un esfuerzo dedicado a los niños. En este sentido, proponemos: determinación de programas específicos de Educación Compensatoria con presupuestos adecuados que permitan el aumento de medios materiales y humanos en la atención a estos niños, con especial incidencia en los que vivan en el medio rural. Programas de formación ocupacional destinados específicamente a los menores sin familia que no pueden ser incluidos en programas de retorno a su país. Realización de programas transversales de educación en valores, para ser aplicados tanto en los centros escolares como a proyectos de las Entidades Locales. Diseñar programas de cooperación con los países de procedencia que permitan a profesionales de la docencia de dichos países incorporarse a los claustros de profesores.

Por otra parte, la reagrupación y el reagrupamiento familiar son, posiblemente, los dos elementos que permiten la permanencia de las familias de inmigrantes en nuestro territorio. Para mejorar este proceso, se propone establecer una colaboración permanente entre las Subdelegaciones del Gobierno y la Junta de Castilla y León para el seguimiento de la situación de las peticiones de regularización en nuestro territorio, e iniciar una línea de subvención para facilitar el reagrupamiento familiar.

Por otra parte, mejorar la colaboración con los Ayuntamientos en la atención a los inmigrantes es otro de los objetivos que los poderes públicos, partiendo de la integración de los distintos servicios, debe potenciar. Así, pues, proponemos la creación de Observatorios de Inmigración en todos los municipios mayores de cinco mil habitantes, y en los Ceas para atender a municipios menores. Impulsar los programas de información y apoyo a los inmigrantes en los Ayuntamientos de más de cinco mil habitantes, incluyendo la información jurídica que estos colectivos precisan. Aumentar las campañas de empadronamiento en todos nuestros municipios. Aumentar la construcción y rehabilitación de viviendas en los núcleos de población que lo soliciten, dentro de un programa plurianual de actuaciones. Dotación de recursos económicos, por parte de la Junta de Castilla y León, para hacer posible los anteriores proyectos.

Evidentemente, las medidas que se pueden tomar no son sólo éstas, pueden ser más amplias, pero estos elementos que proponemos creemos que son realmente las bases de un futuro de acercamiento entre los inmigrantes y la población castellano-leonesa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Se ha presentado una Enmienda a esta Moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y, para su defensa, doña Arenales tiene la palabra.

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

Buenos días. Muchas gracias, Presidente. Señorías, después de escuchar la propuesta que nos ha venido a hacer la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por parte de nuestro Grupo tenemos que decir que estamos de acuerdo, en principio, en lo que entendemos que puede inspirar la Moción que aquí nos presenta, y es que hagamos que los inmigrantes de Castilla y León se conviertan en claros ciudadanos de pleno derecho y que haya una plena integración en todos los ámbitos. Para lo cual, entendemos que, del mismo modo que explica... que ha explicado la Proponente, tiene que haber un elenco de medidas en distintos aspectos, tanto sociales, como económicos, como de formación y orientación para poder conseguir estos objetivos.

Y estando absolutamente de acuerdo en esos objetivos, como yo creo que ya se puso de manifiesto en la Interpelación que sucedió en el Pleno anterior, sí tenemos que decir que no estamos de acuerdo en la forma o en el instrumento que ustedes traen a cabo aquí... traen en este momento... traen en este momento a colación en este Pleno, puesto que entendemos, en primer lugar, que la estructura de la Moción está bastante desordenada, bastante inconexa; que son medidas que, consideradas aisladamente, podemos estar de acuerdo, pero que, sin embargo, entendemos que éste es un tema de tal trascendencia que requiere de un plan integral. De un plan integral como el que ya sabemos que está llevando la Junta de Castilla y León a través de la Consejería -fundamentalmente- de Bienestar Social, como puso de manifiesto el Consejero en su Interpelación... o en la Interpelación que ustedes le hicieron en el Pleno anterior.

A modo o a título de ejemplo, le queremos mencionar, en base a eso que le he dicho que está, que su Moción... o los distintos puntos están desordenados, le queremos comentar, pues, por ejemplo, hace referencia a varias parcelas, o a varios temas, o a varias competencias claramente diferenciadas. Por ejemplo, el punto dos hace clara referencia a la Dirección General de Trabajo, lo que se podía poner en marcha desde la Dirección General de Trabajo, y, en ese sentido, tendremos que decir que la política de la Dirección General de Trabajo en cuanto a inmigración en Castilla y León, en este momento, tiene ya redactado un Borrador de un Plan de Actuación que entra en parcelas como acciones, como orientación laboral, como formación, como medidas de fomento al empleo y como acuerdos sectoriales. Que, en este momento, ese Borrador ya ha sido sometido a los agentes económicos y sociales y que, igualmente, en este área, la incidencia de la política laboral en la inmigración ha sido incluida como las cuestiones de diálogo social.

Por lo tanto, entendemos que todo lo que se refiere a su apartado dos, hay iniciativas ya suficientes para conseguir los objetivos que plantea en la Moción, pero no cabe ninguna duda que, una vez más, con instrumentos diferentes.

En cuanto, por ejemplo, a la última parte, o dentro de la última parte, el apartado cinco... dos de los apartados -el "c" y el "d", concretamente- hacen referencia a la vivienda. Pues bien, tenemos que decir -y creo que ustedes lo conocen perfectamente, porque así lo ha hecho saber ya el Consejero en esta Cámara en varias ocasiones- que estará puesto en marcha en el año 2002-2009 el Plan Director de Vivienda. Y, dentro de este Plan, hay una serie de medidas -concretamente más de quinientas veinte actuaciones- que podrán ir dirigidas, precisamente, a este... a este colectivo.

En cuanto a la parte de Educación -que, por ejemplo, estaba en su apartado tres-, pues decirle que ya la propia LOGSE y distintos decretos establecen la necesidad de asegurar el desarrollo integral de los alumnos, con temas tan transversales como puede ser la educación para la paz, o la educación moral y cívica, o la educación de igualdad de oportunidades entre sexos, o la educación ambiental, o la educación para la salud. Todos estos temas están desarrollados -como bien digo- tanto en distintos decretos como en la propia... en la propia LOGSE.

También, haciendo referencia a la Educación Compensatoria -que usted la menciona de forma explícita-, tenemos que decirle que ya existe un real decreto, el Real Decreto de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, donde recoge y regula todas las medidas para prevenir y compensar las desigualdades de la educación. Y ahí tenemos distintas... distintas actividades.

En cuanto a la Formación Ocupacional, me consta que usted conoce, Señoría, por ejemplo, los Programas de Garantía Social que se están haciendo desde los propios o en colaboración con los propios Ayuntamientos. Es por eso -que le he mencionado algunas cosas; podríamos entrar en más profundidad en cada una de ellas-, es por eso -vuelvo a repetirle, Señoría- que, estando de acuerdo en muchas de las partes que usted menciona, nos parece que son inconexas, que están desordenadas y que esto requiere de un plan.

Por lo tanto, nosotros hemos presentado una Enmienda, comentándole o proponiéndole que continuemos con las actuaciones en este... en este sentido, porque, por ejemplo, en el tema que usted dice del observatorio, mencionarle que ya existe un observatorio -y nos consta que usted, Señoría, lo conoce-, como puede ser el Observatorio de Burgos, el de León, el de Salamanca, el de Valladolid, y no tendríamos ningún inconveniente -y nos parece bien- que este Observatorio se extendiese a toda la... a toda la Comunidad.

Por lo tanto, y como conclusión, decirle que la Enmienda que nosotros presentamos lo único que pretende es que, dentro de los proyectos de la Consejería de Bienestar Social, se consoliden esos programas. Y ese es el espíritu de nuestra Moción. No solamente para ponerlo de forma inicial, sino para que se consoliden ese tipo de programas, que son, sobre todo, referentes a la inserción laboral.

Y repetirle que, estando de acuerdo, entendemos que -como usted muy bien dice en la parte expositiva- la aceptación social del fenómeno inmigratorio, para que sea eficaz, tiene que basarse en la equiparación de derechos, que, equiparándolos en todos los sentidos, tenemos que incluirlos a los emigrantes dentro de los programas...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, el tiempo ha concluido.

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO: ...

. que muy bien viene desarrollando (Termino, Presidente. Muchas gracias). ... que muy bien viene desarrollando la Consejería de Bienestar Social. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para pronunciarse sobre la Enmienda, señora Rojo, tiene la palabra.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Desde luego, ante una Moción que es ambiciosa, desde luego, en ningún caso inconexa, porque trata los tres temas principales, que son el trabajo, la educación y la integración, nos presentan ustedes una Enmienda, además de Sustitución, que parece que hayan trasladado la Moción a euros: la han dividido tanto que, evidentemente, se queda en la nada.

Lo único que proponen es, como tantas otras veces, en el área de los Servicios Sociales y de la Sanidad en esta Cámara, es algo que viene a decir: ¡qué bien lo hace la Junta, que lo siga haciendo bien! Pero es que, en este caso, esto no ocurre. No ocurre porque los problemas están en la calle, porque los problemas en el área de trabajo están, además, ya en los periódicos y en los Juzgados. Aquí estamos en una situación en la que todavía el problema inmigratorio no nos ha desbordado. Estamos en condiciones de planificar el futuro, y esta Moción lo que pretende es planificar el futuro.

Me dice usted que lo que se necesita es un plan integral. Pues posiblemente. Presenten un plan integral en la Cámara. Ya he dicho al principio que esto que hoy constituía la Moción no es nada más que una aproximación al problema. Estaríamos dispuestos a ver un plan integral en condiciones, pero, desde luego, su Enmienda de Sustitución nada tiene que ver con un plan integral, sino que, en realidad, es la nada de la nada.

Así que tengo que insistirle en que Castilla y León, en este momento, tiene algunos problemas. Tiene algunos problemas en la determinación de para qué necesitamos a los trabajadores y en qué condiciones; especialmente en qué condiciones, porque la igualdad en el acceso al trabajo es lo único que va a permitir que realmente se produzca la integración. Y para eso es cierto que los agentes sociales ya conozco que están hablando con Trabajo. Sin embargo, conocerá usted también que, en esas conversaciones, la línea que siguen las peticiones de los sindicatos y las peticiones de los empresarios son justamente lo que yo apunto en mi Moción, puesto que es después de hablar con estas organizaciones cuando he redactado la Moción.

Desde luego, el sistema educativo en Castilla y León en este momento no está atendiendo, fundamentalmente, la educación de los niños inmigrantes. Se dan casos en los que un niño que no conoce el castellano es incluido en una clase en la que no hay nadie que hable su idioma y, desde luego, tiene que recibir en español un nivel educativo que, desde luego, si no lo entiende, es muy difícil que pueda asumirlo. En otros casos lo que se hace es centralizar a niños de distintos países en una sola aula, de manera que al final tampoco tienen oportunidades de integrarse en lo que es nuestro sistema de valores y nuestro sistema de conocimiento.

Pero, además, el caso de los niños, fundamentalmente del norte de África, que vienen, ellos ya se consideran mayores siendo menores de edad y no pueden ser repatriados, supone, además, un problema realmente importante, porque ahí es evidente que no podemos dejarles que estén en la calle; hay que darles una oportunidad de futuro. Y ahí es donde planteamos que los Programas de Formación Ocupacional, que nada tiene que ver con la formación ocupacional que se hace para adultos, es donde se debe plantear y donde es innovadora nuestra propuesta.

Desde luego, todos los programas transversales en educación de valores nos parecen realmente importantes, y la cooperación con los países de procedencia creo que es, realmente, un mecanismo para que docentes que conocen a los niños, que conocen su lenguaje y su manera de pensar, puedan hacer de puente entre su cultura y la nuestra.

No me ha dicho tampoco nada del reagrupamiento familiar. Evidentemente, éste es un tema realmente importante. Cuando viene un trabajador lo primero que quiere, si de verdad está integrado en el país, es traer a su familia. En este momento eso no es posible, a veces por razones económicas, a veces por razones legales, pero, en cualquier caso, una línea de ayudas para que, cuando las razones legales no existen, se puedan llevar a cabo es realmente fundamental.

Y, desde luego, creer que lo que hay en este momento en los Ayuntamientos es suficiente me parece, en todo caso, peregrino.

La parte que hacemos... las propuestas, las cinco propuestas de colaboración con los Ayuntamientos son fundamentales. Y aunque hay alguna cosa que ya está en marcha, lo que es evidente es que es insuficiente, hay que impulsarlo, hay que generalizarlo, y, desde luego, hay que dotar los Presupuestos de más dinero dedicado a la atención a la inmigración de lo que tienen en este momento, que lo único que se hace es transmitir estrictamente lo que el Gobierno Central destina a estos fines y que traslada a Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para el turno de réplica, señora Serrano.

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO:

Gracias, Presidente. Desde luego, ponemos de manifiesto, prácticamente, cada día que no hay peor sordo que el que no quiere oír.

Es evidente que estamos de acuerdo en la filosofía, en el objetivo a conseguir, pero una vez más discrepamos... -por eso ustedes están ahí y nosotros estamos ahí- discrepamos en los instrumentos y en los medios para llevarlo a cabo.

Que el Partido Popular, o que el Grupo Parlamentario Popular, o que el Ejecutivo Popular está de acuerdo y sensibilizado con la problemática que puede derivar de la inmigración es un hecho; que el instrumento para acometer determinadas polémicas o determinadas acciones a corregir están recogidas ya dentro de un plan sectorial. No solamente consideramos que es necesario que haya un plan integral, es que, Señoría, hay un Plan Regional Sectorial de Acciones frente a la Exclusión Social dos mil-dos mil tres, que ha explicado aquí el anterior Consejero de Sanidad, que consideramos que conocen perfectamente.

Por lo tanto, lo que no se puede hacer es presentar una vaguedad, como esta Moción, en la que las cosas están absolutamente inconexas y donde, además, estamos pretendiendo hurtar del debate social determinados acuerdos.

Ejemplo: en las acciones que usted, Señoría, menciona para el campo del trabajo, en cuanto a la garantía de fomento del empleo y demás. Si le estamos diciendo que ya... que en este momento hay un acuerdo con los sindicatos y que existe un borrador, y que en este momento se está debatiendo, no seamos más papistas que el papa. No digamos: "No, es que he hablado con los sindicatos y lo que piden los agentes sociales y los sindicatos se lo traigo yo a usted aquí". Si están hablando, dejemos al Ejecutivo que continúe hablando; dejemos que están elaborando el borrador; dejemos que lo aprueben. Y cuando consensúen ellos y estampen su firma, entonces lo entenderemos. Pero no vamos a decir: "No, es que yo he hablado y se lo traigo aquí". Bueno, pues no nos precipitemos, están hablando.

Plan Director de Vivienda, en cuanto a las medidas de vivienda, se va a poner en marcha en el año dos mil dos también, dos mil dos-dos mil nueve. Y ahí le digo: quinientas dos actuaciones dirigidas concretamente a este colectivo.

En el caso de las materias de Sanidad o en el caso de las materias de Educación, lo recoge la propia Ley, lo recogen distintos Decretos.

Por lo tanto, Señoría, vamos a dejar, una vez más, de hacer demagogia con estos temas; vamos a colaborar entre todos para que los inmigrantes puedan conseguir ser ciudadanos de pleno derecho en esta Comunidad; vamos a seguir considerando la clara integración, porque entendemos desde estas filas que, precisamente, es la integración y hacer los ciudadanos de pleno derecho lo que contribuirá no solamente a la mejor riqueza social y económica, sino fundamentalmente cultural. Muchas gracias, Señoría.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para fijación de posiciones, en ausencia de los miembros del Grupo Mixto, se renuncia ello. Y la Proponente tiene la palabra para fijar el texto definitivo de la Moción.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Desde luego, siempre hay que llegar a un acuerdo, y, efectivamente, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y cuando, además, no se quiere entender es aun todavía peor.

Yo no entiendo cómo se puede confundir un Plan de Acción contra la Exclusión Social con un Plan de Integración de los Inmigrantes. Los inmigrantes no tienen por qué estar en situación de exclusión social. Es un problema diferente. No son marginados, no son marginales; son gente normal que quiere trabajar. Lo que tenemos que hacer... lo que tienen que hacer las Administraciones es poner en funcionamiento todos los mecanismos que evitan que la explotación ocurra.

Lo que tiene que hacer la Administración, si queremos de verdad que la inmigración sea una oportunidad para Castilla y León, es facilitar que la población inmigrante se quede en Castilla y León. Nuestras condiciones de trabajo no son inmejorables; evidentemente, hay muchos inmigrantes que inician su estancia en España en Castilla y León, pero al poco tiempo se van a otras Comunidades Autónomas. Si nosotros queremos que sea una oportunidad, como aquí ha dicho el señor Herrera, como ha dicho el señor Estella, como parece que hay acuerdo en la Cámara, desde luego, no nos podemos quedar en lo que tenemos.

Aquí también funcionan los mecanismos competitivos con el resto de la sociedad y el resto de las Comunidades Autónomas. Y para nosotros el tema de la población debe ser prioritario. Y para eso, desde luego, no vale con decir que es que los inmigrantes dentro del Plan de Exclusión Social se les puede atender. Evidentemente, si un inmigrante además es un excluido social, pues quizá tenga más mecanismos; pero no es el sentido de la Moción.

El sentido de la Moción es el que da solución a problemas como el que... el número de alumnos no comunitarios crece más del cien por cien en un solo año. ¿Qué hacemos con los niños que están en nuestros centros, que están en nuestros pueblos y que quieren formar parte de... ser ciudadanos de Castilla y León? Evidentemente, ahí no hay ninguna solución concreta. Nosotros proponemos soluciones concretas, y aquí el Grupo Popular, desde luego, no las aporta.

Y dice usted que, claro, que nosotros estamos ahí. Precisamente en este tema es una de las diferencias, porque los inmigrantes no votan, claro. Y como no votan, no tenemos ningún sentido social para atender sus necesidades. Ése es uno de los problemas por los cuales este tema sólo se plantea como si fuera un problema económico. Y no es un problema económico, es un problema social. Pero es un problema social no de que los inmigrantes vayan a tener oportunidades, sino de que los castellanos y leoneses tenemos la oportunidad de mejorar nuestras condiciones de vida con el trabajo de los inmigrantes. Son diferencias fundamentales de entender los problemas.

Así que me dice usted que hay que dejar a los agentes sociales que hablen. A mí me parece muy bien que los agentes sociales hablen, me parece perfecto que los empresarios hablen; pero este Parlamento también tienen que hablar, porque aquí estamos representando a los ciudadanos de Castilla y León. Y cuando yo... cuando yo hablo con distintos colectivos y sintetizo sus peticiones dentro de lo que nuestro partido piensa que es positivo para Castilla y León y las traigo aquí, esas peticiones representan, al menos, al colectivo que los socialistas representamos en Castilla y León.

Así pues, creo que se deben tener en cuenta, porque son, realmente, mejoras para el futuro de los castellanos y los leoneses.

Y le tengo que decir que, en este momento, los Observatorios de Inmigración no los hay en todas las provincias, pero que, además, los ciudadanos inmigrantes están en este momento trabajando muchas veces en el sector agropecuario, y este sector está distribuido en los pueblos, donde, desde luego, sí que no hay ningún Observatorio de Inmigración y donde el trabajo de los Ceas es fundamental. Y ahí, junto con los municipios menores de cinco mil habitantes y los... no son sólo los de las ciudades que en este momento funcionan.

La colaboración con las asociaciones de inmigrantes es importante; las están haciendo en este momento los sindicatos, normalmente tiene secciones de inmigrantes que, realmente, atienden problemas de estos ciudadanos. Sin embargo, eso no se puede hacer sin ayuda económica. Es evidente que usted tampoco ha valorado ese tema. Quizá el señor Ambrós encuentre alguna línea de ayuda, pero en esta Cámara también tenemos cosas que decir que a usted se le olvidan.

Y, desde luego, es necesario aumentar el Presupuesto si queremos de verdad mejorar las condiciones de vida de nuestros inmigrantes en Castilla y León. El actual es claramente insuficiente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Se somete, entonces, a votación la Moción que acaba de ser defendida y debatida. ¿Votos a favor de la Moción? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y cinco. A favor: dieciocho. En contra: treinta y siete. No hay abstenciones. Y queda rechazada.

Al señor Secretario le ruego proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día, el séptimo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Séptimo punto del Orden del Día: "Moción número setenta y dos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de desarrollo de regadíos en Castilla y León y, en particular, con respecto al embalse de Riaño, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para su presentación, señor Losa, don Antonio, tiene la palabra.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. Mayo de dos mil uno: las Cortes Generales aprueban el Plan Hidrológico Nacional, donde se recogen una serie de actuaciones en las cuencas hidrográficas de toda España. El Gobierno de la Nación elabora el Plan Nacional de Regadíos horizonte dos mil ocho, próximo ya a ser aprobado, y que va a condicionar la política de los regadíos de toda España y, por supuesto, de nuestra Comunidad Autónoma hasta el dos mil ocho, es decir, en los próximos siete años.

En el año noventa y siete, la Consejería de Agricultura y Ganadería redactó un documento de trabajo del Plan de Regadíos de Castilla y León, el cual es sometido a la consideración de los agentes sociales... estoy leyendo la carta que enviaba el Consejero con el documento, y decía que se había sometido a la consideración de los agentes sociales, profesionales, territoriales y Administraciones afectados antes de proceder a su redacción y tramitación definitiva ante las instancias oportunas. Han pasado cuatro años y el citado documento no ha visto la luz en su redacción definitiva, al menos no aparece en ninguna publicación oficial.

Es evidente que la agricultura de la Unión Europea de España y de Castilla y León ha sufrido grandes cambios y convulsiones en ese pequeño período de tiempo de cuatro años. Y, sobre todo, teniendo en cuenta la aprobación de la Agenda 2000, cuya vigencia se extiende hasta el dos mil seis, y la más reciente, que ha sido la aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, que ha llevado consigo la prohibición del uso de harinas cárnicas como alimento del ganado.

Se hace necesaria, a nuestro juicio, la elaboración de un plan de regadíos donde se establezca un uso racional del agua, tanto superficial como subterránea; donde se caractericen los problemas medioambientales, afrontando una estrategia para resolverlos -no olvidemos el problema del arsénico, el problema de los nitratos-; donde se realice el análisis de los cultivos en el marco de la nueva Política Agraria Común; donde se establezca la previsión de cultivos de futuro y otros no contingentados; donde se estudien las afecciones ambientales de las zonas regables; donde se fijen los objetivos de consumo de agua óptimos; donde se establezcan las prioridades en los regadíos en ejecución y en consolidación y mejora de los existentes y donde se establezcan los marcos financieros y los tiempos de ejecución.

Sin olvidar las actuaciones que a nuestra Comunidad Autónoma son fundamentales, que es la concentración parcelaria, que tiene que ir, normalmente, aparejada a los procesos de regadíos.

Hay que tener en cuenta que en el Plan Nacional de Regadíos aparece la consolidación y mejora de regadíos de ciento noventa y dos mil quinientas dos hectáreas en Castilla y León hasta el dos mil ocho. ¿Qué zonas son las que van a comprenderse en esas ciento noventa y dos mil quinientas hectáreas? ¿En qué condiciones financieras se van a realizar?, ¿en las que determinen las SEIASA con las comunidades de regantes o en las que tenga que determinar la Comunidad Autónoma?, que es la que a nuestro juicio debe guiar todas estas actuaciones en todo el marco de este horizonte.

A la vista de cómo se afrontan estos regadíos en el Plan Nacional, nuestros agricultores están con un problema importante: las condiciones de financiación, sobre todo de la consolidación y mejora -que son las que ya están más definidas-, tienen que ser lo suficientemente favorables para que en el año dos mil tres -el treinta y uno de diciembre-, en que se van a revisar los objetivos en función de la eficiencia, no resulte un fiasco para nuestra Comunidad Autónoma y hayamos conseguido los objetivos, por lo menos para no perder ese... esa superficie.

Castilla y León necesita un plan regional, un plan moderno y actual que programe y priorice todas las actuaciones para los próximos siete años. Es por ello que el Grupo Socialista presenta la siguiente Moción: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la elaboración, en el plazo de seis meses, del Plan de Regadíos de Castilla y León, que determine las actuaciones a desarrollar hasta dos mil ocho en materia de reforma y desarrollo agrario. Dicho Plan deberá ser aprobado por las Cortes de Castilla y León, previa consulta con las Instituciones y colectivos económicos, sociales afectados".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? El Grupo Popular. Tiene la palabra el señor don Vicente Jiménez Dávila.

EL SEÑOR JIMÉNEZ DÁVILA:

Gracias, señor Presidente. Nosotros bajamos aquí para oponernos a la Moción presentada por el Grupo Socialista; porque hoy ya hemos avanzado, hoy ya reconoce que tenemos un Plan Regional de Regadíos desde el año noventa y siete. No sé si lo ha conseguido, parece que le veo un libro gordo ahí, delante de él, posiblemente sea eso.

Pero nos parece ya más que suficiente que nosotros tengamos un Plan desde el año noventa y siete -que cuatro años no es la Prehistoria, yo creo que en cuatro años el Plan está totalmente en vigor-, que se han recogido... -y probablemente sea el detalle que le falte al señor Losa-, que se han recogido en el Plan Nacional de Regadíos todas las prioridades que ya mantenía el Plan Regional, y que se van a actuar en ellas.

Y luego habla de... pide aclaración de cómo se van a solucionar, quién va a elegir, sí la... -la modernización-, si las SEIASA o la Administración Regional. Pues, indudablemente, hay un convenio firmado -que, como es público, usted le tendrá- donde se determina claramente que es una cuestión compartida; que las SEIASA sin el acuerdo del Gobierno Regional no podrán actuar en ningún sitio, y que en todos los sitios actúan de total acuerdo con el Gobierno Regional.

No obstante, también le voy a leer a usted -por si acaso no lo tiene, aunque también es público- las intervenciones... las intervenciones que va a hacer la... el Plan Nacional de Regadíos en esta Región: en La Armuña -Salamanca-, seis mil quinientas setenta hectáreas; en Las Cogotas -Ávila-, tres mil; en la margen izquierda del Tera, cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve; en Riaño, siete mil cuatrocientos noventa y nueve; en Payuelos, veinticuatro mil.

En definitiva, vamos a hacer unas grandísimas actuaciones, tanto en nuevos regadíos como en modernizaciones, donde se van a... como usted bien ha dicho, ciento noventa y dos mil quinientas hectáreas a modernizar. Creemos que con el Plan Regional de Regadíos y con el reciente Plan Nacional, que se aprobará en próximo, los regadíos de la Región van a estar como no han estado nunca, vamos a hacer actuaciones que no se han hecho nunca en esta Región. Y, por lo tanto, no creemos que sea oportuno volver a hacer más papeles y más documentos. Es la hora de trabajar, no de seguir haciendo papeles, que parece ser que es lo que a ustedes les ha gustado siempre: estar continuamente haciendo papeles y documentos. Mire usted, ese momento para nosotros ya ha acabado; ahora es el momento de actuar en nuevos regadíos, y estamos pensando que lo vamos a hacer, y bien.

Tenemos suficientes... Plan Nacional... Regional de Regadíos que va para treinta años, con previsiones para treinta años; y el Plan Nacional de horizonte dos mil, que en ocho años se va a determinar. Y ¿qué se determina? Le vuelvo a repetir: lo que la Junta de Castilla y León cree prioritario. Eso es lo que ha determinado el Plan Nacional de Regadío para estos próximos ocho años. Que ésa es la gran duda que usted parece que manifiesta cuando decía aquí, el otro día, que la Junta perdía totalmente la capacidad de... de decidir. Pues no señor. Nosotros estamos muy bien coordinados con el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Nación, en su Plan Nacional de Regadíos -y si usted lo puede ver, ya que tiene el Plan Regional-, lo que se prioriza es las prioridades que ya recogía el Plan Regional de Regadíos.

Por esto, creemos que no es oportuno tener que hacer más planes y más estudios, puestos que planes y estudios están suficientemente hechos; ahora es la hora de trabajar, y estamos convencidos de que con este nuevo sistema vamos a hacer más regadíos en Castilla y León que se han hecho nunca. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Losa, para réplica.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. Mire usted, señor Jiménez Dávila, no es que yo, en mi última intervención, no reconociera que no hubiera un Plan de Regadíos; es que no lo conocía. Y es que no existe un Plan de Regadíos como tal, oficial.

Mire usted, cuando se consulta el Boletín Oficial de Castilla y León, y se consulta informatizado, la única palabra... en el único documento que aparece el Plan Regional de Regadíos es en la Orden de cuatro de enero del noventa y nueve, por la que se regula el Registro de Superficies de Regadíos de Castilla y León. Ésa es la única referencia oficial que existe. Es verdad que existe un documento de trabajo que se realizó en el año noventa y siete y que no ha visto la luz. Yo el otro día se lo pedía... me dijo el señor Consejero que me lo iba a enviar, no me lo envió; y se lo pedí al Director General de Desarrollo Rural y dijo que no le quedaban ya ejemplares. Y es verdad, no me engañaba. Si es que no hay, si es que no hay... ese documento no está en vigor. Pero no está en vigor, mire usted, no porque ya no haya ejemplares, sino porque no se puede aplicar, porque ese documento es un documento totalmente obsoleto; usted lo ha dicho, es un plan a treinta años. Y el horizonte del Plan que se va a aprobar, que el Gobierno de la Nación, el Partido Popular tiene mayoría absoluta y, además, va a salir por Decreto, que no hace falta ni ir al Parlamento, es hasta el dos mil ocho.

Es un documento el que se publicó de trabajo y, por lo tanto, pues hay muchas generalidades: el acondicionamiento, mejora, modernización y consolidación es un puro manual; aparecen ochenta y una mil hectáreas de mejora y modernización hasta dentro de treinta años y, sin embargo, tenemos que mejorar ciento noventa y dos mil en siete, según el Plan actual; las zonas regables se fijan... las zonas establecidas en los planes hidrológicos de cuencas, que ya están obsoletos, hoy hay un Plan Hidrológico Nacional nuevo y no se adaptan esas zonas con las que se van a acometer en estos momentos.

Se establecen objetivos de consumo en torno a siete mil metros cúbicos por hectárea -algo que hoy ya no debemos hablar de esos caudales-; no se contemplan -como no estaban entonces- los lugares de interés comunitario, ni las ZEPAS, zonas que pueden ser en muchos casos incompatibles con regadíos que ya estaban establecidos desde hace muchos años.

En fin, es un documento de declaración de intenciones, sin medidas concretas. Aparece la creación de un Instituto Tecnológico, no agrario, sino del agua; organismo único y especializado en un buen uso del agua, que nos parecería muy bien, y no aparece -no aparece a hoy, claro-. Las condiciones de financiación que ahí aparecen en ese Plan no tienen nada que ver con las que van a ser de futuro...

Y así le podría ir enumerando ese documento, que no se parece en nada, lógicamente, a la situación actual; no porque estuviera mal hecho en su momento -yo creo que ese documento es manifiestamente mejorable-, pero es que no se adapta en absoluto a las condiciones actuales que se dan en este momento, señor Jiménez Dávila.

Ni se adaptan los regadíos en ejecución, ni se adapta en los regadíos públicos. Fíjese que establece cuatrocientas sesenta mil hectáreas de nuevos regadíos. Pero ¡si ya tenemos problemas con los que tenemos actualmente! Tenemos problemas para que quepan -como usted bien sabe-, dentro de la superficie en fase de regadío. ¿Cómo se puede pensar en esa superficie tan tremenda, que ojalá que pudiera ser?

Como ve, es un problema que no está en absoluto solucionado y que el Plan es completamente necesario. Mire usted, señor Jiménez Dávila, dice usted: "No más papeles, no más documentos". Claro, si ustedes consideran que los planes son papeles mojados -que es lo que muchas veces les pasa-, pues claro, entonces lleva usted razón: ¿para qué más papeles, para qué más documentos, si no se van a cumplir? Pues vamos... mal... lo vamos haciendo a golpe de... a golpe de martillo, ¡venga! ¡Huy! ¿Se ha hecho regadíos? Pues hacemos éste. ¿Mañana el otro? Mañana el otro.

Y las SEIASA, funcionando para la Comunidad Autónoma, hablando con las comunidades de regantes y, donde llegan a un acuerdo, nos llama a nosotros, a la Comunidad Autónoma, y allí firmamos. No, mire usted, eso no puede ser así, no debe ser así. Tiene que ser algo mucho más concreto y mucho más programado. Y eso solamente se consigue con un plan que ordene, que ordene de una forma racional, para los próximos siete años, los regadíos que no tenemos más remedio que aceptar y que están incluidos en el Plan Nacional que ustedes van a aprobar recientemente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Señor Jiménez Dávila, para dúplica.

EL SEÑOR JIMÉNEZ DÁVILA:

Gracias, señor Presidente. Mire usted, señor Losa, Plan Nacional de Regadíos Regional, le tenía. Como decía que no había documento, que no había... Yo le tengo desde que se editó en el noventa y siete, porque... porque tengo mi... -perdón-, tengo desde entonces mi ejemplar. Yo casi que me brindaba a dejarle el mío, pero ya veo que le tiene.

Luego dice que es ya es un Plan... aquí está en el Plan de Regadíos Nacional, en lo que afecta a la autonomía de Castilla y León. Yo creo que ya planes, tenemos suficientes. Y que si el Plan Nacional no hubiera previsto lo que priorizaba el Plan Regional, pues posiblemente usted tuviera razón; pero es que ya está previsto. Y el Plan Nacional lo que hace es priorizar y actualizar lo que ya había hecho en el Plan Regional de Regadíos. A usted le parece que no; a nosotros nos parece que sí, que hay una perfecta coordinación entre la Consejería y el Ministerio, y que se han priorizado lo que la Consejería tenía ya previsto en el Plan Regional de Regadíos.

Usted dice que es un documento obsoleto; nosotros creemos que no, aunque esté hecho para treinta años. Está hecho, pues de acuerdo a los planes hidrológicos y a la cantidad de agua que tenía esta Región. ¿Que habría que hacerle... modernizarle? Pues ya lo está haciendo el Plan Nacional de Regadíos. El Plan Nacional de Regadíos ya moderniza, y las actuaciones que priorizaba aquí la Junta de Castilla y León. Luego nos parece que está suficientemente claro.

Y que yo le he dicho que los papeles... Mire usted, que yo no estoy acostumbrado a hacer con los papeles lo que usted ha dicho, que esconderlos. Mire usted, yo no escondo ningún papel ni oculto ningún papel. Pero me parece que es suficiente papel ya y suficiente documento el Plan Nacional y el Plan Regional.

Luego, por lo tanto, las cosas están hechas. El trabajo hay que pedirle a tiempo, y no a ustedes ahora parece que les preocupa, cuando sale un Plan Nacional de Regadíos, les preocupa qué va a pasar con los regadíos de esta Región. A nosotros nos preocupó mucho antes, y estaba ya hecho, los deberes los teníamos hechos. Ustedes parece que no lo tenían hecho y ahora los quieren volver... los quieren volver a que les hagamos otra vez; pero para nosotros están hechos los deberes, y bien. Se están haciendo regadíos; tenemos proyectadas cincuenta mil hectáreas en los próximos siete años, más ciento noventa y dos mil de mejora -como usted ha dicho-. Y nos parece que ya no es oportuno hacer mas planes, sino que es la hora de actuar y de avanzar en este tema. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para fijar posiciones, Grupo Mixto, doña Daniela Fernández tiene la palabra.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Nuestro Grupo va a abstenerse. Y va a abstenerse, porque, aunque se pide un nuevo plan de regadíos para nuestra Comunidad, nadie ha mencionado que el agua del pantano de Riaño está en León y que León es la que menos riega, la que más cara paga el agua, y que una vez este..., una vez más, este año el Estado no ha priorizado nuestra provincia. Así que, miren ustedes, estoy hace dos años aquí y solo oigo hablar de planes. Nosotros lo que necesitamos es agua para regar las tierras de León, Payuelos y no Payuelos, porque además somos los que tenemos el agua. ¿Y dónde está la solidaridad que ustedes hablan, cuando nos quejamos de que nos quitan el agua? ¿Qué nos dan ustedes a cambio?, porque la solidaridad creo que es mutua, o así debería ser.

Así que, Señorías, me abstengo porque eso es otro papel mojado, porque en ningún momento se habla de llevar más agua para León... de dejar el agua en León, perdón. Ahí no hay que llevarla, ya está allí. Así que me voy a abstener. Y déjense de planos; y realidades, Señorías. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. El Proponente, señor Losa, tiene la palabra.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. Señor Jiménez Dávila, el Plan que usted ha exhibido aquí, que yo también lo tengo ahí, que al final me hice con él, un ejemplar totalmente humedecido, porque ni este se ha utilizado ni el de ustedes tampoco, porque el de ustedes era un documento de trabajo y así aparece en la franja -mírelo bien-, una franja roja que tiene en la parte inferior derecha que pone "Documento de trabajo". Ese documento de trabajo no ha sido... no ha sido sometido a la consideración de la sociedad; y, si fue sometido, las alegaciones que se hubieran presentado no se introdujeron, y ahí está.

En cualquier caso, en cualquier caso, señor Jiménez Dávila, ese documento -como le he dicho antes- no se parece en nada a lo que va a ser la realidad. No se parece en nada, porque usted dice que el Plan Nacional de Regadíos prioriza lo que la Consejería tenía previsto. Mire usted, pero ¿cómo va a priorizar lo que tenía previsto si no se parece en nada? Si la Consejería tenía previsto en Ávila ochocientas cincuenta hectáreas; el Plan Nacional de Regadíos contempla tres mil hectáreas en Las Cogotas. (Sí, por exceso, ahora vendrá por defecto. No sonría). En Burgos, en el Plan de Castilla y León aparecen dos mil trescientas hectáreas de regadíos en ejecución; y en el Plan Nacional, ahora cero. En León aparecían treinta y dos mil trescientas noventa y cuatro hectáreas; y ahora treinta y una mil quinientas. (Mire, ahí está más ajustado uno con otro; ahí han coincidido casi). En Palencia, doscientas setenta hectáreas; y en el Plan Nacional, cero. En Salamanca, seiscientas doce hectáreas; y en el Plan Nacional ahora aparecen seis mil quinientas setenta y siete de los regadíos de La Armuña, de su tierra. En Zamora, novecientas cuarenta hectáreas; y ahora aparecen dos mil cuatrocientas setenta y nueve. En total, treinta y siete mil hectáreas; y el Plan Nacional de Regadíos tiene previsto abordar cuarenta y tres mil quinientas cincuenta y cinco, o sea... Y, si sigo, pues, una diferencia brutal.

Como le he dicho antes, en acondicionamiento y modernización, ochenta y una mil hectáreas, en treinta años; y, sin embargo, ahora, en siete años, figuran ciento noventa y dos mil quinientas. O sea que no se parece nada. O sea, como dicen popularmente: "esto se parece como un huevo a una castaña". Pero es que no tiene nada que ver, es que no tienen por qué parecerse, porque son documentos redactados en diferentes momentos y por diferentes... y en diferentes situaciones. Y, por lo tanto, no tienen nada que parecerse.

Y yo no estoy santificando el Plan Nacional de Regadíos, en absoluto; porque a ustedes sí les gusta, pero a mí no. Pero es que como es un documento que va a ver la luz, y que no va a haber más remedio que ceñirse a él si es que queremos participar en la tarta de la financiación comunitaria, pues es el documento que vamos a tener; nos guste o no nos guste, que a nosotros no nos gusta. Y, por lo tanto, sean ustedes coherentes, adapten... adapten al Plan Nacional de Regadíos... Y no es hacer más papeles, señor Jiménez Dávila, porque si ustedes piensan que los planes son papeles, nos están llenando de planes; tenemos centenares de planes en este momento aprobados por ustedes y que no aplican ni un solo... ni una sola línea de lo que ahí se dice.

Efectivamente, a usted le traiciona el subconsciente, y... y condena los planes que ustedes hacen, porque no cumplen con ninguno. Porque un plan es algo más que un papel, señor Jiménez Dávila. Un plan es un compromiso político con la sociedad; donde aparecen una serie de actuaciones determinadas; donde aparecen unos compromisos financieros concretos; donde aparecen unos cronogramas de desarrollo de esas actuaciones; y donde aparece, fundamentalmente, unos objetivos y un cumplimiento, y un seguimiento. Y eso es lo que se va haciendo en marcha permanentemente.

Y quien no trabaje con planes, desde luego, está abocado al fracaso, porque, al final, lo único que se hacen son actuaciones inconcretas, actuaciones coyunturales, parches por arriba, parches por abajo, sin saber adónde vamos. Hoy los regadíos tienen una función primordial más que nunca, y es la fijación de la población en el medio rural. Y ustedes están renunciando a ello, porque no... los regadíos no se tienen que hacer donde salga, sino se tienen que hacer donde convenga a los intereses generales de la Comunidad Autónoma. Y para eso están las planificaciones, señor Jiménez Dávila, no para que sean papeles mojados, que es lo que a ustedes les parece cualquier plan, aunque sea elaborado por ustedes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Sometemos a votación esta Moción que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y nueve. A favor: diecinueve. En contra: treinta y siete. Y tres abstenciones. Queda rechazada.

Y ruego al Secretario dé lectura al siguiente punto, que creo es el noveno punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Noveno punto del Orden del Día: "Moción número 75, presentada por los Procuradores don Joaquín Otero Pereira, don José María Rodríguez de Francisco y doña Daniela Fernández González, relativa a política general sobre financiación, construcción, gestión, régimen de acceso y coste de plaza en residencias de tercera edad, consecuencia de la Interpelación formulada por dichos Procuradores".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para defender la Moción, doña Daniela Fernández tiene la palabra.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Entendemos que en la Interpelación quedó suficientemente explicado lo que nosotros... y lo que creo que no se nos puede negar, la evidencia de cómo es la situación en lo que contemplaba la Interpelación; pero, así y todo, vamos a resumir. Vamos a resumir para luego ya decir los puntos que queremos que ustedes nos aprueben y que, mucho temo, que aunque solo sea por no reconocer que lo hacen mal, no van a aprobar.

En primer lugar, ustedes saben que la responsabilidad de la construcción de residencias de la tercera edad es de la Junta; pero la Junta la elude. No sé quién va a contestarme, porque los veo a todos muy distraídos, como ya saben cómo tienen que levantar el dedo, ¡pues para que van a escuchar!

La responsabilidad -repito- es de la Junta, y la Junta elude esa responsabilidad, como ya explicamos en la Interpelación. Hay escasez de plazas, hay listas de espera tremendas; y cuando son casos muy urgentes, los envían fuera de la provincia.

Señorías, yo no sé si se dan cuenta de lo que es llegar a esa edad en que tienes que recurrir a una residencia de ancianos, porque no tienes hijos, porque no quieren o porque no pueden, y además que te desvinculen totalmente, no ya de tu medio medio, sino de tu provincia. Eso, Señorías, va en contra del espíritu de la ley, que habla de que tienen llevar una mejor vida social... ¿Entienden? O sea, contrario, totalmente contrario a lo que ustedes hacen.

Luego hacen conciertos -que eso habría mucho que hablar de los conciertos; quizás lo trataremos en otra- y no siempre con residencias de calidad, no siempre con residencias de calidad. La prueba es que las pocas que cierran, las pocas que cierran, las cierran porque eran nefastas; no solamente las condiciones físicas de la residencia y del trato al anciano, en plan sanitario, alimentario y tal, sino, sobre todo, atentan tremendamente fuerte con la dignidad de la persona residente.

Claro, dicen que cierran. Pues si ustedes, en lugar de cinco inspectores para toda la Comunidad, tuvieran el número suficiente, yo creo que cerraban el 80%, el 80%. Ustedes quieren eludir el problema que tienen del envejecimiento, que en concreto en León, según datos de las jornadas del envejecimiento -que aludió ayer la señora Consejera de Economía, pero que solo dio los datos que le interesaban-, el 25% en toda España entre 0 y 14, es en toda España, ¡ah!, pero exceptuando León que es el 11%. Es decir, algo está pasando en León, porque ya sabemos que la natalidad está disminuyendo, pero eso es en toda España, incluso en todo el mundo.

Entonces, tienen un problema gordo, y en lugar de construir, en lugar de trabajar por ello, hacen conciertos con el primero que se les ofrece, con el primero que se les ofrece; porque la residencia de Zamora del otro día que han cerrado, ¿cómo estaría, cómo estaría, para cerrarla y cómo estaba cuando hicieron los conciertos? Y otra que se cerró en La Bañeza, ¿cómo estaba? ¿Y cómo están los lunes algunas que hay en La Bañeza?, por falta de personal, porque se sirven del alumnado de los cursos, y el alumnado no va sábado ni domingo.

Para más inri, con unas pensiones que de media están en 65.000 pesetas... Porque no se olviden que el señor que tiene 450.000 pesetas de pensión se va a una privada, elige; el que se va a la pública, el que se va a la que la Junta apoya económicamente es porque no la puede pagar la buena. Y ustedes se olvidan de eso, se olvidan de cómo tienen su propio Gobierno las pensiones, porque es que es el mismo patrón el que paga 70 de pensión y cobra 120 por la residencia. Dígame a mí si eso es justicia, y, sobre todo, justicia social. Dígame a mí si eso es mirar por que haya un confort, una vida digna, y que la tercera edad tenga lo que se merece, Señorías. Porque el mundo estará bien o mal, pero el mundo es gracias a los de la tercera edad. Si estamos aquí es por la tercera edad, y todos vamos a llegar. ¡Claro!, que con la paga de algunos políticos que con levantar el dedo ya la tienen asegurada para toda la vida, pues se pueden permitir una residencia de lujo, incluso en la costa, diría yo. Y para más inri, ahora nos sacan el Decreto; el decretazo, porque esto sí que es un decretazo, esto sí que es un decretazo.

Vamos a pedir la anulación de la Disposición Final Primera, porque es ilegal, y además... -no lo digo yo, lo dice la Constitución-, pero además lo prometió el Consejero en declaraciones a la prensa, por la que se preparó. Cuando quieren hacerle un carácter retroactivo a una ley que perjudica, es ilegal. Eso sé yo que lo van a hacer, pero no me lo van a permitir.

Después, el Artículo 33, en el que antes de firmar... antes de entrar tienen que firmar que asumen la deuda. Es decir, ellos no pueden pagar 120.000 pesetas, la Junta pone dinero y ustedes dicen que firmen en que se hacen cargo de esa deuda. Como no tienen dinero, a cargo de su patrimonio; es decir, por lo que ha luchado toda la vida el anciano no puede disponer de él. Dicen: no, en caso de que pierda la calidad de residente. Pero es que normalmente la pierde cuando se muere; se ha pasado su vida sin poder disponer de sus bienes. ¡Pero ustedes creen que eso es digno! Pero ustedes... ustedes, pero qué matiz le pueden dar a eso. ¿Pero quién hizo este Decreto? Luego, si no, no entran.

Y otra cosa, como no pueden enajenar el patrimonio, me gustaría saber qué pasa con el que no tiene patrimonio. Sí, me van a decir que le admiten. Ya. Entonces, ¿por qué hacen un baremo? ¿En qué consiste ese baremo? Ya lo he leído. Ustedes, como hay fila para entrar, van a coger al que pueda pagar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

(Señoría, antes no agoté el tiempo. Por favor, tenga la cortesía de dejarme, que termino enseguida). O sea, no pueden vender, no pueden arrendar, no pueden disponer de su patrimonio. En todo caso, rematan, además, y dice: la Gerencia siempre puede hacer lo que sea con tal de recuperar ese dinero. Pero ¿qué dinero? (Señoría, no proteste que usted es el que más abusa del tiempo).

Bueno, y además dicen en el último, dice: "salvo la vivienda". ¡Hombre!, Señoría, la vivienda, vamos...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Tiene más turnos, Señoría, acabe.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Mire, resumiendo: ustedes le están quitando derechos fundamentales y derechos civiles al anciano, y ustedes son los culpables de que no puedan pagar 120.000 pesetas, porque sólo les pagan 65.000 pesetas de media de pensión. Y en León -es una media, ¿eh?-, en León no sé si llegará a eso. Gracias. (Leves aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para consumir un turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña María Victoria Fernández Candeal tiene la palabra.

LA SEÑORA HERNÁNDEZ CANDEAL:

Gracias, señor Presidente. Señoría, después de lo que le acabo de escuchar, lo que me pide el cuerpo es no contestarle a nada, porque usted no se ha enterado nada, nada, nada, del Decreto que acaba de aprobar la Junta.

Pero, de hecho, le voy a contestar, uno por uno, a los puntos de su Moción y le voy a explicar el por qué de nuestro voto en contra. Mire usted, la aprobación del Decreto 56/2001 -le pediría que se lo lea usted bien- viene determinada por la necesidad de adaptar el marco normativo a la realidad actual. Y tiene el objetivo de garantizar la calidad de vida de las personas mayores de nuestra Comunidad, planificando tanto los recursos como los servicios disponibles en esta Comunidad.

Con la publicación de este Decreto se pretenden dos cosas: la primera de ellas es dar prioridad en los centros residenciales a aquellas personas que más necesitan una plaza pública. Y, lo segundo, establecer un sistema de justicia social, de tal forma que la contribución en la financiación del coste de las plazas sea mayor por parte de aquellas personas que más recursos poseen.

Usted, aunque no ha explicado los cinco puntos de la Moción, yo voy a ir repasándolos, uno por uno, para explicar nuestro voto en contra. Le diré, respecto al primer punto, en el que usted pide la supresión de la Disposición Adicional Primera, que sí es cierto que se ha generado una cierta inquietud por parte de algunos residentes, pero creemos que no es preciso suprimir la norma, y -como usted ha dicho- el Consejero ya ha hecho las aclaraciones. Entonces, lo que este Grupo pretende es aclarar dicha norma. Y dicha aclaración aparecerá en el Decreto por el que se aprobará el Estatuto de Centros que actualmente está ya en fase de tramitación. En esta norma se reflejará el carácter voluntario, y nunca obligatorio, del reconocimiento de la obligación de pago para los residentes anteriores a este Decreto.

En el punto número dos, usted habla de la modificación del Artículo 33. Le diré que el criterio que sigue el Decreto es el que los residentes participen en la financiación de las instancias en función de su poder adquisitivo. Por eso, de la misma forma que se tienen en cuenta otros rendimientos además de las pensiones para determinar ese poder adquisitivo, entendemos que no tiene ningún sentido excluir las pagas extraordinarias.

Respecto al punto número tres de su Moción, en el que usted propone suprimir los puntos dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete del Artículo 34, nuestro Grupo entiende que la atención a las personas mayores es una responsabilidad pública, pero debe de ir unida siempre al principio de solidaridad y justicia social.

Entendemos que la contraprestación entre los servicios prestados por la Administración y la aportación de los ciudadanos en la financiación de los mismos debe depender de las disponibilidades económicas, de tal forma que -se lo he repetido antes- lo que se pretende con este Decreto es que contribuyan en mayor medida quienes más ingresos tienen, teniendo siempre como límite un precio de referencia que, en ningún caso, se podrá superar.

Respecto a su punto número cuatro en el que dice: "adecuación del coste de la plaza residencial a la pensión del residente o futuro residente", no hay ninguna razón económica o jurídica por la que el que percibe una pensión deba contribuir a la financiación, mientras que aquel que posee terrenos, viviendas u otros bienes, no. Es evidente que, desde el punto de vista de la justicia social, no basta con participar en la financiación con la pensión, que es lo que usted propone en su Moción.

Sobre el punto número quinto, "construcción y gestión directa de las residencias de tercera edad por parte de la Junta de Castilla y León hasta cubrir el 100% de las necesidades", mire usted, nosotros creemos en la implicación de las Corporaciones Locales como Administraciones competentes en los servicios sociales, y también creemos que es absolutamente necesaria la colaboración de las entidades sin ánimo de lucro.

Y por último, respecto al punto número seis de su Moción, "aumento considerable del número de inspectores", le diré que con la aprobación del Decreto 166/2000 de seis, de julio, se modificó el Reglamento General de Servicios Sociales de Castilla y León, con el propósito de conseguir mayor agilidad y unidad de criterio a la hora de intervenir. Por ello, nosotros creemos que el actual sistema garantiza la realización de comprobaciones sistemáticas en todo el territorio de nuestra Comunidad.

Por todos estos motivos nos vamos a oponer a su Moción. Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para la réplica, señora Fernández, tiene la palabra, doña Daniela.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Señoría, ya veo que se la dieron hecha y usted no se ha leído el Decreto. Usted, se la dan hecha y lo cuenta. Ahora mira, los Procuradores de León -que es la población más envejecida...- del PP no les preocupa porque ni uno, están todos en la cafetería. A lo mejor es que les remuerde la conciencia y dicen: "jolín, para votar en contra, casi que me voy a tomar un café, que, por lo menos, invierto".

Mire, Señoría, el primer punto lo van a retirar porque es de ley, pero mientras tanto, Señoría, les siguen reteniendo las pagas extraordinarias. Es decir, a los residentes que estaban antes de entrar en vigor el Decreto le retuvieron el 75% de la paga extra. Porque ésa es otra, hasta ahora sólo pagaban de las doce pagas normales del año y dejaban las dos extraordinarias libres para que el anciano dispusiera, pues, de ropa, de lo que quisiera, para que dispusiera de un dinero; ahora también ese 75% de las pagas extraordinarias. ¿Y dice usted que es justicia social eso?

Esto, Señoría... -y perdone, porque no quiero decírselo a usted-, pero es fascismo, Señoría. Yo no sé si pretenden acabar con la tercera edad y así sanean la Seguridad Social o qué es lo que pretenden.

Dice que van a quitar... la que va a salir el Decreto. Que sí, que va a salir, pero mientras tanto siguen reteniendo el 75%, no le han devuelto el dinero para los... el carácter retroactivo, y porque es ilegal, porque es ilegal. Ése es su espíritu de justicia social.

Nosotros creemos -dice usted-. Bueno, usted no sé lo que creerá, los que la mandan dicen que creen. ¡Claro!, ahí se ve el talante. Si ya sabemos que lo creen, si no lo creyeran no habrían hecho este Decreto.

Y dice... además se lo van a poner en la modificación con carácter voluntario. Pero voluntariamente quién va a entregar el 75% de la paga extra cuando cobra 60.000 pesetas de pensión. Pero, Señoría, bajen a la realidad, que todo el mundo no es Procurador y cobra medio millón. Señoría -¡hombre!-, aproximadamente. Está usted más cerca de eso que el pensionista de poder pagar 120.000.

Después, veamos a ver que más me dice. Dice que el baremo es para los más necesitados. ¡Vamos, vamos, Señoría, vamos! Pero, vamos a ver, hombre, ¿cómo puede perder el derecho a enajenar sus bienes, Señoría? ¿Pero cómo puede entrar en su cabeza, en sus cabezas, que eso es justicia social? ¿Pero qué solidaridad? El anciano que se va a una residencia es porque no tiene familia que le acoja, porque no puede, porque no quiere, por lo que sea. Y además la Administración dice: y además ahora no puedes ni vender, ni disponer de tus bienes. Eso es... eso usted, ¿cómo le llama? Y que no tiene nada que ver la paga extra. Sí, Señoría... digo, la paga de la pensión. ¡Hombre!, si ellos se van a una residencia de pago, efectivamente, es su problema si no les llega, pero cuando es una de protección, cuando es de la Administración, ¿cómo puede decir eso?

Mire, Señorías, si realmente todos ustedes, los que aprobaron este Decreto, los del Partido Popular en concreto -no sé lo que pensarían los del PSOE-, sienten eso, ¡pobre tercera edad, pobre tercera edad! Y luego no me venga con el espíritu de lucro y no espíritu de lucro, que sé cómo funcionan algunas del espíritu de lucro. Ustedes tienen la obligación de tener plazas suficientes para los ancianos de la... o sea, para la tercera edad; tienen la obligación. Y no pueden estar haciendo conciertos con el primero que se les ofrece por la escasez de plazas, que... que es lo que están haciendo. Y no pueden tener cinco inspectores, cuando realmente les preocupa que esas residencias estén bien. Y, sobre todo, ¿hay alguna inspección que diga o mire si la dignidad de la persona está siendo bien tratada, que es lo más importante? ¿Usted cree que es mejor ver el menú que comen que el trato que reciben?

Señoría, se lo han escrito, de verdad, porque usted es mucho más sensible que todo eso. Después dice que no hay razón jurídica para que se compense la paga. Pues, ¡hombre!, ya lo sé. Es que si hubiera razón jurídica también lo impugnaríamos por falta de legalidad; pero es que ése es el espíritu que tiene que tener. La Junta, el Gobierno tiene que velar por los intereses de sus administrados, Señoría. Y aquí no está velando, aquí está intentando dejarles sin el capital por el que han trabajado toda su vida. Porque, cuando ustedes admiten o no admiten, según el baremo, cuando vean que una persona tiene el patrimonio de un terrateniente y quiere atenerse a pagar dos duros, no le admitan, que se vaya a una de pago.

Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando hay una residencia buena va el enchufado que acaba de entrar. Y podía citarle así de ejemplos. Eso igual no es culpa del Gobierno, es del Director o del que esté allí más a mano, pero eso es lo que está pasando. Cuando hay una buena residencia, como la que se ha abierto, la Virgen del Camino, ¿quién va a las plazas concertadas? El que tiene enchufe, el que no paga 300.000 pesetas al mes.

Mire, Señoría, de verdad, visiten un poco las residencias de la tercera edad, y si realmente quieren justicia social... que nada más lejos, porque, si no, no habrían hecho este Decreto. Y lo tengo subrayado, Señoría, no me lo invento, es textual. Y lo puede usted leer cuando tenga tiempo, porque al final va a tener que levantar el dedo votando que no, igual, lo lea o no. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señora Fernández Candeal, para la dúplica, tiene la palabra.

LA SEÑORA HERNÁNDEZ CANDEAL:

Gracias, señor Presidente. Y muy brevemente, porque a la señora Procuradora le da lo mismo lo que yo diga en esta Tribuna; porque, además, no me hace caso, así que parece que le da lo mismo.

Pero mire, resulta para usted facilísimo subir a esta Tribuna y hacer lo que ha hecho: demagogia. No ha hecho otra cosa que demagogia. De lo que usted ha dicho, nada de nada. Sensibilidad, sensibilidad la mía, personalmente, y la de todo mi Grupo y todos mis compañeros. Seguramente, yo no voy a decir ni más ni menos; pero seguramente como la suya. Es decir, no me hable de sensibilidad cuando hablamos de las personas mayores de nuestra Comunidad, que creo que todo el Grupo Popular ha demostrado su sensibilidad. Y deje de hacer demagogia en esta Tribuna con la Tercera Edad.

Y, mire usted, yo creo que no le voy a decir más que una cosa: es difícil -y yo lo comprendo- que su Grupo entienda lo que es justicia social. ¿Y por qué es difícil? Porque dentro de unas semanas se va a debatir en esta Cámara el Presupuesto de la Comunidad, y la única justicia social que ustedes entienden es todo para León y nada para el resto de las provincias de nuestra Comunidad. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para fijar posiciones, por el Grupo Socialista, doña Begoña Núñez tiene la palabra.

LA SEÑORA NÚÑEZ DÍEZ:

Gracias, señor Presidente. Yo voy a empezar diciendo que hablar de solidaridad con las personas mayores es algo más de lo que se ha dicho... de lo que se ha dicho aquí, y la justicia social es algo más de lo que se ha dicho aquí. Y a mí me encanta que el Grupo Popular esté siempre de acuerdo con todo lo que hace su Gobierno. Yo creo que teníamos que pensar algo más.

Porque, mire, este Decreto... al regular este Decreto -que no es que antes no estuviera regulado, estaba muy bien regulado-, se ha empezado la casa por el tejado. Lo lógico hubiera sido primero garantizar por ley los derechos de nuestros mayores, en los que se contemple los derechos y las obligaciones, los recursos y los servicios que estemos dispuestos a ofrecer.

Con este Decreto, señores del Partido Popular, no se palían las injusticias sociales; un Decreto que no supone ningún avance en la conceptualización de la atención como derecho.

Este Decreto no garantiza que las personas sin recursos tengan prioridad a una plaza; no lo garantiza. Tenemos una población muy envejecida y no se están dando las soluciones apropiadas. Lo que pasa es que muchos de aquí no conocen la realidad. Hay casos apremiantes de personas que necesitan ingresar en un centro residencial, que no tienen recursos y que no se les está dando ninguna solución. Luego este Decreto no corrige ese tema.

Es un Decreto que carece de seguridad jurídica. Se debería haber conceptualizado cuáles son los indicadores de renta y patrimonio a partir de los cuales es exigible el coste efectivo de la prestación; cuestión que, con ser fundamental, este Decreto no lo regula. Otros Decretos hechos por otras Comunidades Autónomas sí que lo regulan.

Desde el Partido Socialista siempre hemos defendido el principio de solidaridad y el que más tenga, más pague. Con el sistema que regula este Decreto, este principio no se va a cumplir, no se va a cumplir. Desde el Partido Socialista no estamos en desacuerdo en que los ingresos de las personas mayores, ¿eh?, esté vinculado también el patrimonio. Estamos de acuerdo que se debe vincular el patrimonio. En lo que no estamos de acuerdo es en el sistema de aplicación reflejado en el Decreto, donde nos podemos encontrar en situaciones de una persona que disponga de una vivienda, ¿eh?, conseguida con mucho sacrificio y que al final se quede la Administración con ella, y otras personas con muchísimo patrimonio tengan ya todo de tal forma que la Administración no pueda cobrar. Por eso este Decreto no es justo, no es justo. En otras Comunidades Autónomas -y esto es lo que pide el Procurador del Común, y estamos completamente de acuerdo con ellos- han salvado la vivienda, porque hay personas que a lo mejor tienen una vivienda, tienen un hijo sin recursos viviendo en esa vivienda y, cuando fallecen, esa vivienda, con el pago de deuda, pasa a la Administración y el hijo se queda en la calle. Esto es necesario corregirlo, es necesario corregirlo, para que este Decreto sea más justo.

Y, mire, tiene muchas y muchísimas injusticias, ¿eh?: una de ellas es la de la casa... la de la vivienda. Otras es que mientras que están como residentes puede pagar más el que menos tiene, si sólo se mira la pensión hasta después. Hay muchas fórmulas más sencillas para que el que más tenga más pague. Sí. Escúcheme y ya verá cómo se entera bien qué es lo que hemos propuesto siempre.

Mire, había que establecer una fórmula, establecer unos indicadores de renta y patrimonio, a partir de los cuales sea exigible el pago efectivo de la deuda. A partir de esa definición, plantear como ayudas de bonificaciones a los que no lleguen a eso. Así todo el mundo pagaba desde el principio, y sin tener que enajenar y sin tenernos que meter con el patrimonio o con la herencia.

Otra fórmula es coger todos los ingresos de los rendimientos patrimoniales y aplicarles el 75%. De esta forma... de cualquiera de estas dos fórmulas sí paga el que más tiene, sin tener necesidad ni de enajenar ni de otras historias. Esto ya lo hemos debatido en algún foro, y muchos... muchos miembros del Grupo Popular estaban de acuerdo con esta fórmula.

Y luego, si vamos a la Disposición Final Primera, donde dicen que los residentes que ya estaban tienen que pagar, esto es una ilegalidad. ¿Cómo unas personas que han entrado con unas condiciones establecidas anteriormente se les pueden cambiar esas condiciones? Claro que el Consejero y el Gerente de Servicios Sociales han dicho que esto se iba a modificar, se iba a modificar, y como no es una corrección de errores, porque estaba muy clarito lo que querían decir, se iba a modificar en el Decreto de Estatutos. Pero, mire, si sólo se pone la aclaración de que sea voluntario, todos sabemos lo que significa la voluntariedad. Y si se ha leído el Informe del Procurador del Común sabrá qué han hecho en muchos centros residenciales con la voluntariedad de las personas mayores. Luego no podemos ir a las personas mayores a decir voluntariedad. Si de verdad queremos que este Decreto sea más justo, debemos de aclararlo, rectificando y diciendo que las personas que estaban residentes no les será de aplicación el Decreto. Si no, va a quedar una chapuza mucho mayor de lo que está... mucho mayor de lo que está y con una inseguridad para las personas mayores.

Por eso nosotros pensamos que las reformas que se deben hacer tienen que ser mucho más profundas... -acabo, señor Presidente- mucho más profundas que las que plantea la Moción de la UPL. Nos vamos a abstener en esta Moción, porque sí que coincidimos en alguno de los puntos que en ella plantea, pero pensamos que es necesario hacer unas modificaciones mucho más profundas para que este Decreto sea no todo lo justo que nos gustaría al Grupo Socialista, pero sí mucho más justo y solidario que el que está ahora. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Señora Fernández González, para cerrar el texto definitivo. Doña Daniela.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Señoría, en el pecado va la penitencia. Usted no supo por dónde salir, y nos dijo que si sólo pedíamos para León. Pero, Señoría, ¡ojalá! Este Decreto es para toda la Comunidad. Si por lo menos fueran los pobres las únicas ..... los de León, mire usted, habría ocho provincias que se beneficiarían. No nos gustaría que fuera así. Pero es que para toda, Señoría; los Decretos son para toda, no para León. Primero.

Luego dice que no le extraña que en nuestro Grupo no sintamos la justicia social. Señoría, es el único Grupo que no tiene disciplina de voto y que vota cada uno lo que en conciencia cree. ¿O es que ustedes son como ovejas y tienen la misma conciencia? Porque siempre votan todos lo mismo. ¡Hombre, hombre!

Y luego habla usted... ¿Qué más dijo? Bueno, que no sabe por dónde sale. Mire, no es demagogia, porque lo he leído textual. ¿Se lo leo para que usted se sonroje? ¿Quiere que se lo diga? Se lo leo. Vale. "La base de cálculo será sobre... dicho importe se prorrateará por doce o catorce en función del número de pagas de pensión". Es decir, lo de las extraordinarias.

Lo que más nos preocupa -porque, si no, el Presidente me va a cortar-, vamos a ver, a los efectos de participación de la financiación tienen... -me estoy refiriendo al punto dos del Artículo 34- tendrán que firmar un documento de asunción de deuda; es decir, que deben. Vale.

El tres... el cuatro, perdón: la obligación de no enajenación de los elementos patrimoniales, etcétera. ¿Me lo he inventado yo?, ¿eso es demagogia? Ya me gustaría que fuera demagogia, porque, entonces, la Tercera Edad estaría bien tratada. Ya me gustaría. ¿Quiere que siga? Pero, Señoría, si no tiene más que leerlo.

Y la vivienda, la vivienda no se la tocan mientras viva el residente o el cónyuge; después también. Como aves de rapiña. Además de pensiones tercermundistas, dicen: y ahora, para cuatro tierras sin regar, porque no nos llevan ni el agua para León -ya que usted habla que pido para León-, encima me quedo sin las tierras por las que he trabajado, no me pagan pensión, he estado pagando una cuota, porque los autónomos y los del Régimen Agrario, que es lo que abunda en mi provincia -ahora sí me voy a referir más a mi provincia, porque es para la que estoy legitimada, ¿comprende usted?, bien-, pues ahí le digo, le repito, después de no... de pagar toda la vida cuotas altísimas a la Seguridad Social, ahora resulta que además les dejan sin las tierras y sin la vivienda cuando muera, cuando muera, él y el cónyuge. Es decir, que hasta la vivienda, en último extremo, se la lleva.

Cuando usted sale por donde ha salido es que le faltan razones, porque ¡llamarnos a nosotros que no tenemos justicia social...! Mire usted, eso, en todo caso, póngalo usted en duda, porque los que han hecho el Decreto, desde luego, no han contado con nosotros para nada, porque son ustedes una mayoría absoluta que repiten constantemente que deben ser buenísimos porque les votan; tan buenos como eran los socialistas cuando votaban a Felipe, y ustedes decían que era malo. ¿En qué quedamos? ¿Sabe quién gana las mayorías? El que mejor vende la campaña electoral y, normalmente, es el que más medios tiene. Y ya está. Y el pueblo le manejan como quieren, Señoría. Ya está, se acabó. Dejemos eso.

Así que, miren, fachas, ustedes; falta de espíritu de justicia social, ustedes. Y, desde luego, yo ya no sé si no tienen conciencia o es que se las han programado, porque que voten todos lo mismo es que piensan todos igual.

Y en cuanto al Partido Socialista, entiendo por qué se abstiene. No es que vaya más lejos, es que esta política es la continuación de cuando no había transferencias y legislaban ellos en Madrid. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Muchas gracias. Procedemos a someter a votación esta Moción que acaba de ser defendida. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias.

La votación arroja el siguiente resultado. Votos emitidos: sesenta y seis. A favor: cuatro. En contra: cuarenta. Y abstenciones: veintidós. Queda, pues, rechazada.

Y al señor Secretario le ruego dé lectura al siguiente punto del Orden del Día. Décimo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO LORENZO):

Décimo punto del Orden del Día: "Moción número setenta y ocho, presentada por los Procuradores don Joaquín Otero Pereira, don José María Rodríguez de Francisco y doña Daniela Fernández González, relativa a política general en materia de coordinación y gestión de urgencias sanitarias y servicios prehospitalarios de atención y transporte sanitario en la Comunidad, y en la provincia de León en particular, consecuencia de la Interpelación formulada por dichos Procuradores".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar esta Moción, señor Otero, don Joaquín, tiene la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, antes de entrar en materia, yo no puedo evitar decir lo que pienso de esta Cámara. Es que esto parece un cachondeo, Señorías. Una... no, no, un Parlamento, que es el máximo órgano de expresión de esta Comunidad Autónoma, donde el Gobierno de esta Comunidad Autónoma convoca las Juntas de Gobierno al mismo tiempo que se celebra sesión plenaria; o sea, hay dos sesiones plenarias... perdón, dos sesiones, dos días al mes, y va la Junta y tiene que hacer coincidir una Junta de Gobierno el mismo día que hay Pleno. Y vamos a debatir de Sanidad y no está el Consejero. Y vamos a debatir de otro tema y no está el Consejero. De verdad, pero es que... ¿No me he pasado, verdad, señor Presidente? Pues... no, no, es que son cosas que no se entienden, de verdad. Yo no entiendo este Parlamento; no entiendo lo que hace el Gobierno para hacer coincidir las Juntas de Gobierno con las sesiones plenarias. Pero, bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia.

En el pasado Pleno debatimos sobre la situación tercermundista que hay en esta Comunidad Autónoma en cuanto a la atención prehospitalaria y al transporte sanitario urgente. Poníamos como referencia la provincia de León: quinientos y pico mil habitantes, miles de kilómetros de carretera, poblaciones aisladas por la nieve durante el invierno -muchas poblaciones aisladas por la nieve durante el invierno-, sectores productivos con el más alto índice de siniestralidad laboral de la Comunidad como pueda ser la minería o como pueda ser la pizarra; por tanto, una provincia con muchos accidentes laborales, de tráfico, etcétera, y con mucha incomunicación dada la orografía, etcétera, etcétera. Y a esa provincia, a la provincia de León la despacha la Junta de Castilla y León a fecha de hoy con dos UVI móviles, una en Ponferrada y otra en León. Total, dos coches que tienen que atender a quinientos y pico mil habitantes y a toda esa extensión.

Evidentemente, eso se traslada al resto de la Comunidad Autónoma que no está mucho mejor, que no está mucho mejor. Y como eso nos parecía tercermundista y nos lo sigue pareciendo, a través de esta Moción vamos a intentar corregirlo, no para hacer más que otros, sino para estar equiparados en cuanto a medios a lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas, como, por ejemplo, la vecina Galicia, como, por ejemplo, la vecina Asturias, etcétera, etcétera. Es decir, estamos rodeados de un sistema de asistencia prehospitalaria y transporte urgente europeo, y, sin embargo, aquí tenemos un sistema africano.

Y la Junta nos dice que ahí hay un plan -como para todo-, un plan para todo, y que se van a comprar nueve UVI móviles, de las que cuatro serán helicópteros; pero nos lo fían para largo, porque esto es hasta el dos mil cinco. O sea, hay que esperar; los que tengan un accidente de tráfico, los que tengan un accidente en la minería, en la pizarra, los que sufran un infarto en un pueblo aislado de la montaña, que esperen a tenerlo dentro de cinco años, porque si lo tienen ahora a lo mejor se mueren y no llegan al hospital. Ya les decimos: no tengan ustedes accidentes hasta dentro de cinco años que ahora no hay prisa por completar esto.

Bueno, nos dijo el Consejero en la Interpelación que, de momento y para este año, se va a adquirir un helicóptero medicalizado este mismo mes. Se negó a decirnos dónde iba a estar la base operativa, y nos dijo el Consejero que se iban a adquirir también cuatro UVI móviles, pero ninguna para León; una más para Valladolid, una para Ávila, una para Benavente, y una para Miranda de Ebro, las cuales, con toda seguridad son necesarias, con toda seguridad son necesarias, sin lugar a dudas, pero, evidentemente, esto ni soluciona el problema de León, ni soluciona el problema de esta Comunidad, ni siquiera soluciona el problema de estas localidades donde se van a ubicar, porque sigue siendo insuficiente. Y, por eso, pasamos directamente a la Moción.

Y por eso pedimos que se amplíe la dotación del Servicio 061 en la Comunidad, de manera que lo convirtamos en europeo y no en africano, y que se pueda garantizar que el tiempo medio de atención sanitaria, desde que se recibe una llamada en el 061 hasta que se llega al lugar del accidente y se presta asistencia, no supere los diez minutos. Galicia lo tiene establecido ahora mismo en siete minutos cuarenta segundos; siete minutos cuarenta segundos de media desde que se recibe la llamada del 061 y aquí ya estamos manteniendo un margen mayor, dada la extensión de la Comunidad, y estamos hablando de diez minutos; lo demás es africano, no es europeo.

Segundo, que el primero de los helicópteros medicalizados, el que se va a poner en marcha, en marcha este mismo mes, tenga su base operativa en Ponferrada. ¿Por qué en Ponferrada? ¿Por qué en la provincia de León? Primero, porque es la que más población tiene; segundo, porque es la que más dificultades orográficas tiene; tercero, porque es la que tiene la población más envejecida; cuarta, porque es en la que quedan más pueblos aislados; y, quinto, porque en la Comarca de El Bierzo están dos sectores con gran siniestralidad laboral como es la pizarra y la minería. Por todo ello, pedimos que sea en Ponferrada y confiamos en que el Alcalde de Ponferrada nos apoye esta moción y la vote a favor.

Tercero, que se adquieran para la provincia de León en el próximo año seis nuevas UVI móviles además de las dos ya existentes, con base operativa en León, Ponferrada, Villablino, La Bañeza, Astorga y Cistierna; y que se provincialice la gestión y coordinación del Servicio 061, de manera que cada provincia cuente con un centro coordinador. No es normal que un alpinista que se caiga en los Picos de Europa, en Caín, tengan que llamar a Valladolid para que comprueben en el mapa a ver dónde queda eso de Caín, que no les suena muy bien, y entonces, una vez que lo averigüen, llamen a León y, una vez que llaman a León, salga la ambulancia con dirección a Caín, adonde tarda en llegar dos horas, y mientras tanto han pasado seis horas; a lo mejor ya llegan demasiado tarde.

Con esto, empezaríamos a hablar de un sistema de atención prehospitalaria y transporte sanitario europeo; mientras no tengamos esto seguiremos siendo africanos, tercermundistas. Y si hay que esperar hasta el dos mil cinco, lamento que queden cuatro años de política tercermundista en esta Comunidad Autónoma en una materia que tiene relación con la salud de las personas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para consumir un turno en contra, en nombre del Grupo Popular, señor Monsalve, don José Carlos, tiene la palabra.

EL SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ:

Gracias, señor Presidente. Señor Otero ha empezado usted muy catastrofista con relación a la Moción que ha presentado. Pero si es que yo pienso que lo que le dijo el Consejero a la Interpelación con relación a la instalación de las nuevas unidades móviles medicalizadas, tenga en cuenta que es cierto; pero es que usted dice que una de las UVI medicalizadas va a ir a Miranda de Ebro. ¿Qué quiere que la quitemos y la pongamos en León? Tiene... el Plan de Emergencias tiene una vigencia, como usted sabe, el Plan de Emergencias habrá que cumplirlo. De acuerdo que es necesario el mejorarlo, eso estamos de acuerdo todos; pero hay que mejorar no sólo localmente a la provincia de León, hay que mejorar lo que es todo Castilla y León.

Pero mire, el pasado día tres de octubre -que fue cuando debatimos la Interpelación, y que dio origen a la Moción que hoy estamos debatiendo-, ya dejó usted entrever desde el principio de su intervención en la Interpelación los puntos más o menos que son los que ha traído a la Moción, que son los que vamos a debatir ahora mismo.

Y desde nuestro Grupo hemos presentado una Enmienda, y una Enmienda que paso a leer a continuación y que dice que: "Las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León, primero, a avanzar en los objetivos previstos en el Plan Estratégico de Urgencias y Emergencias Sanitarias instando al Insalud a priorizar en sus nuevas acciones la mejora de la atención a las emergencias sanitarias; y, en segundo lugar, incrementar progresivamente, con el objetivo de reducir el tiempo de atención a las urgencias con riesgo vital, el número de unidades medicalizadas, con la tecnología de soporte vital necesaria, disponibles en los centros de salud que se definan, incluyendo en dicha definición los centros de salud de Villablino, Astorga, Cistierna y La Bañeza".

Pero sí me gustaría también clarificarle algunas ideas al respecto, y es, en primer lugar, clarificar lo que es una cuestión previa: y es decirle, señor Otero, que las Cortes de Castilla y León, a nuestro juicio, a juicio del Grupo Parlamentario, yo creo que no deben ni pueden instar a las Cortes de Castilla y León para que haga las competencias que no son propias de ello... de ella, de la Junta. ¿Por qué? Porque, si no, lo que se va a hacer aquí va a ser invadir competencias y, además, invadir competencias de otras Administraciones Públicas.

Mire, una cosa es la coordinación y gestión de las urgencias sanitarias -a la que ya se refirió en la Interpelación el pasado día tres de octubre, y que alude, además, en el encabezamiento de esta Moción que estamos debatiendo- y otra cosa, que está relacionada con la anterior, pero conceptualmente distinta, Señoría, es el Servicio 061. Y, como sabe Su Señoría, o creo que debe saberlo, el 061 es un Servicio de competencia estatal y, además, como también sabrá, está gestionado por el Insalud, de momento.

Por tanto, Señoría, y como cuestión formal, difícilmente creo que pueden y deben las Cortes de Castilla y León -como digo- instar a la Junta a organizar de una forma o bien de otra un servicio estatal; como además usted lo hace entrever, que corresponde al punto cuarto de su Moción.

Pero mire, pero es que además, Señoría, por un lado, el sistema de urgencias y emergencias es mucho más amplio que el 061; el Plan de Urgencias y Emergencias no incluye sólo el 061, sino incluye, además, otros dispositivos, tanto sanitarios como no sanitarios, y además está prevista lo que es la... precisamente el 061, la integración en el 112. Eso se realiza conforme a un Decreto -que supongo que Su Señoría tendrá noticias también- el 302/1999, de dos de diciembre, integrando, además, así otra serie de actuaciones del sistema sanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los sistemas, además, de extinción de incendios y rescate y que... además, en concreto, protección civil, como coordinador de todos ellos, y está previsto además la integración de lo que es las urgencias hospitalarias en el sistema integral de emergencias.

Pero es que, por otro lado, Señoría, la competencia de Castilla y León a estos efectos se limita, por el momento, a lo que es la ordenación y la planificación. ¿Qué es lo que pasa? Debido a esta ordenación y planificación, la Junta de Castilla y León es la que ha aprobado recientemente el Decreto al que estamos aludiendo en dicha Moción, el Plan Estratégico de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Y este Plan Estratégico además se incluye en el Plan de Salud de Castilla y León, como además reza en la Disposición Adicional del citado Decreto.

De esta manera, Señoría, queda sólidamente probada la voluntad política de la Junta de Castilla y León. Pero es que, además, decirle, por último y para finalizar, que el Plan estratégico aprobado tiene una clara pretensión de integración de lo que son todos los recursos disponibles en nuestra Comunidad; que ya lo dice claramente la Exposición de Motivos del citado Decreto. Y entre estos recursos implicados se encuentran: diecinueve servicios de urgencias de hospitales públicos, ciento setenta y un médicos de urgencias hospitalarias que dependen del Insalud, veinticinco médicos de urgencias hospitalarias que dependen de la Junta de Castilla y León, doscientos ochenta y un médicos y doscientas catorce enfermeras de guardia en Atención Primaria todos los días del año, doscientos catorce puntos de atención continuada, setenta y ocho médicos y setenta enfermeras del 061, treinta y cinco médicos de ambulancias del sistema vital avanzado concertadas y, por último, un total de seiscientas trece ambulancias. Esto, que determina, Señoría, una ratio de 2,47 ambulancias por diez mil habitantes, situando, además, a Castilla y León en el tercer lugar de toda las Comunidades Autónomas.

Por eso, Señoría, hemos presentado esta Enmienda a la Moción, que espero que contribuya a mejorar la Moción que usted ha presentado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para pronunciarse sobre esta Enmienda, señor Otero, tiene la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Gracias, señor Presidente. Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, bueno, es lo de siempre, generalidades: planes, proyectos, programas, directrices, propósitos de actuación... Eso es lo suyo, papel. Hacer papeles les encanta. Eso es una cosa que ponen ustedes en el papel todas las soluciones de esta Comunidad, pero en la calle no lo ponen. Hablamos de una carretera, ya hay un proyecto, estudio informativo... Hablamos de un centro sociocultural, ya hay el proyecto, programa, no sé qué... Eso es una cosa... además, todo empieza por "p" "p" -programas, proyectos, planes, propósitos-; será de ahí de lo que les viene el nombre a ustedes de PP. Pero realidades, ¿qué? Realidades, ¿qué? Dígale usted a un señor que mañana tiene un accidente laboral: "no, tenemos un plan para el dos mil cinco; tenemos un plan para el año que viene, ya lo vamos a hacer". Pero, mire, es que la gente no tiene accidentes... en el futuro tendrán accidentes, pero también los tienen en el presente. Pero como ustedes viven de los planes, proyectos, programas, y del papel -que lo aguanta todo-, pues, ahí, de verdad, no podemos avanzar.

Con respecto a su Enmienda, fíjese, me dice, es... Bueno, las enmiendas que hacen ustedes habitualmente, que son las enmiendas de perogrullo, ¿no? Me dice: "Avanzar en los objetivos previstos en el Plan Estratégico de Urgencias y Emergencias Sanitarias". ¡Sólo faltaba! No van a decir ustedes no avanzar. ¡Sólo faltaba que hagan un plan y que luego no digan que tienen intención de cumplirlo! Propósito de cumplirlo; luego, ya veremos. "Incrementar progresivamente con el objetivo de reducir el tiempo de atención a las urgencias", tal, tal, tal. Sólo faltaba que no incrementasen progresivamente los medios, y que dijeran: no, cada vez menos medios. ¿ve? Es decir, esta Enmienda no se la podemos aceptar porque es como no decir nada. Esto es perogrullo, es teoría.

¿Qué queremos nosotros? Concreciones y plazos, concreciones y plazos. Nosotros queremos saber dónde va a estar la base operativa del primer helicóptero medicalizado que se va a poner en esta Comunidad Autónoma. Y que eso sí es una realidad, porque se va a poner ya, este mismo mes, según nos decía el Consejero. ¿Dónde va a estar? También en Valladolid. ¿Por qué? Por la dispersión de población que tiene, por las dificultades orográficas que tiene, por la grave siniestralidad laboral que tiene, por encima de otras provincias. ¿Por qué en Valladolid? Dígame usted, Señoría, ¿por qué en Valladolid va a estar la base operativa de ese helicóptero? ¿O porque lo dicen los concienzudos técnicos que hacen un análisis teórico de la situación? Pues le digo yo, sin ser técnico, que donde está el riesgo tiene que estar el medio. Y el medio y el riesgo tienen que estar, pues, en la provincia de León, sin lugar a dudas, el primero. Ahora, ¿que ponen ustedes dos o tres?, no hay problema, vayan repartiéndolos. ¡Ojo!, las cuatro uvi móviles que yo anuncié para localidades de esta Comunidad Autónoma me parece muy bien, ¿eh?; no, no, yo no digo que se quiten de ahí y se trasladen a otro sitio. Digo que se dejen esas, pero que se pongan más; que se pongan más. ¡Que estamos jugando con vidas humanas!, estamos jugando con vidas.

Me dice usted otro tema, que tampoco: problema competencial. Bueno, ahora mismo estamos en un periodo de negociación de las transferencias del Insalud. Ahora, ¡qué curioso!, para hacer los planes estratégicos, hacerse la foto el Consejero e ir vendiendo por todas las provincias que van a poner -no se sabe cuándo- no sé cuántas uvi móviles y no sé cuantos helicópteros, la foto: el Consejero. Para poner dinero, ¡ah!, eso es el Insalud; todavía no hemos adquirido esa competencia. Eso, el dinero... la foto, el Consejero; y el plan, el Consejero. Pero ya cuando hablamos de dinero, para Madrid; eso hay que pedírselo a Madrid. ¡Bah!, eso, mire usted, no.

Si la Junta hace un plan y la Junta tiene que poner en macha el plan, la Junta tendrá que poner los plazos. El problema de la transferencia... mire, a los ciudadanos, de verdad, que van a ser beneficiarios (si lo son algún día) de este sistema o de este plan, les tiene sin cuidado los problemas competenciales suyos, de Madrid; que si se... si llegan, si no llegan las transferencias; que si en esta Legislatura, que si ya no es en esta Legislatura; que, en fin, todas esas cosas son ajenas a los ciudadanos. No podemos explicarles: oiga, mire usted, usted tuvo un infarto, llegó la uvi móvil tarde, porque, claro, tuvo que salir desde León y tuvo que recorrer ciento treinta kilómetros; pero, claro, tiene que entender usted que era una problema de competencias entre Insalud... entre el Insalud y la Comunidad Autónoma. No, mire, esas cosas, no; esas cosas, no.

Por eso, yo le pregunto: ¿Van a poner ustedes la primera... el primer helicóptero medicalizado? ¿Dónde? Ya sabemos que es en Valladolid, pero confírmelo, que el otro día el Consejero agachaba la cabeza porque no quería decirlo claramente; díganlo ustedes. Nosotros le criticaremos, pero díganlo ustedes. ¿Van a poner más uvi móviles? ¿Van a poner en la provincia de León una uvi móvil más en León, otra en Ponferrada, otra en Villablino? ¿Van a poner una uvi móvil en La Bañeza, donde ya se han presentado dieciocho mil firmas por parte de los ciudadanos, entregadas a los responsables de la Junta de Castilla y León en León?, y que no dijeron que no. Eso es lo curioso, que no dijeron que no, que dijeron que tendrían en cuenta esas peticiones: dieciocho mil personas.

Este verano un niño se murió porque se tragó el hueso de una aceituna; allí no pudieron atenderle... Es normal, claro, eso pasa en todos los sitios, pasa en todos los sitios; no. Mire usted, ese niño a lo mejor no estaba muerto si hubiera una uvi móvil que le hubiera trasladado al hospital de León en treinta minutos, pero pasaron cuarenta y cinco -según fuentes del 061- hasta que llegaron a La Bañeza, y otra media hora hasta que llegaron luego a León. Eso, con una uvi móvil en La Bañeza, no hubiera ocurrido, no hubiera ocurrido.

¿Van a hacer caso a esas dieciocho mil firmas? Y, si es así, ¿para cuándo? Porque, claro, me dirán que sí, pero que para el dos mil cinco. No. Los accidentes siguen pasando ahora mismo.

Y luego, contésteme usted también a la pregunta que yo le hago: ¿Por qué tienen tanto interés en centralizar todo el servicio en Valladolid? ¿Qué problema habría en que estuviera provincializado el servicio?, ¿qué problema habría en una Comunidad tan grande? Usted me dice: en Galicia está centralizado. Galicia...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor...

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

(Voy acabando, Presidente). ... Galicia son cuatro provincias, son cuatro provincias; pero es que aquí estamos hablando de una Comunidad Autónoma enorme, más grande que muchos países europeos. Pero ¿por qué no se puede provincializar ese servicio y por qué un señor que tiene un accidente en un pueblo a trescientos kilómetros de Valladolid tiene que llamar por teléfono a Valladolid para que, desde allí, coordinen la asistencia sanitaria? ¿No será mejor en cada provincia?

Por tanto, vamos a ir concretando ya, ¿eh? Concreciones. Hemos hablado... me ha hablado usted de generalidades del plan, competencia y demás. Pero, a esto que yo le digo, que es a lo que vamos a votar, porque ya le digo que la enmienda, por supuesto, no la podemos aceptar...,

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor, el tiempo.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: ...

. a estos puntos que vamos a ir votando, punto por punto, dígame ya por qué no. O si es que sí, con qué plazos. Y entonces ya podemos ir sabiendo algo más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para el turno de dúplica, señor... señor Monsalve. Ruego que se abstengan de cualquier manifestación los señores que están en la tribuna.

EL SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ:

Gracias, Presidente. Mire, Señoría, dice usted que sólo hacemos programas, proyectos. Usted trabaja sin programas y sin proyectos. Es difícil que pueda usted hacer realidad alguna de las cosas que pretende sin trabajar, sin programa y sin proyectos.

Los programas y los proyectos son necesarios, y los programas y proyectos que hacen y se hacen desde la Junta de Castilla y León se cumplen. El Plan de Emergencias y Urgencias Sanitarias tiene que tener un plan de vigencia, como sabe; no se puede hacer todo de la noche a la mañana. Pero usted esté en la completa seguridad que el Plan de Emergencias y Urgencias Sanitarias será realizado en su totalidad; con la vigencia que tiene, pero será realizado en su totalidad.

Pero, mire, usted me dice que le conteste punto por punto de su Moción. En el primer punto de su Moción, que hace usted referencia... relativo al tiempo de asistencia, en la mayoría de los países desarrollados, precisamente lo que se tiene... se presta mayor atención eso que es precisamente al tiempo de atención. El tiempo de atención son diez minutos en el medio urbano y veinte minutos en el medio rural. Con el Plan de Emergencia actual, nuestro sistema... de nuestro Sistema de Emergencias y Urgencias está en poco más de veinte minutos; tiempo además que esto se va a ver notablemente mejorado, y se va a ver mejorado y reducido con la implantación de las unidades aéreas, con la implantación de los helicópteros.

Todo además está previsto en el Plan Estratégico, de tal forma, además, que el punto este de la Moción queda englobado en nuestra propuesta, al instar a la Junta a avanzar en los objetivos previstos en el Plan.

El segundo punto de su Moción. El segundo punto de su Moción hace alusión a la ubicación del primero de los helicópteros medicalizados. La ubicación de un recurso sanitario, antes de hacerla, lo que tenemos que empezar a hacer es una adecuada planificación, y para hacer una adecuada planificación tiene que estar justificada, y tiene que estar justificada desde el punto de vista de que haya una mayor eficacia y una mayor eficiencia.

Se debe beneficiar, además, Señoría, al conjunto de Castilla y León. Ya le he dicho en mi primera intervención que usted localiza mucho y lo hace única y exclusivamente para León. Entonces, esos planteamientos locales que usted hace, sabe que desde la Junta no está arbitrado de esta manera, porque la Junta es Castilla y León, y los beneficiarios deben ser todos los castellanos y leoneses.

Mire, me dice: el primer helicóptero medicalizado, ¿dónde va a estar? El primer helicóptero medicalizado estará donde los técnicos correspondientes...; y usted lo hace, porque es que usted, cuando baja a la tribuna, hace su exposición, pero además contesta ya lo que yo le voy a decir. Por lo menos, déjeme que yo le diga lo que usted me está preguntando. Y el primero de los helicópteros va a estar ubicado donde los técnicos consideren oportuno, y vamos a dejarnos los políticos de decir cuál es mejor, si en León, o a lo mejor yo digo que es preferible hacerlo en Segovia. Pero yo creo que debe de estar donde los técnicos, los técnicos, de una manera... de una manera imparcial, pues, pueden fijar esa ubicación del helicóptero para el mejor servicio que pueda dar a los castellanos y leoneses.

En el tercer punto de su Moción, que dice: "Adquisición de unidades medicalizadas para determinados municipios", sí decirle, en primer lugar, Señoría, que León y Ponferrada ya tienen una unidad medicalizada, como muy bien sabe. Pero, además, en nuestra enmienda, porque es... Claro, puede ser que alguna parte de la enmienda no le guste, pero es que en nuestra enmienda dice claramente, y se contempla, la inclusión de los Centros de Salud de Villablino, Astorga, Cistierna, La Bañeza, entre los priorizados para la dotación de este tipo de unidades. Ya se lo estoy diciendo. Luego eso está, precisamente, en la segunda parte de la enmienda que hemos hecho nosotros a su Moción. Eso es lo que usted debía de votar que sí, para decirle a los habitantes de todos estos pueblos de que hemos hecho esa enmienda precisamente para mejorar la asistencia. Y precisamente se va a priorizar que esas unidades medicalizadas tengan prioridad, sobre todo, en los pueblos a los que he hecho alusión.

Pero es que además, mire, Señoría, el Plan Estratégico aprobado -y le voy a leer textualmente, porque no quería leer nada del Plan Estratégico, pero voy a leer textualmente nada más un par de líneas o tres- dice que "la ampliación de las ambulancias asistenciales destinadas a Proporcional Sistema Vital Avanzado, aumentar de once a veinte el número de unidades móviles integradas en el actual 061, así como la dotación de ambulancias de apoyo destinadas a Proporcional Sistema Vital Básico en todos los centros comarcales. Ese es el objetivo nuestro, Señoría. Y con ese objetivo vamos a duplicar, además, las dotaciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Y para terminar, señor Presidente. Con relación al último punto de su Moción, que es el punto cuarto, se refiere a la provincialización de la gestión y coordinación del 061. Le he dicho ya en mi primera intervención que el 061 es un servicio estatal, y ese servicio estatal está gestionado por el Insalud, donde precisamente la Junta de Castilla y León no puede interferir.

Pero es que además dice -que es una de las preguntas que me ha hecho- que cada provincia cuente con un centro coordinador.

Mire usted, hay naciones que tienen una experiencia enorme en Plan de Emergencias y Urgencias Sanitarias, como es Estados Unidos, los cuales sólo tienen un centro coordinador por Estado, y hay Estados (la mayoría de ellos) que es mucho mayor que la totalidad de la extensión de España. Esto quiere decir: ¿cómo vamos...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, el tiempo, por favor.

EL SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ:

(Ya termino, señor Presidente). ... sabe, cómo vamos a hacer lo que usted pretende? El centro debe ser un centro regional. Y, además, todas las Comunidades Autónomas pluriprovinciales se plantean de... según un sistema regional; es más, la única que no estaba en este plan era Andalucía y desde el pasado día cinco de noviembre ya ha integrado en un sólo teléfono único el 061. Luego, decir que cada provincia haga una cosa de estas es imposible. Y además, dígame usted: ¿Cómo quiere usted coordinar el helicóptero móvil? ¿Qué provincia le coordina? Tiene que haber un centro regional que coordine esos centros. ¿Por qué? Porque seguro que si hay algún accidente en León, usted esté tranquilo, que el helicóptero, esté donde esté, llegará a León para prestar ayuda necesaria. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para fijar posiciones, por el Grupo Socialista, señora Rojo, tiene la palabra.

LA SEÑORA RODRIGO ROJO:

Gracias, señor Presidente. Nuestra posición en esta Cámara es bien conocida. Nosotros creemos que el territorio de Castilla y León no está atendido por un servicio de urgencias y emergencias que sea eficiente en este momento. El diseño del actual servicio de urgencias ya tiene más de veinte años. Los... el personal, los medios materiales y, desde luego, los medios técnicos no son suficientes para atender las necesidades de la Comunidad. Ese fue el motivo de que nosotros presentáramos la petición de que se hiciera un plan, cuyo resultado hemos visto últimamente, pero que, sin embargo, no deja de ser un papel que habrá que desarrollar. Es decir, que el Gobierno Regional no ha hecho las tareas.

Sin embargo, tampoco creemos que se pueda plantear una solución a los problemas de Castilla y León que sólo afecte a León. No estamos en contra de que haya seis uvis móviles en León o haya un helicóptero en Ponferrada, o incluso que el tiempo de atención sea de diez minutos... nos parece adecuado. Sin embargo, los criterios que estamos dispuestos a defender son criterios que afecten a toda la Comunidad.

En el debate de presupuestos aprovechamos para decirle al Consejero y al resto de los Grupos Políticos de la Cámara que el Partido Socialista está dispuesto a hacer un acuerdo regional, de cara a un planteamiento de las infraestructuras que necesita la Comunidad, evitando así peleas territoriales -a veces, peleas localistas- que nos pueden llevar a que los ciudadanos desconfíen del actual Sistema Sanitario y del que podamos desarrollar posteriormente.

No vale escudarse, para avanzar en este tema, en que el Insalud aún está sin transferir. Las transferencias es evidente que se van a producir a lo largo del año dos mil dos, y, desde luego, la planificación siempre ha sido competencia de la propia Junta de Castilla y León, que, por otra parte, tiene además en todas las zonas rurales a personal que es quien realmente atiende las urgencias, aunque sea en colaboración con el Insalud en algunos lugares.

Nuestro sistema tiene unos coches, en este momento, de atención que sólo transporta al personal sanitario. El mecanismo de ambulancias sólo es mecanismo concertado con empresas privadas. Nuestra posición es que cada centro de salud tiene que tener una ambulancia y que, territorialmente, tenemos que distribuir las uvis móviles de manera que la cobertura de todo nuestro territorio sea total. Posiblemente es esto incluso más importante que los medios aéreos, puesto que los medios aéreos es una situación excepcional, que se desplaza de otra manera y que, desde luego, requiere otra situación. En cualquier caso, es evidente que el helicóptero soluciona problemas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar y hacer transporte en helicóptero en colaboración con los de incendios y, desde luego, en ocasiones realmente urgentes, es un medio que tiene su utilidad.

Así que, desde el año noventa y nueve que se aprobó el Decreto del 112, llevamos, señores del Partido Popular, mucho retraso en esta Comunidad para diseñar un Plan de Urgencias y Emergencias. Llevamos mucho retraso cuando, después del mandato de estas Cortes, el Decreto se presenta tarde, y cuando, además, ese Decreto no contempla las necesidades reales. Llevamos mucho retraso cuando las actuaciones no se programan, y no sabemos aún dónde se van a implementar durante los próximos años, ni cuál es el diseño territorial de las nuevas uvis móviles. Desde luego, llevamos mucho retraso cuando la... el número de personas, es decir, los medios humanos que atienden nuestros centros de salud continúan siendo escasos; cuando, además, no se tienen medios auxiliares; cuando, además, no se tiene ni siquiera trajes de identificación cuando se sale a la carretera, y hay veces que hay que pelearse simplemente con la gente que está allí para decir "nosotros somos los servicios de urgencia de Castilla y León".

Es bastante triste que, además, cuando la Junta planifica, lo poco que planifica lo planifique para las zonas urbanas, dando por hecho que, como allí hay más gente y se van a tener más votos, se debe planificar para las zonas urbanas, sin tener en cuenta, además, que en este momento todos los ciudadanos se desplazan a lo largo y ancho de la Comunidad, y los accidentes de tráfico, posiblemente, es una de las actuaciones más frecuentes en cuanto a las urgencias. Y eso... está sometido cualquier ciudadano en cualquiera de las múltiples carreteras que tiene la Comunidad.

Así, pues, creemos que no vale hacerse fotos, no vale venir a los Presupuestos a contarnos el presupuesto del Insalud, en lugar de el de la Junta, cuando luego, después, de lo que se trata es de decir que el Insalud, como está sin transferir, no se puede trabajar nada con su presupuesto. No nos vale la propaganda; lo que nos vale son las realidades. La realidad de Castilla y León, en este momento, no es adecuada para la atención a las urgencias. Tenemos que avanzar entre todos y, en ese sentido, el Grupo Socialista está dispuesto a colaborar -como digo- con todos los Grupos para que, entre todos, determinemos cuál son las infraestructuras que necesita la Comunidad en el futuro. Hagamos una planificación conjunta que pueda ser asumida por todos y, desde luego, que afecte a todas las provincias y a todo el territorio. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. El Proponente, señor Otero, para fijar el texto definitivo, tiene por último la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Empezando por el final y por la Portavoz del Grupo Socialista... que, al final, no sé muy bien lo que van a votar, si sí o si no... Abstención.

Hombre, a mí me resulta un poco difícil... o les va a resultar a ustedes difícil explicar en León -por lo menos a los representantes de León- que, cuando pedimos más dotación técnica y humana para transporte sanitario urgente, ustedes se abstengan. Lo van a tener ustedes un poco complicado. Pero, bueno, ya lo explicarán, ya lo explicarán. Pidan para las otras provincias también; ustedes se presentan en todas las provincias, nosotros sólo en una. Pero algo hay que decir; bueno, es un problema de ustedes.

Bueno, vamos a ver. En cuanto al... en cuanto a la Moción, ya, y para cerrar el debate, mire, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ya que el Consejero no está, que pasa de todo, pues, mire... Ya, ya, ya. Ya sé que está usted; me sirve como interlocutor. Sólo faltaba. Además, usted es médico. Bueno.

Mire, el Plan es de veinte minutos de asistencia, y me dice: "de aquí al dos mil cinco...". Es decir, no me está diciendo que ya; me está diciendo: "en el dos mil cinco garantizamos que el tiempo medio de asistencia es de veinte minutos, cuando esté el Plan ya terminado". Sí, cuando el Plan esté en marcha, y el Plan es 2001-2005, veinte minutos. ¿Y ahora? Dígame usted ahora cuál es el tiempo medio de asistencia: tres horas, dos horas, cinco horas, no llegan, llegan tarde, están ocupados atendiendo a otro enfermo. Usted imagínese, dos uvis móviles en León para quinientos mil habitantes, y que llamen a una urgencia... "No, mire, es que están en otra urgencia". Porque, claro, "no nos podemos desdoblar; sólo hay una para... para trescientos mil habitantes en todo el alfoz de León". Están ocupados. Pero ustedes viven del dos mil cinco. Este tema, para el dos mil cinco.

Helicóptero. Dice que se utilizarán criterios de eficacia y eficiencia. Pero, hombre, si no hace falta ser técnico para saber dónde está la mayor necesidad. No hace falta ser técnico. Efectivamente, efectivamente, señor Presidente. Pero, porque es la más poblada, porque es la más dificultosa en cuanto a orografía, porque es donde quedan los pueblos aislados, porque es la primera en siniestralidad laboral. Pero si es que le he dicho todas las razones. Si no hay que ser concienzudo técnico para saber por qué. Me dice usted: "No, es que como sólo hay uno, tiene que estar en el centro". Pongan dos. Pongan dos.

Y ahora, hay otra cosa que, de verdad, todavía... todavía no entiendo. Mire, me dice usted: "Estará donde digan los técnicos". Pero si ya lo tienen que saber. Pero si el Consejero dijo que era este mes cuando se ponía en marcha. ¿Cómo no van a saber dónde aparcar el helicóptero, si ya lo tienen? Tendrán que saberlo. ¿No se lo dijo el Consejero? Como no está, no podemos preguntar tampoco. No sé, está en la rueda de prensa, que es más importante. Sale más en el periódico en la rueda de prensa que en el debate sobre temas que afectan a la salud de los ciudadanos. Pero es más bonita la foto en el periódico que estar aquí atendiendo al debate.

Más cosas. Ese helicóptero, que no me dice usted dónde pero que estará en Valladolid -ya me lo imagino-, y luego los otros, que se irán implantando progresivamente. ¿Qué es eso, "progresivamente"? Pero si ustedes tienen un plan, tendrán que saber: el primero, en noviembre; el segundo, para el año que viene, en el verano; el tercero, en las Navidades del año que viene; el cuarto, en el dos mil tres. Pero tendrán que saber fechas. ¿O, a lo mejor, piensan que no ganan las próximas elecciones y, entonces, para qué van a planificar más allá del año que viene? No, ganarán, ganarán... ganar, ganarán. Nosotros seremos llaves, pero ganar, ganarán. No tendrán mayoría absoluta y este Parlamento saldrá ganando, enriquecerá el debate.

Bueno, total, "progresivamente". Digan fechas. Comprométanse a algo. ¿Qué le decimos a los ciudadanos? Progresivamente. Tranquilos, de aquí al dos mil cinco, no hay prisa; no hay infartos, no hay accidentes de tráfico, no hay accidentes en la mina, no hay accidentes en la pizarra, no hay pueblos aislados. Hasta el dos mil cinco, todos tranquilos, que gozamos de buena salud.

Ambulancias. Lo mismo. Cita usted en su Enmienda que, de aquí al dos mil cinco, pondrán en Villablino, Astorga, Cistierna, La Bañeza... Bueno, ya saben los señores de La Bañeza, vayan ustedes a decir que las dieciocho mil firmas las van a tener en cuenta, pero, a lo mejor, muchos ya no viven para entonces. Cuando vean la UVI móvil, a lo mejor ya no viven, a lo mejor ya no la necesitan; a lo mejor la necesitaron antes y no la tuvieron. Digan ustedes eso en La Bañeza, porque eso es lo que nos están diciendo, que de aquí al dos mil cinco. Tranquilos. Y que cumplan, y que cumplan. Igual, digan fechas. "Pues, mire usted, la de Villablino la vamos a poner, por ésta, ésta, ésta razón, en el plazo de un año; la de La Bañeza la vamos a poner, por ésta, ésta, ésta y ésta razón, en equis plazo". Por lo menos, para poder decir algo, para poder decir algo.

Y en cuanto al Centro Único Regional, mire, yo aquí estaría dispuesto a llegar a usted... a un acuerdo. Dice que no quieren provincializar los centros coordinadores, que eso no es más eficaz. Yo le digo que sí, pero si insisten en que sólo haya un centro coordinador, yo le digo: venga, lo acepto, lo ponemos en León. Ya hay uno; coordinamos desde León. ¿Qué más da el centro geográfico físico cuando estamos hablando de telecomunicaciones y de llamadas por teléfono? ¿Qué más da llamar por teléfono a Valladolid que a otra provincia? Porque ustedes se han parado muchas veces en que ese centro territorial, físico, geográfico, Valladolid, y que... pero en este tema, que es de teléfono, ¿qué más da marcar un número que marcar otro, si son los mismos dígitos los que hay que marcar?

¿Me aceptan ustedes esta propuesta? ¿Votamos por separado? Votan que no a las demás y a ésta que sí; ponemos el Centro Único en León, y todos contentos. Bueno, no contentos porque habremos... habremos visto cómo se pierden otras tres... puntos. Pero, por lo menos, en éste llegábamos a un acuerdo. En fin.

Mire, a los ciudadanos (y termino ya, señor Presidente), cuando estamos hablando de su salud, no se les puede decir que dentro de cuatro años vamos a garantizarles mejor la salud. Eso no se puede hacer, porque con la salud no se juega, y usted lo sabe muy bien porque es médico, evidentemente. Y a mí me parece muy triste, de verdad se lo digo, mire, me parece muy triste -y es la conclusión que sacamos- que una persona que sufre un accidente en Galicia o en Asturias tenga más posibilidades de sobrevivir que una persona que tiene un accidente en León o en cualquier provincia de Castilla y León. El derecho a la salud es igual para todos; está constitucionalmente reconocido.

Y qué triste es terminar esta intervención diciendo -pero no nos queda más remedio- que un leonés tiene más posibilidades de morirse en un accidente lejos de un hospital que un ciudadano de la vecina Galicia, de la vecina Asturias o de otras muchas Comunidades Autónomas. Se lo aseguro que es así. Es triste, pero con su postura, seguiremos siendo tercermundistas en esta materia. En el dos mil cinco ya no, pero, hasta el dos mil cinco seguimos siendo tercermundistas. Que no les pase nada hasta entonces. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Se somete entonces a votación esta Moción defendida por el señor Otero. ¿Votos a favor? Votos a favor, por favor. Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Votos...? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y seis. Votos a favor: cuatro. En contra: cuarenta y uno. Y abstenciones: veintiuna. Queda, por lo tanto, rechazada.

Señor Vicepresidente, le ruego dé lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Undécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a elaboración de un Plan de Promoción y Mejora de la Actividad Investigadora de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar la Propuesta, en nombre de su Grupo, señor Granado, tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, señores Consejeros. El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta Proposición en la intención de que las Cortes de Castilla y León realicen un pronunciamiento inequívoco en favor del valor añadido que supone la investigación en nuestra Comunidad Autónoma.

En este país, en España entera, ha sido una de las corrientes más antiguas de pensamiento la consideración de que la investigación no era una actividad preferente. Al "que inventen ellos", de hace cien años, han ido sucediendo políticas que han frenado la investigación, que han obligado a la emigración a nuestros investigadores y que han maltratado a los investigadores como colectivo.

Fruto de este mal trato nos encontramos con que, en estos momentos, España sigue estando en el furgón de cola de las cifras que en investigación y desarrollo tienen tanto los países de la Unión Europea como el conjunto de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Fruto de este maltrato es evidente que nuestras estructuras productivas se resienten de la falta de innovación, que es consecuencia directa de la falta de inversiones en investigación y desarrollo.

¿Y cuál es la realidad concreta de la Comunidad Autónoma en esta materia? Pues, en primer lugar, la Comunidad Autónoma sufre las consecuencias de una mala regulación laboral que impide que, en un sentido además contradictorio con lo que sucede en la mayor parte de los países europeos, exista un tratamiento adecuado del personal investigador desde el punto de vista de sus derechos salariales, retributivos, económicos, y también de sus derechos laborales.

Aunque se han dado pasos en esta dirección en los últimos meses y en los últimos años -se ha permitido la apertura de diferentes tipos de contrato laboral al personal investigador, y se ha permitido, en suma, que las Administraciones Públicas vayan sustituyendo paulatinamente al personal investigador, contratado normalmente con becas, por personal investigación contratado... por personal investigador, perdón, contratado-, es evidente que las modificaciones legales son absolutamente insuficientes. En ese sentido, sería razonable que hubiera una regulación legal diferente, una regulación legal diferente que contemplara -como se contempla en otros países europeos- la especificidad del trabajo del investigador, sin perjuicio, sin merma de sus derechos retributivos y sus derechos laborales.

Y es, pues, lo primero que plantea la Proposición, aunque el punto sea el segundo en el orden de resoluciones de lo planteado por la misma.

Es decir, que el Gobierno de Castilla y León se dirija al Gobierno Nacional, a fin de que exista una nueva regulación legal que permita sustituir las becas por regulaciones laborales de otra naturaleza, por contratos adecuados a la realidad del investigador.

Y el primer punto de la Resolución, que es el meollo y lo más importante que la misma propone, propone que la Junta de Castilla y León se tome en serio el papel de la investigación.

Lo que hace la Junta de Castilla y León con la investigación cabe... cabría resumirse, fundamentalmente, en tres apartados: en primer lugar, no hace lo que dice. En este Parlamento hemos escuchado -y lo hemos escuchado en las comparecencias de los Consejeros y está escrito en los documentos de la Junta- medidas de reforma de la investigación en la Comunidad Autónoma anunciadas hace años, que no se han desarrollado. ¿Para qué quedó, por ejemplo, la reforma de los centros tecnológicos? Tenemos una estructura de centros tecnológicos que hace que sean muchos, ineficaces, de presupuesto escaso, duplican funciones y, sin embargo, no cubren todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Aquello se prometió ya hace ocho años por el entonces responsable de la Agencia de Desarrollo Económico y aquello todavía está por hacer.

En segundo lugar, la Junta de Castilla y León, como no hace lo que dice que va a hacer, sin embargo, dice que hace muchas cosas que no hace. Esto es, por ejemplo, lo que sucede en los presupuestos de este año con los fondos dedicados a investigación. Se encubre la investigación en un concepto más amplio, que no tiene sustento en documento internacional alguno, que es Investigación, Desarrollo e Innovación.

Innovación es un concepto que permite recubrir bajo esa rúbrica cualquier actuación. Si un Ayuntamiento cambia las farolas por unas farolas de nuevo diseño, ¿quién le puede discutir que está innovando? Pero, evidentemente, eso no tiene nada que ver con la investigación y el desarrollo. Y lo que hace la Junta de Castilla y León es meter en la tercera I -Investigación, Desarrollo e Innovación- partidas que antes venía incorporando a otras rúbricas, como Innovación, para intentar dar a entender que la investigación se está incrementando... que está viendo incrementados sus recursos, cuando esto no es así.

Un ejemplo de primera... de primera línea lo tenemos en lo que sucedió ayer con las declaraciones en materia... conectadas con la huelga de los estudiantes universitarios. Los socialistas hemos dicho -lo ha dicho el Secretario General de mi Partido, lo han dicho los Portavoces Parlamentarios- que el Programa Universitario de la Consejería de Educación y Cultura pasa de 252 euros a 229 euros en los Presupuestos del año dos mil; tiene una merma de casi 4.000 millones de pesetas, de 23.000.000 de euros entre los Presupuestos del dos mil uno y del dos mil dos.

¿Qué nos dice la Junta? Dice: ¡no!, ese dinero ha ido a investigación. Bueno, si ese dinero ha ido a investigación, no ha ido nada. Ese dinero antes estaba en políticas universitarias, ahora se llama de políticas de investigación; pero es el mismo dinero, no hay incremento alguno.

Porque lo que no se puede hacer es decir que no ha disminuido el presupuesto de Universidades y, a la vez, que se ha incrementado el presupuesto de Investigación. O ha disminuido el presupuesto de Universidades, o no se ha incrementado el presupuesto de Investigación.

Todos los incrementos vienen de esta... de esta manera, de esta forma. Es decir, lo que hace la Junta con la investigación es como aquellos malos medioambientalistas que plantaban... que pintaban de verde los taludes de las autopistas; es decir, sustituir la hierba por pintura verde. Sustituir el gasto en investigación por apariencia de un gasto en investigación, que en el fondo no es sino llamar como gasto de investigación otras partidas.

Y en tercer lugar, lo que hace la Junta de Castilla y León -y con esto termino, señor Presidente- es convertir la investigación... convertir en investigación -digámoslo así- todas las actividades de la Junta con carácter general y no ordenar la investigación.

Y tenemos otro ejemplo, también, de primera magnitud. En estos momentos se está discutiendo en la Cámara un proyecto de Instituto Tecnológico Agrario. El Proyecto de Instituto Tecnológico Agrario aparentemente tiene la forma de conseguir llevar a la Administración Agraria de la Comunidad Autónoma la investigación como una primera prioridad. Y se dice: va a haber un Instituto, va a tener un enorme presupuesto y se va a dedicar a investigación tecnológica agraria.

Cuando vamos a la letra del proyecto, lo que va a hacer, fundamentalmente, el Instituto Tecnológico Agrario son concentraciones, concentraciones parcelarias y plan de regadíos. Y, una vez más, la investigación agraria aparece como un postizo añadido, con un 5% del presupuesto del Instituto, a lo que son funciones que son de otra naturaleza y que poco o nada tienen que ver con la investigación y desarrollo.

¿Qué hace falta? Hace falta que haya un plan, hace falta que haya...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Señoría, vaya concluyendo, por favor.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

(Medio minuto. Gracias, señor Presidente). ... hace falta que haya organismos de investigación, hace falta que haya políticas de investigación real; no cambiar de nombre las partidas, no pintar de verde los taludes de la investigación en esta Comunidad Autónoma. Y hace falta tratar con consideración a los investigadores de esta Comunidad Autónoma, que, como los del resto de España, por desgracia, se siguen viendo maltratados después de cien años de los que inventen ellos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Garabito.

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO:

Gracias, señor Presidente. Señorías. La Proposición No de Ley que hoy trae el Grupo Parlamentario Socialista yo la concretaría en... me centro en esos dos puntos: en el primero, en que se elabore un plan de promoción y mejora de las actividades investigadoras; y, por otro lado, que se haga el reconocimiento de los derechos laborales del personal investigador. Y, en su punto segundo, instemos al Gobierno Central para sustituir las becas de formación del personal investigador por contratos laborales; y, por otro lado, aumentar las plantillas de investigadores.

Bien. No crean que ha sido para este Procurador que les habla nada fácil extractar esos cuatro puntos, que a mi entender resumen las dos Propuestas de Resolución de la Proposición No de Ley. Porque, desde luego, está hecho con un estilo absolutamente farragoso, difícilmente inteligible y, consecuentemente, que me cuesta mucho creer la pluma del Portavoz que ha estado hablando en su redacción, que se caracteriza -aunque se pueda estar perfectamente en desacuerdo con él- por la claridad y por aciertos políticos en lo que él pide. Pero otra cosa es que luego coincidamos en la... la bondad de lo mismo; pero, al menos, suele ser claro y conciso. Verdaderamente, yo no reconozco la pluma del Portavoz en la redacción de esta Proposición No de Ley. Puede que esté confundido.

Pide usted que se haga un plan de promoción y mejora de la actividad. Empecemos por el principio. Pues, mire usted, sencillamente, eso lo contempla la Ley de Ciencia e Investigación que elaboró esta Cámara; y le anuncio, si no lo sabe, que en este mismo mes está elaborado, por supuesto, y se presentará públicamente. Mala suerte, pero es así. La Ley de Investigación se va a presentar inmediatamente; por lo tanto, ya está hecho. Otra cosa es que luego coincida, le guste más o le guste menos, pero está hecho.

Por otro lado, reproducir aquí los datos y las cifras que dieron el Consejero de Educación y Cultura cuando presentó los presupuestos en temas de investigación, donde se ha reconocido por la comunidad científica que esta Comunidad, en captación de investigadores, ha pasado a ser la quinta de España -que no es lo mejor que puede pasar, pero que, desde luego, hay una inquietud porque esto suceda; y que no es fruto de la casualidad, sino de inversiones, como 500.000.000 para infraestructuras en investigación o 300 para formar investigadores, entre otros datos-, pues sin duda demuestra una inquietud por tener un tema tan puntero como la investigación, en esta Comunidad, en primera línea.

A continuación pide el reconocimiento de los derechos laborales del personal investigador. Pues, mire usted, sencillamente, esto no es viable, no es posible, no es posible. Y no lo hace posible el hecho de que ese personal involucra a, cuando menos, los estamentos como la Universidad, las OPI -Organismos Públicos de Investigación- y el mundo empresarial; todos ellos tienen su propio derecho laboral, sus plantillas y sus funcionarios. Y desde esta Cámara ponernos a legislar e invadir la autonomía universitaria, por ejemplo, pues como no es posible y la Ley no lo permite, pues, ¿para qué vamos a discutirlo? Simplemente, con la actual legislación no es posible hacerlo.

En el segundo punto, que nos pide que instemos al... al Gobierno de la Nación, pide usted por otro... pide en el punto c) sustituir las becas de formación de personal investigador por contratos laborales. Hay multitud de sentencias -que le ahorro a Sus Señorías, en principio, leerles- en que no lo... no lo deja hacer. Y, además, lo impiden dos leyes básicas: la Ley de Reforma Universitaria, de veinticinco de agosto de mil novecientos ochenta y tres -que sin duda reconoce la Ley de Reforma Universitaria que hicieron ustedes-, lo impide taxativamente cuando habla de la autonomía universitaria, y dice que es propia de la autonomía universitaria la formación, selección... -lo leeré- "selección, formación y promoción del personal docente e investigador" -quiero leerlo para decirlo con toda exactitud-, el Artículo 3, punto 2 e). Por lo tanto, lo impide. No podemos hacerlo.

Pero dicen: pues háganlo las OPI. Pues tampoco lo pueden hacer, porque la Ley de Fomento de la Ciencia y Tecnología del año ochenta y seis, del catorce de abril -fecha que también reconocen, porque lo hicieron ustedes también-, tampoco lo permite hacer en su Artículo 17.

Y por último, en esta primera intervención dice que "fomenten desde el Gobierno Central la posibilidad de... los investigadores". Yo tengo por ahí recortes de prensa, muy actuales, en que en la presentación de la Fundación para el estudio de la ciencia y tecnología el Presidente Aznar habla de la necesidad de transferir al mundo empresarial -cosa que es inquietud, por otro lado, generalmente común- todos los conocimientos y todas las investigaciones de la Universidad y de los centros de investigación. Y anuncia que en el bienio dos mil uno-dos mil dos -es decir, este año y el próximo- se incorporarán cinco mil nuevos investigadores. Hombre, ya es algo, ¿verdad?

En definitiva, en esta primera intervención, yo sólo quiero decirles que es un tema muy serio para tratarle de forma banal o poco rigurosa. Y que lo que se puede hacer -creo que se está haciendo, y razonablemente bien, y mucha de la parte de su resolución- es, sencillamente, imposible de hacer. Y, además, no es el Partido Popular el responsable de que no se pueda hacer. Muchas gracias, Señoría.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para el turno de réplica, tiene la palabra don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, estoy un poco confuso con la réplica, ¿no?, porque... claro, hombre, señor Garabito, usted y yo, que nos conocemos y que nos apreciamos mutuamente, entenderá usted que se lo diga con cariño; pero el que usted venga hoy, precisamente, a hablar de que como la Ley de Reforma Universitaria prohíbe no sé qué cosa -una Ley que se aprobó hace diecisiete años para llevar la democracia a las Universidades españolas, que estaban todavía con una legislación franquista, porque el Gobierno de la UCD no legisló la reforma universitaria-, cuando ustedes, en estos momentos, quieren cambiarlo todo en la Universidad, y precisamente para mal, ¡hombre!, parece un argumento de conveniencia, ¿no?

O sea, si realmente la Ley de Reforma Universitaria... -que además no es el caso- pero si realmente impidiera hacer algo, pues hombre, parece que ustedes no tienen demasiado empacho en cambiar lo que haga falta de la Ley de Reforma Universitaria.

Pero, claro, es que su réplica yo creo que adolece de una cierta confusión, como las Sentencias del Supremo que antes usted comentaba, ¿no? Las Sentencias del Supremo lo que dicen es que una beca no es una relación laboral y, por lo tanto, no tiene derechos laborales. Lo que dice la Ley de Reforma Universitaria es que las Universidades tienen autonomía para regular su personal investigador. Y lo que hace falta es dotar de una figura jurídica en el Derecho Laboral, que sea adecuada a las Universidades -porque las Universidades no hacen las leyes que regulan los contratos de trabajo- para que las Universidades puedan contratar a su personal investigador de acuerdo con las mejores condiciones del contrato de trabajo.

Y además, fíjese usted, lo que nosotros pedíamos en marzo es algo que ya ha empezado a hacer este Gobierno el año pasado; porque el año pasado se modificaron las estructuras de determinados contratos de trabajo para que tuviera en ellas acceso el personal investigador. Lo que pasa que no se hizo bien, porque permitir al personal investigador que acceda a los contratos de formación no parece lo más adecuado. El personal investigador ya está suficientemente formado -en muchos casos son Doctores- y parece que obligarles a acceder a un contrato de formación no es lo más adecuado.

En conclusión, por tanto, lo que pedimos es que haya una reforma legal de la regulación del mercado de trabajo que permita a las Universidades el ejercicio de su autonomía y a las Comunidades Autónomas y a todas las Administraciones Públicas poder utilizar nuevas fórmulas de contrato para personal investigador como las que existen en Alemania, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en el Reino Unido, etcétera, en la inmensa mayor parte de los países europeos, que les permitan utilizar esas nuevas fórmulas para ir sustituyendo las becas por relaciones laborales. Porque entendemos que se ha hecho un sobreuso de la beca; un sobreuso de la beca, porque era lo único que se podía utilizar para tener personal investigador trabajando. Y, en la práctica, ese personal investigador trabaja y tiene que tener una relación laboral; y porque la beca, como bien ha dicho el Supremo, no es esa relación laboral.

Luego, lo que hace la Junta de Castilla y León: el Plan. El Plan lo va a poner en marcha..., etcétera, etcétera. Pues, fíjese usted, nosotros la Proposición la presentamos en marzo; y esta Proposición se está discutiendo en noviembre y usted me dice "dentro de un mes verá la luz el Plan". Enhorabuena, enhorabuena, es una buena noticia, porque, por malo que sea el Plan, mejor es un plan malo que no haya plan. Enhorabuena. Después de trece años de Gobierno en la Comunidad Autónoma existe un Plan de Investigación promovido por el Partido Popular. Hombre, que no tengamos que esperar otros trece años para que el Plan surta efectos de verdad.

Y le voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. La Ley -que vamos a discutir el Proyecto de Ley de Creación del Instituto Tecnológico Agrario-, ni cumple las prescripciones de la Ley de Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma, ni habla para nada de ese plan, ni establece ningún tipo de vinculación a la investigación agraria que se va a hacer en esta Comunidad Autónoma con ese Plan.

Si la Junta de Castilla y León va a aprobar un plan que no cumple los propios proyectos de ley que presenta la Junta ante esta Cámara, ¡hombre!, ¿qué va a pasar con esta planificación?

Captación de investigadores por parte de esta Comunidad Autónoma. Señor Garabito, está usted muy orgulloso de que esta Comunidad Autónoma sea la quinta en captación de investigadores en España. Es que ya lo era antes de que existiera la Comunidad Autónoma, porque como da la puñetera casualidad de que somos la quinta Comunidad Autónoma en presupuesto universitario y la mayor parte de la investigación se sigue haciendo, afortunadamente, en las Universidades -digo afortunadamente no porque esté en contra de la investigación a las empresas, sino porque me parece que ésa es una labor fundamental de la Universidad-; lo raro seríamos que no fuéramos la quinta, pero es que probablemente fuéramos la quinta también antes, y, probablemente, si somos la quinta, es que no hemos progresado prácticamente nada.

De esos cinco mil investigadores que el señor Presidente del Gobierno nos ha dicho que va a haber en toda España, ¿cuántos van a venir a Castilla y León? ¿Cuántos? ¿Usted cree de verdad que esta Comunidad Autónoma es pionera y es puntera en investigación? ¿Con qué presupuestos? Esos 500.000.000 de pesetas que salen para investigación del Presupuesto de la Junta para el año dos mil dos, ¿de dónde han salido? ¿Son 500.000.000 a más a más -que diría un catalán- o son 500.000.000 que se han recortado de otras partidas y que antes servían para hacer lo mismo llamándolo de otra manera?

¿Esa Fundación de Ciencia y Tecnología que presentó el Presidente del Gobierno no va a seguir el mismo paso que la Fundación de Estudios Oncológicos del Ministerio de Sanidad, que al final acabó arrebañando... perdón, arrabillando todos los fondos que había para investigaciones sanitarias en el Ministerio y que luego, al tercer año, se ha quedado ya sin presupuesto? Son dudas que nosotros tenemos razonablemente.

Y por eso pedíamos que hubiera un plan que contemplara la doble realidad del mundo de la investigación, que a nosotros nos preocupa: por un lado, mejorar la situación de los investigadores y, por otro lado, permitir que en esta Comunidad Autónoma hubiera una política de investigación, no la política de investigación de cada Dirección General y de cada Consejería.

Como por desgracia vemos que en sus proyectos de ley ustedes esto no lo van a arreglar, y como nos tememos que el Plan -y no voy a juzgar el Plan sin conocerlo-, pero como nos tenemos que el Plan, a la vista de los hechos descritos, no vaya a ser realmente un instrumento eficaz de coordinación, porque ha sido incapaz de coordinar incluso la propia Junta, pues seguimos manteniendo la Proposición.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Señor Garabito, para dúplica.

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO:

Gracias, señor Presidente. Albergaba la esperanza, al hacerlo desde el escaño, digo: "pues será que va a ser muy breve", pero se le ha agotado el plazo, y entonces prefiero hacerlo desde el atril la respuesta.

Mire usted, una cosa es lo que dice la Proposición No de Ley y otra la que ha dicho usted. Hábilmente, como oratoriamente se le caracteriza, ha dado la vuelta, y ahora dice: "no, bueno, si es que nosotros ahí pedimos eso, pero realmente lo que queremos pedir es esto otro". ¡Ah, bueno!, ¡ah, bueno! Porque si lo que quieren pedir es eso otro, yo también le contesto: ¿o es que quizá usted ignora -seguro que no- que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya se está haciendo el Estatuto del Becario? ¿A que no lo ignora?

Por lo tanto, es verdad que este Gobierno Central -ahora hablamos del Gobierno Central- está tremendamente preocupado por eso. Y, precisamente, ante la insalvable barrera que ponían las dos leyes que le he citado antes, que no es que sean porque las ha hecho el PSOE o porque las hicimos nosotros, sencillamente, es una barrera legal que no deja caminar por ahí, pues se está buscando desde este Gobierno -que da la casualidad que es el Gobierno del Partido Popular presidido por el señor Aznar- caminos alternativos para buscar el fin que queremos, pero pese a la gran barrera que supone la legislación que ustedes hicieron.

Y, por lo tanto, tengo que decirle -cosa que usted seguro que, habiendo sido Senador y habiendo estado tan preocupado por estos temas, conocía perfectamente- que para buscar soluciones a eso se hace el Estatuto del Becario; se está haciendo y está a punto de salir.

También -y usted también debiera saberlo- la solución a estos problemas de los becarios pasa esencialmente por usar el Plan, que se está haciendo, de investigación y debe buscarse en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Empresa, Sociedad. Ahí he ligado todo eso: ciencia, tecnología, empresa, sociedad. Ese Sistema y ese Plan Bienal dos mil uno-dos mil tres, ése es el que va a dar respuesta adecuadamente para involucrar a los científicos con el mundo de la empresa, que ése es el fin, no hacer científicos para hacerlo investigadores, que luego no tienen salidas profesionales y se coartan en su propio... se cuecen en sus propios caldos, se aburren y se van de la Universidad o de ..... de investigar, sino crear la demanda de investigadores porque la propia sociedad y la propia empresa lo necesita, y lo necesita si lo proponemos y lo fomentamos, si lo pedimos. A partir de ahí, los científicos y los investigadores se sienten valorados, reconocidos y podrán tirar. Eso, reconózcamelo, señor Granado, hasta ahora sólo nos preocupábamos de que hubiera formación de investigadores, no qué iba a pasar con esos investigadores que se formaban, cuál iba a ser el fruto de su trabajo y dónde se iba a destinar.

En definitiva -porque yo, sinceramente, creo que esto no da para mucho más-, yo lo que le quiero decir clara y rotundamente es que me habla usted de centros tecnológicos, y en este momento, como Director de un Departamento de la Universidad, le es muy gustoso recibir a una persona comisionada por la Junta de Castilla y León y comisionada por el Centro Tecnológico de Boecillo para reordenar y escuchar a los Departamentos de las Universidades -y desde el punto profesional le he estado escuchando no hace mucho, hace un mes- para que se redimensionen, se unan los centros tecnológicos y, en consecuencia, se hagan más productivos. Es decir, se está haciendo, y seguro que a usted le ha llegado la noticia que ya se está haciendo un estudio seriamente para reordenar todos los centros tecnológicos.

Y la diferencia esencial puede ser que usted diga: "no, pero es que yo como eso no me lo creo lo que va a pasar o tengo dudas..." -tiene usted derecho a tenerlas-, pero crea usted que nosotros, desde el Grupo Popular, tengamos fe y confianza en que eso se hace, se hace para algo y dará sus frutos.

Claro, yo lo he sacado. Digo: voy a leerle unos cuantos cuadros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística en que no estamos en la arcadia feliz en que digamos que la investigación no hemos llegado al 2% del producto... Valor Añadido, que es la cifra mágica que maneja Europa, pero estamos ya acercándonos, y el compromiso del Gobierno es llegar en esta Legislatura -el Gobierno Central-; no desde esta Comunidad estamos en el mejor de los casos, pero sí que hemos avanzado -como dice el Instituto-: teníamos un 0,30% del Valor del Producto en pesetas constantes, y ahora en dos años, del noventa y seis al noventa y ocho, según datos estadísticos, lo hemos rebajado al 0,17. ¿Es mucho? Pues no es todavía suficiente, pero, desde luego, recortar la mitad de la distancia que nos separaba de la... de lo invertido en investigación es sustancial, es demostrar la voluntad de hacerlo. Y es, en consecuencia, saber y tener la confianza que no podemos responder a que en investigación está todo hecho, ni mucho menos; diremos rotundamente no. Pero sí hemos de decir que estamos caminando seria y firmemente, y, sobre todo, en la buena dirección, desde luego, esto con seriedad y rigor -y para la investigación y las Universidades todo rigor y seriedad es poca- desde luego, hay que contestar rotundamente sí. Falta camino por recorrer, pero no hagamos piruetas que ponga incómodo al mundo de la investigación, al mundo empresarial, y que lo que venga es a complicar todo este mundo tan delicado, que ha estado muy abandonado, pero, afortunadamente, ahora, en nuestra opinión, camina deprisa y en buena dirección. Y, lógicamente, convergerá con Europa en un plazo relativamente corto. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rad.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Brevemente, expresar por parte de Tierra Comunera el apoyo a esta Proposición No de Ley. Una Proposición que... entendemos que oportuna, entendemos oportuna en su tiempo. Es similar a otras Proposiciones que el Partido Socialista ha efectuado en otros ámbitos, en los ámbitos estatales, y, desde luego, entendemos que también es oportuna plantearla en nuestro ámbito regional.

Yo creo que más que entrar en un debate sobre lo que ha de ser la política en investigación y desarrollo a realizar por el Gobierno Regional, que yo creo que no es el objeto de esta Proposición, aunque sí que figura en uno de sus puntos, yo sí que me voy a centrar en otro de los aspectos, y es en la situación del personal investigador. Me voy a centrar en ese aspecto, precisamente, porque quizás es un colectivo de personas que han estado movilizándose desde los últimos años; un colectivo de personas que incluso son cercanos a nivel personal; y, desde luego, un colectivo de personas que no se sienten satisfechos con el papel que la sociedad, y, en concreto, la sociedad de Castilla y León, les tiene relegados.

El proceso tradicional de acceso a los puestos de profesorado en la Universidad y de investigadores en distintos centros tecnológicos, pues, ha estado asociado habitualmente a estas becas de formación del personal investigador. Esto ha sido el proceso tradicional, desde luego, ha sido un proceso yo creo que socialmente aceptado, y un proceso que no ha planteado problemas.

Existía un intercambio mutuo de beneficios. La Universidad ha permitido, mediante estos mecanismos, desarrollar una considerable investigación, en muchos de los casos una excelente investigación. También en muchos de los casos, al menos en lo que fue la década de los ochenta y principios de los noventa, una investigación básica, una investigación que ha sido vital en muchas áreas del conocimiento. Estas becas han permitido la movilidad de muchos investigadores, la movilidad durante el periodo de disfrute de la beca o la movilidad posterior. Estas becas han permitido también el inicio en la docencia de buena parte del profesorado titular que hoy cuentan las Universidades, o de los investigadores con plaza de los centros asociados, y han permitido obtener una formación muy cualificada a un buen número de investigadores.

¿Cuál es el problema... o el problema en opinión de Tierra Comunera? En opinión de Tierra Comunera sí que ha habido una evolución en los últimos años, sobre todo en los últimos años de la década de los noventa, donde esa investigación teórica y básica ha cambiado su ritmo, en parte porque las ayudas que le venían ofertadas por los medios... por las instituciones públicas, así la obligaban, ha ido derivando hacia aspectos más prácticos, hacia aspectos más aplicados. Y, junto a ello, han empezado a surgir otro tipo de modalidades de apoyo a esa investigación práctica, donde participaban de forma activa las empresas.

Y el papel de los investigadores ha empezado a derivar, más allá de lo que es la formación propia y específica en campos del saber, en campos de gran complejidad y de gran especialidad, a una... a una formación más laboral, o por lo menos a un desarrollo más laboral de la investigación. Y ahí es donde sí que aparece una demanda social de una mejora de la situación laboral de esos investigadores.

Hoy muchos de estos... de las personas que gozan de una beca de estas características de formación de personal investigador o de cualquier otro de los modelos de contratación, en realidad, muchos de ellos, en alto porcentaje, están haciendo una labor de investigación que antes realizaban las empresas. Es más, muchas empresas recurren a la Universidad y a los centros tecnológicos para conseguir investigadores baratos, investigadores sin ningún tipo de contrato y... con los que desarrollar aspectos que después ellos aprovechan en sus propios desarrollos tecnológicos.

Yo creo que existe la necesidad de cambiar urgentemente el carácter de estas becas, unas becas que fueron concebidas como formación, y que hoy -y ésas son estadísticas que recientemente hemos conocido- apenas uno de cada diez de las personas que disfrutan una beca de estas características logra un puesto estable en la propia Universidad o el centro de investigación. Y son... yo creo que un derecho legítimo de estas personas el aspirar a desarrollar una labor de investigación, en muchos casos práctica, en muchos casos aplicada directamente a la realidad de las empresas, pero desarrollarla con un contrato laboral en el marco que se establezca, pero con un contrato laboral que tenga unos derechos laborales y sindicales... perdón, y de Seguridad Social acordes con lo que es la realidad laboral de este país.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para cerrar el debate, don Octavio Granado tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, agradecerle al señor Rad su intervención, que yo creo que enriquece notablemente el debate. Estoy de acuerdo con la misma en su totalidad, incluso los aspectos de la misma que han sido críticos con lo que ha sido la gestión de gobierno del Partido Socialista.

Y al señor Garabito decirle... contestarle amablemente, además de ....., tres cosas: la primera es que, bueno, aunque sólo sea porque merezca la pena escuchar sus intervenciones -que siempre lo merece-, su segunda réplica nos ha traído un anuncio que nos llena de gozo. Después de ocho años de que este Grupo Parlamentario trajera al Presidente de la Agencia de Desarrollo y le arrancara el compromiso de que se iba a hacer un estudio de reordenación de los centros tecnológicos, parece que después de ocho años el estudio se está haciendo. Enhorabuena. Ya dábamos por perdido el maldito estudio. La verdad es que si ustedes fueran un árbol, tendríamos que decir que el fruto del "pepero" cae cada ocho o nueve años, porque es el tiempo que ustedes tardan en conseguir que pase una medida proyectada al suelo de la realidad. Son ustedes un árbol poco prolífico.

La segunda es que yo creo que ustedes se siguen equivocando también en Madrid. Porque lo que hace falta no es un Estatuto del Becario, que es verdad que la ministra Birulés anunció a bombo y platillo; lo que hace falta es un Estatuto del Personal Investigador, que recoja las becas y recoja figuras laborales. Porque en muchos casos lo que se está encubriendo bajo la forma de una beca para un personal investigador es un trabajo que debe ser remunerado como tal, y que debe tener los mismos derechos que el personal laboral.

Y la tercera cuestión es que no exhiba usted las cifras del Instituto Nacional de Estadística para justificar la política investigadora del actual Gobierno. Como usted sin duda conoce, todos los organismos que en este país tienen alguna responsabilidad en materia de investigación han aclarado, con motivo de la presentación de los presupuestos para el Estado del dos mil dos, que el mayor crecimiento de la investigación en España se produce en las rúbricas de la investigación militar. Es decir, en este país hemos acortado las distancias que nos separaban con otros países europeos en la investigación de nuevos modelos de dragaminas, de tanques, de aviones y de demás instrumentos de tecnología militar. Pero en investigación civil aplicada seguimos en las mismas cifras; con una diferencia notable, y es que ahora tenemos investigadores que llevan dos y tres años sin haber cobrado todavía su beca. Y eso antes no pasaba. Se ve que ahora también el fruto del Gobierno Central también tarda un poquito más en caer. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Ruego a los señores Procuradores que ocupen sus asientos. Vamos a proceder a la votación.

Concluido el debate, procedemos a la votación de la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: sesenta y ocho. Votos a favor: veintiséis. En contra: cuarenta y dos. Queda, por lo tanto, rechazada la Proposición No de Ley.

Ruego al señor Secretario...

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Duodécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a retirada del Decreto 218 por el que se establecen las tarifas de los precios públicos por prestación de servicios en las Escuelas de Educación Infantil y otros extremos".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, señor Secretario. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, don Cipriano González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, Señorías. Salgo a esta Tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender la Proposición No de Ley en la cual este Grupo pretende que se retire el Decreto 218 del presente año, por el que se establecen las tarifas de precios públicos por la prestación de servicios en las Escuelas de Educación Infantil dependientes de la Junta de Castilla y León, y que se pueda aplicar el apartado b) correspondiente al epígrafe de Educación Infantil, incluido en el capítulo de objetivos concretos de los niveles de enseñanzas que estructuran el sistema educativo de acuerdo con la mejora del sistema, iniciar un proceso de negociación con las partes interesadas y mantener, hasta tanto, las tarifas vigentes.

¿Qué significado real tiene esta Proposición No de Ley? Miren, Señorías, estamos asistiendo de una manera... de una manera permanente y continua a una defensa por parte del Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, del Gobierno de esta Comunidad Autónoma, en la cual ponen de manifiesto el interés y ponen de manifiesto la voluntad política de conseguir que las escuelas infantiles, los Centros de Educación Infantil, las ayudas a la familia, las subvenciones a todos aquellos que tengan algo que ver con este asunto, les permitan... les permitan a las familias de esta Comunidad, primero, en un Plan de Igualdad para las Mujeres, el no tener dificultades para poder trabajar; en un problema relacionado con el medio rural, en el que todas las familias que puedan vivir en el medio rural tengan garantizado un nivel de calidad de servicio suficiente. En suma, su catálogo de propuestas, de iniciativas y demás, un catálogo aparentemente razonable, creíble, bonito, en fin... Lo han defendido desde el Presidente de la Comunidad, en su Discurso de Investidura, hasta el Consejero de Educación y los distintos Consejeros que han ido participando en estas Cortes.

Pero, curiosamente, cuanto ustedes trasladan al papel... perdón, cuando ustedes trasladan del papel a la realidad esas cosas, pues aparecen situaciones como la que estamos comentando aquí, que no es ni más ni menos que los precios públicos de los Centros de Educación Infantil dependientes de la Junta de Castilla y León, que hasta el curso actual valían como cuantía máxima 9.600 pesetas, 9.600 pesetas, de la noche a la mañana... Y ayer decía el señor Presidente, para rebatir a nuestro Portavoz en el tema de la Enseñanza Universitaria que se había utilizado el mes de agosto para debatir la Ley de Reforma Universitaria, pues mire, señor Presidente, tenía usted bien cerca una respuesta fácil, porque el día treinta y uno de agosto, repito, el día treinta y uno de agosto, el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León publica una Orden de este Decreto, en el cual... en el cual se incrementa desde 9.600 pesetas a 15.000, se incrementa nada más y nada menos que un 56,25%.

Por lo tanto, Señorías, estamos hablando de: sobre el papel, muchas ayudas, muchas líneas, muchas subvenciones. Pero la realidad es que se ha incrementado de 9.600 a 15.000 pesetas. Y se ha incrementado con un agravante, que muchos de los padres, muchos de los padres, ya habían hecho la prematrícula, que además incorporaba un anticipo (que no sabemos muy bien con cargo a qué concepto presupuestario está), en la cual se anticipaba un mes. Entonces, después de nuestras consultas, ese mes resulta que era el mes de julio.

O sea, que a ver si me entienden Sus Señorías, que los padres que este año han ido a las guarderías o escuelas infantiles a concertar una plaza con su hijo han anticipado el precio del mes de julio del dos mil dos. Y como en ese momento no tenían más que el precio antiguo, les han cobrado 9.600 pesetas.

Pues bien, con la entrada en vigor de este Decreto, esos padres, el mes de... el mes de septiembre de este año ya han pagado 15.000. Por lo tanto, hay una manifiesta inecuación entre ambos conceptos.

Por lo tanto, Señorías, ¿qué es lo que pide este Grupo? Que ustedes traten de llevar a la práctica lo que practican muy bien en los papeles. Es decir, que pasen ustedes de lo que es la realidad virtual a la realidad real. Y le pedimos -y para no alargarme, señor Presidente-, le pedimos, primero, que retiren el Decreto. Segundo, que en tanto en cuanto se negocie (porque nosotros tampoco creemos que no se tenga por qué ir incrementando paulatinamente, año a año, las cuantías que se tienen que... que tiene que costar este asunto), se mantenga el precio anterior, se discuta con sindicatos y padres este tema, y podamos volver a la situación que teníamos antes de este Decreto y, consecuentemente, a las 9.600 pesetas -repito-, hasta tanto no lleguen ustedes a un acuerdo con el nuevo precio. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. ¿Algún Grupo va a ocupar un turno en contra? Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Domingo González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ:

Gracias, señor Presidente. Buenos días, Señorías. Mire, cualquier ciudadano que nos esté oyendo puede pensar, si únicamente conoce la opinión de Su Señoría, que tiene usted razón. Pero la obligación de este Grupo es transmitirle a usted para que reconozca -y no solamente usted, sino también su Grupo y el resto de los Grupos- que la Proposición No de Ley que usted nos ha presentado tiene muchas trampas, y que no obedece en absoluto a la realidad de lo que son los hechos.

Mire, me gustaría que -como dice un refrán que todos conocemos- el árbol no nos impidiese ver el bosque de la realidad. En este caso, el figurante árbol es la fecha a la que usted hace alusión. Evidentemente, la fecha quizá a ninguno igual nos guste, ni a este Grupo, ni al propio Consejero, ni a la Asociación General. Pero, bueno, la maquinaria burocrática muchas veces es la que es, y -creo- usted sabe, su Grupo, la sociedad sabe que la fecha no es lo importante. Lo importante es si realmente los nuevos precios públicos que la Consejería de Educación... que la Junta ha aprobado para sus escuelas responden al doble objetivo que usted pone en duda en su Proposición No de Ley: ¿Estos precios públicos hacen viable el objetivo que el Presidente de la Junta se marcó de que se propiciase una mayor natalidad, o que los Centros de Educación Infantil conciliasen la vida laboral con la vida familiar? Rotundamente sí. ¿Estos precios públicos hacen factible el objetivo que tiene la Consejería de Educación y conseguir los retos que se ha marcado en el ámbito de la educación de los cero a los tres años, incluso dentro del Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo, al que usted hace referencia en su PNL? Rotundamente sí.

Y le voy a explicar por qué este Grupo dice que sí. Evidentemente, nadie podrá poner en duda que unos precios públicos que estaban vigentes desde hace nueve años había que actualizarlos. Desde el año noventa y dos estos precios públicos no habían surgido... sufrido, perdón, ninguna modificación; por lo tanto, parece oportuno... que era evidente la necesidad de actualizar tales precios.

Y objetivamente, ¿los nuevos precios públicos son precios que se ajusten a la realidad y que faciliten la consecución de los objetivos señalados? Sí.

Lo que usted ha dicho tiene muchas trampas, como le he dicho. La primera, hace alusión a que estos precios han subido en más de un 50%. Pero ¿dónde está la trampa? Que ese 50% ha subido en un único tramo, y le recuerdo que hay hasta once tramos. De los once tramos en los que se divide la renta per cápita a la hora de bonificar los precios públicos, ha subido el 50% en un único tramo, el último; en los otros diez no ha sufrido ese aumento.

Incluso le diré más, que ese aumento -como usted ha dicho- supone una aportación de 15.000 pesetas, que es el 32% de lo que cuesta la plaza; cuesta casi 47.000 pesetas, y lo que paga la familia son 15.000. Por tanto, entendemos que la labor social que practica la Junta en este aspecto es claramente manifiesta.

Pero también ha ocultado que hay tres tramos en los que los nuevos precios públicos rebajan el porcentaje que data del año noventa y dos. Conforme a los precios del año noventa y dos, estaban exentos de pagar ninguna cantidad las rentas por debajo de 20.000 pesetas. En el caso actual ha ascendido a 25.000 pesetas. Por tanto, familias que antes pagaban al mes una cantidad ahora no la pagan. Y le diré más: el tercer tramo, que va de 25 a 30.000, pesetas ha sufrido u descenso de casi dos puntos y medio. Pagan menos dinero ahora que el año noventa y dos.

Por lo tanto, tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista comparativo, los precios públicos que ha aprobado la Junta de Gobierno de esta Comunidad son, comparativamente hablando, menores que cualquiera de los que podamos establecer con el resto de Comunidades, tanto en lo que obedece a la cuantía máxima expuesta por usted de 15.000 pesetas como en el resto de los tramos -sean Comunidades, Cataluña, Aragón, las próximas a nosotros-, los precios que rigen en esta Comunidad son menores que los que rigen en otras Comunidades Autónomas. Por eso, porque tanto objetiva como comparativamente hablando entendemos que estos precios públicos son buenos para los objetivos marcados por el Presidente de la Comunidad y por la Consejería de Educación, votaremos en contra de su Proposición. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para un turno de réplica, tiene la palabra don Cipriano González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Vamos a ver si le he entendido bien. De sus palabras parecería deducirse que los padres tendrían que estar extraordinariamente contentos y satisfechos y tendrían que aplaudir la sabia decisión de la Junta de... en el día treinta y uno de julio, después de que la mayoría de ellos hayan presentado ya su preinscripción, con unas cuantías con relación al año anterior, le haya incrementado en el tramo habitual... Usted también ha utilizado alguna trampa importante; tiene muchos datos, pero no ha dado el que podríamos decir que es el más representativo. ¿Cuántos de los usuarios de esos diez tramos están afectados por el tramo que pasa de 9.600 a 15.000? Porque, curiosamente, ése es el tramo, afortunadamente -y bien... entiéndame lo que le quiero decir-, afortunadamente. Porque el decir que una familia que tenga menos de 20.000 pesetas en su día a día, al mes, en la declaración de la renta, no le va a costar, pues a mí no me alegra el que las haya en esta Comunidad. Me encanta que la mayor parte de las familias puedan tener una renta superior, y me gustaría que estuvieran todas en la fase esa de poner... o de poder pagar las 15.000 pesetas.

Pero, mire usted, señor Portavoz, aquí hay algunas cuestiones que a nuestro Grupo le chirrían. Y le chirría, fundamentalmente, el que ustedes no adecuan lo que dicen con lo que hacen. Y esto es lo que pretendía poner de manifiesto esta Proposición No de Ley. ¿Que esto es todavía en otras Comunidades peor? Mire, ya habrá allí Portavoces del Gobierno y de la Oposición que defenderán sus distintas posiciones. Yo le estoy hablando de esta Comunidad. Y yo le estoy hablando, ¿eh?, señor... señor Portavoz, de que estamos hablando de treinta centros, treinta centros en nuestra Comunidad, que representan una parte pequeñísima de lo que es la necesidad de tener en esta Comunidad centros para conciliar la vida familiar y laboral como usted decía.

Por lo tanto, yo honestamente le digo: aquí se ha hecho algo mal. Se ha hecho algo mal por dos razones: primera, porque no estaba previsto, y ésa es una de las primeras calificaciones que yo le hago a ese Decreto, no lo tenían ustedes previsto; porque si lo hubieran tenido previsto, no lo hubieran hecho el treinta y uno de agosto, lo hubieran hecho antes, con lo cual muchos padres cuando hubiesen llegado allí supieran a qué nos estábamos refiriendo. Segundo, no lo tenían ustedes en relación al plan famoso este nonato de la natalidad, ¿entiende? Porque resulta que vamos ahora a subvencionar lo que ahora incrementamos. O sea, es decir, se produce una situación de una cierta incongruencia en este proceso. Mientras ustedes dicen: vamos a ver si somos capaces de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, vamos a ver si somos capaces de estimular el que las familias vivan en lugares y le vamos a dar para ello ayudas y subvenciones y demás, resulta que haciendo eso, ustedes, en el primer ejemplo que tienen ya para cumplirlo, incrementan el 56%... el 56,25 en el tramo que es el más representativo de todos los que forman parte de ese famoso Decreto.

Por lo tanto, Señoría, yo puedo aceptarle que vale que lo que pagan los padres ahora es el 32%, puedo admitirlo; pero es que, ¿de qué va a servir... de qué va a servir todo esta... todo este conjunto de medidas que ustedes dicen que van a poner para intentar conseguir que las... las mujeres puedan acceder al mundo del trabajo sin tener dificultades con sus hijos? ¿Qué van a hacer? Pues rebajar a través de subvenciones directas e indirectas o fiscales, rebajar el coste de esos servicios. Bueno, pues resulta que eso que es lo que ustedes van a hacer en ese famoso Plan, en lo primero que ustedes tienen ocasión de hacerlo, justamente al contrario. Es el pirómano que se transforma en bombero. Ustedes van a poner en marcha un plan para ayudar a unas familias a que paguen menos, pero, previamente, a esas mismas familias ustedes les han incrementado el 56% a una gran mayoría.

Mire, vamos a discutir las enmiendas a los presupuestos en los próximos días, vamos a ver en qué se concretan todas estas cuestiones. Pero yo le anticipo a usted que teniendo razón en una de sus reflexiones, de que esto estaba desde el año noventa y dos y de que había que actualizarlo, no me reconocerá usted que es inoportuno el que ustedes lo actualicen de una tacada el mismo año que presentan el plan este famoso, que todavía no conocemos en sus términos exactos. O sea, que, por lo tanto, ¿qué es lo que le pide nuestro Grupo -y lamento que ustedes vayan a votar en contra-? Le pedía, simplemente, retírenlo, retírenlo. Negocien con los usuarios beneficiarios y los representantes de ellos el incremento que se tiene que hacer, hasta dónde se puede llegar, ¿eh?, hasta dónde y en qué tiempo, y después hagan ustedes un nuevo Decreto poniendo todas aquellas partidas que previamente hayan negociado. Lo demás es, bueno, pues, la mayoría que tiene la capacidad de gobernar y gobierna, pero no nos reconocerá que en este asunto ustedes se han pasado tres pueblos, por lo menos de dos en dos. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para el turno de dúplica, tiene la palabra don Domingo González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ:

Gracias, señor Presidente. Aquí el debate es muy claro. Es que, por una parte, su Grupo manifiesta que estos nuevos precios públicos no contribuyen a los objetivos marcados por este Gobierno, y el Grupo Popular entiende que estos precios públicos avalan las tesis del cumplimiento de tales objetivos.

Evidentemente, podemos discutir mucho tiempo, por eso creo que, más que esgrimir argumentos por una y otra parte, es más clarificador aportarle algunos datos, algunos datos objetivos, en lo que es nuestra Comunidad, y comparativos con el resto de Comunidades, ya que no somos una ..... y, por lo tanto, lo que hacen en otras Comunidades, algún punto de referencia tendrá que suponer para la nuestra.

Ya le he dicho que, incluso, en el peor de los casos que usted baraja con el aumento de ese 50%, supone la aportación de 15.000 pesetas al mes por cada usuario, pero todos debemos reconocer que el coste mensual de esa plaza es de 46.875 pesetas, que incluye comedor y en algunos casos, en varios, incluso, hasta merienda.

Por lo tanto, en el peor de los casos para el usuario, no paga más que el 32% de lo que es el coste total del servicio, abundando que ése es el último tramo, pero que hay otros diez. Hasta 25.000 pesetas no paga la familia absolutamente nada; de 25 a 30.000 pesetas paga el 5%; de 30 a 35, paga el 8%; de 35 a 40, paga el 11%. Es decir, tramos donde se reconoce que el esfuerzo que tiene que hacer la familia para llevar a un niño o una niña a un centro de educación de cero a tres años de la Junta de Castilla y León es ínfimo y, por lo tanto, a ninguna familia le supone un impedimento la aportación de estas cantidades.

Y Su Señoría, si no estuviera en la Oposición, lo reconocería, o si entendiese la Oposición no como un campo abonado para oponerse a todo... -acción que, por otra parte, la acepto y entiendo que es el juego de cualquier democracia-, pero si estuviese en otra situación, reconocería este acuerdo o este Decreto como un prototipo de lo que es la filosofía socialista, donde las rentas que más se benefician son las rentas per cápita inferiores, aquellas que tienen menos posibilidades.

Y no solamente -le repito- objetivamente estos datos son buenos para las familias y contribuyen a ese fomento a la natalidad o a esa conciliación de la vida laboral y la vida familiar, porque las cantidades que se aportan están asequibles a lo que es el poder adquisitivo de cada familia, sino que si lo comparamos con cualquier otra Comunidad, los datos también avalan esta tesis. Cojamos, incluso, el presupuesto peor, las 15.000 pesetas que es la cantidad mayor que aporta una familia por un usuario de Educación Infantil; en cualquier Comunidad de España, la cantidad máxima que se aporta es mayor que la de Castilla y León. Únicamente en Galicia es la misma cantidad: 15.000 pesetas; pero, en el resto de Comunidades -Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia- son mayor que 15.000 pesetas. Le voy a poner como ejemplo Comunidades que le serán familiares: Andalucía, la cantidad máxima que aquí es 15.000, en Andalucía 30.000; en Aragón, aquí 15.000, allí 31.750; en Asturias, aquí 15.000, allí 26.520; en Extremadura, aquí 15.000, allí 28.437 pesetas; las cuatro últimas son Comunidades gobernadas por Partidos Socialistas y la cantidad que aportan por un usuario es el doble que la que aporta una familia en Castilla y León.

Pero mire, puede decir que únicamente establezco como comparación el tramo mayor, pero podemos establecer cualquiera de los diez tramos restantes. Y se lo voy a someter a su consideración, a la de su Grupo, y al resto de los Grupos de la Cámara. Lo comparemos, por ejemplo, con una Comunidad gobernada por un compañero suyo, con Asturias. Hasta las 25.000 pesetas en ambas Comunidades están exentas de cualquier pago. Una familia que por un usuario en Castilla y León... de 25 a 30.000, paga 2.344 pesetas en Castilla y León; en Asturias, 5.304 pesetas -multiplicado por dos-. Una familia comprendida entre las 40 a 45.000 pesetas que en Castilla y León paga 6.562 pesetas; en Asturias paga 18.564 pesetas -multiplicado por tres-. Una familia -y concluyo- que en Castilla y León, comprendidas entre las 45 y 50.000 pesetas, paga 7.969 pesetas; en Asturias paga 26.520 pesetas -multiplicado por cuatro-.

Por lo tanto, se ponga usted como se ponga, lo explique como lo explique, aluda a la forma que guste de aludir, deberá comprender conmigo que los datos que aquí le he expuesto, tanto de modo objetivo como de modo comparativo, contribuyen a cumplir los objetivos marcados por el Gobierno de esta Comunidad, son unos precios públicos sociales, en cuanto favorecen las rentas más bajas; son unos precios públicos que, incluso, en la cantidad mayor, de 15.000 pesetas, supone nada más el 32% de esa aportación. Son unos precios que aguantan cualquier comparación con el resto de Comunidades.

Por todo ello -y concluyo, señor Presidente-, este Grupo se ratifica en la votación en contra de esta PNL, porque los precios aprobados son los precios que garantizan la consecución marcados por esta Consejería en el ámbito de la educación de cero a tres años. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Para cerrar el debate, el Proponente señor González, don Cipriano, tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Pues, pues no sé qué decirle de su intervención, porque con los datos que nos da, lo mismo... lo mismo nos está usted -entre comillas- "amenazando" o está amenazando a estos padres de que, habida cuenta estamos tan lejos todavía de lo que es en otros lugares que el año que viene prepárense, le van a llegar otras subidas por este mismo precio.

Mire, se ponga usted como se ponga... se ponga usted como se ponga, compare con las Comunidades que usted quiera, ¿eh?, usted también hace trampa, porque usted sólo compara una de las magnitudes, una de las magnitudes. ¿Cuántos centros tienen esas Comunidades a las que usted se refiere? ¿A qué porcentaje de la población representan? ¿Cuántos niños y niñas van a esos lugares? ¿Desde qué sitios? Eso usted no nos lo ha contado, ha hecho, simplemente, una lectura lineal de un documento que le han pasado, razonablemente, y que me parece muy bien, porque eso es así.

Pero, en esta Comunidad... en esta Comunidad la Junta de Castilla y León en este asunto es tan insensible, insensible, que no ha puesto en marcha ni un solo centro de Educación Infantil en el tramo cero-tres años; que los que tiene son los que tenía, aquellas famosas guarderías laborales.

Y que ése es un grano -y me van a perdonar-, eso es un grano que tiene ahí la Junta y que no sabe qué hacerle; y que lo ha tenido ahí sometido; y que, desgraciadamente, gracias... desgraciadamente, gracias al problema de la... de la Montessori, las hemos transformado en Escuelas Infantiles; y que, lamentablemente, este año, precisamente este año, han incrementado usted... ustedes el 57%.

Pero fíjese qué curioso: ¿a usted le parece normal que un incremento en un precio público, en un servicio básico, para un año, sea bajo o sea alto, se pueda incrementar el 56,25%? ¿A usted le parece eso normal, por muy alejado de la realidad que esté? ¿No le parecería a usted mucho más sensato que esta Junta, si es tan sensible como usted dice a esas cosas, hubiera previsto una temporalización de esos incrementos? ¿Por qué los hace este año, y de una tacada? ¿Con quién ha contado? Si a mí no me tiene usted que decir que es el 32% de lo que vale. Efectivamente. Hay muchas cosas que se pagan mucho menos de lo que cuestan porque son servicios sociales básicos.

Aquí, de lo que estamos hablando es: esta Junta de Castilla y León... que, fíjese, cuando... cuando la Junta se hizo cargo de este... de estas guarderías -entonces llamadas guarderías-, utilizaban el tramo cero-seis. Ya fue eliminándolas hasta llegar al tramo cero-tres. Y, ahora, les ha incrementado en esa partida en la que yo le digo, que es el 56,25 en un año; y en un año en el que ustedes quieren -dicen- poner el marcha el Plan ese famoso, nonato todavía, de la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, especialmente destinado a las familias que tienen más dificultades.

Yo creo, señor Portavoz, que usted ha transmitido fielmente lo que le hayan encargado; me parece normal y me parece correcto. Pero no... no hemos entrado, no ha querido usted entrar a lo que era el fondo de esta Proposición. No decía este Grupo que no se subiera, no; no lo habrá visto usted ahí, en ningún sitio. No decía este Grupo que esto fuera caro o barato; tampoco lo decía esta Proposición No de Ley. No decía este Grupo que se mantuviera o que se redujera, en ningún caso. Usted dice que la Oposición es una oposición porque se tiene que oponer a todo; no, no, perdone usted: aquí no hay una oposición frontal, radical, contraria a ese... a ese documento; ahí lo que hay es: ustedes han tenido desde el año noventa y dos sin incrementarlo; ¿quieren incrementarlo?, sí; hagamos un plan que permita en tres, cuatro, cinco o seis años incrementar razonablemente.

Porque, ¿me quiere usted decir a mí qué supone para la Junta de Castilla y León este incremento? ¿A qué extremo llega? Es decir, no... no es... no es ningún elemento referencial importante. Es, simplemente, una decisión... -y yo se lo repito y estoy convencido, y usted no me ha demostrado que no sea así-, una decisión improvisada por un... en una Consejería que no ha tenido en cuenta, de otras Consejerías, otros elementos, incluso de la Presidencia, que le venían impuestos. Ya veremos a ver en qué queda este famoso Plan de Natalidad. Yo me alegraré mucho que estas familias que ustedes le incrementan ahora en 5.600 pesetas este... este servicio, luego ustedes le den 4.000 ó 5.000 ó 6.000, o, como decía ayer el señor Consejero, a ver si encima van a ganar dinero con este asunto las familias más humildes. Yo, de verdad, lo lamentaría profundamente, que ése fuese el criterio que ustedes tienen. Lamento, de verdad, que no sean ustedes sensibles a percibir que aquí lo que había era un intento de adecuar los incrementos a los tiempos, que también es fundamental. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Se somete a votación la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y nueve. A favor: veinte. Y en contra: treinta y nueve. No hay abstenciones. Queda, pues, rechazada.

Y el señor Vicepresidente, ruego dé lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Decimotercer punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla y León, número 8, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Losa, tiene la palabra para presentar la... para el turno a favor.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. La telefonía móvil es un servicio básico en la sociedad actual. La liberalización de las comunicaciones ha dado lugar a una rápida expansión, que ha desbordado a todas las Administraciones Públicas, produciendo un caótico despliegue de infraestructuras. Numerosos Ayuntamientos han decretado moratorias en su implantación, a la espera de su regulación por Administraciones superiores.

La situación actual, a pesar del Real Decreto promulgado el veintiocho de septiembre, es de un vacío legal; un vacío legal que es clamoroso en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La ausencia de una regulación de estas instalaciones, junto a la obligación de prevenir y proteger la salud de la población, la minimización del impacto medioambiental rural y urbanístico de las infraestructuras hace indispensable la promulgación de una ley que ordene y planifique el despliegue territorial de las infraestructuras de la telefonía móvil en Castilla y León.

El PSOE presenta esta Proposición de Ley ante el caos existente en la actualidad. Una ley que ponga orden en el despliegue de las infraestructuras, que garantice el acceso de todos los ciudadanos a un servicio que es básico, que proteja su salud y, todo ello, con el mayor respeto al medio ambiente.

La ley se dicta en virtud de las competencias que la Comunidad Autónoma tiene en Ordenación del Territorio y Urbanismo, en la promoción, prevención y restauración de la salud y en las competencias de protección del medio ambiente.

La ley contiene cuatro finalidades. En primer lugar, evitar cualquier instalación que no garantice la protección a la salud, estableciéndose, para ello, la declaración expresa de actividad clasificada, marcando niveles máximos permitidos de exposición a los campos electromagnéticos para el público en general en suelo no urbano, distancias mínimas en zonas abiertas sin edificación y niveles de referencia en suelo urbano y centros sensibles, teniendo como referencia una Recomendación, no la de la Unión Europea, sino la Recomendación de la Conferencia de Salzburgo celebrada el siete y ocho de junio del año dos mil, en el que se aplica el principio de precaución.

El nivel máximo de exposición en suelo urbano se establece en diez microvatios por centímetro cuadrado, que es, en una antena de cuarenta vatios, la distancia equivalente aproximada a treinta metros de... del foco emisor. Y se establece para centros sensibles una... una exposición máxima de 0,1 microvatio por centímetro cuadrado. Es decir, que no podrá estar un centro emisor de cuarenta vatios más cerca de trescientos metros de un lugar que se califique como sensible (que son residencias de niños, estudiantes, enfermos y mayores).

La segunda finalidad trata de la protección ambiental. No podrán establecerse instalaciones en inmuebles declarados bienes de interés cultural, ni en espacios naturales protegidos en la categoría de monumentos naturales y reservas naturales. Se establecen limitaciones en conjuntos históricos artísticos, en zonas arqueológicas, en el resto de los espacios naturales protegidos mencionados anteriormente, en hospitales, geriátricos, residencias de mayores y centros educativos.

La tercera finalidad establece el uso compartido de infraestructuras. No se puede sostener que cada compañía operadora instale sus infraestructuras independientemente de las otras. Es como si para ir de Valladolid a Madrid, cada compañía privada estableciera una autopista, y hubiera cuatro autopistas para ir de Valladolid a Madrid. Es una verdadera barbaridad. Pues esto es exactamente igual. Se establece que la Junta de Castilla y León impulsará acuerdos con todos los operadores para compartir infraestructuras. Pero, si no hay acuerdo entre operadores, la Junta de Castilla y León podrá determinar los emplazamientos que deberán compartir.

Por último, la última finalidad es la garantía universal del servicio, que nosotros lo consideramos básico: se establece el principio de garantizar la cobertura de los servicios de radiocomunicación a toda la población de Castilla y León, eliminando zonas de sombras, en virtud del interés general y no del interés de los operadores.

De acuerdo con estas finalidades y de las prescripciones de la ley, los operadores están obligados a presentar un plan territorial de red que contemple las estaciones fijas ya existentes y previsiones de instalación y despliegue de toda su red. Una comisión establecida al efecto, interconsejerías, denominada "Comisión de Redes de Radiocomunicación", aprueba los planes territoriales de los operadores en suelo rústico. Los emplazamientos y condiciones de instalación en núcleos urbanos son aprobados por los Ayuntamientos, de acuerdo con las prescripciones que marca esta ley.

En el capítulo de infracciones, van de apercibimiento a un máximo... desde apercibimiento hasta un máximo de 30.000.000 de pesetas, con posibilidad de suspensión de funcionamiento.

En las Disposiciones Transitorias y Adicionales, se establece que las instalaciones existentes actualmente tendrán que adecuarse a la ley en un plazo de nueve meses. Y para las existentes en núcleos urbanos y centros sensibles, se marca un plazo máximo de tres meses. En tres meses también, los operadores tendrán que presentar el Plan Territorial de Red.

En resumen, el Grupo Socialista ha presentado una Proposición de Ley que pone orden en el caos actual de la telefonía móvil, que garantiza el acceso de toda la población a este servicio, que protege la salud ciudadana y que garantiza el respeto al medio ambiente.

Una ley muy similar a esta ha sido aprobada por el Parlamento de Castilla-La Mancha, con el apoyo del Partido Popular, con el apoyo de ecologistas y de asociaciones de vecinos. Al Partido Socialista de Castilla y León y al Grupo Parlamentario Socialista... ha tenido el gran honor de colaborar -en una pequeña medida, pero colaborar- en algunos aspectos importantes, sobre todo desde el principio de precaución, con la promulgación y la elaboración de esta ley, y gracias a la presencia de un... de un nacido... de una persona nacida en esta Comunidad Autónoma, que fue cargo público en el primer Gobierno Socialista de Castilla y León, don Isidro Hernández Perlines, Consejero de Ciencia y Tecnología de Castilla-La Mancha, y el cual ha sido sensible a aportaciones que se han podido hacer desde este Grupo.

Esta ley es muy similar a la de Castilla-La Mancha; la ha aprobado el Partido Popular; por lo tanto, señores del Partido Popular, ustedes tienen la palabra, y si les parece correcta y si están de acuerdo y son coherentes con su Partido de Castilla-La Mancha, desde luego, desde aquí les insto para que la aprueben junto con nosotros -esta consideración-.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, don César Huidobro tiene la palabra.

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ:

Gracias, señor Presidente. Señorías, la Proposición de Ley que ha presentado, por el Grupo Socialista, a finales del mes de julio de este año, para regular la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla y León, persigue como finalidad fundamental, aunque también otras -como se han enumerado en la exposición que se acaba de hacer-, la protección de la salud de los ciudadanos ante las posibles consecuencias que las ondas electromagnéticas pueden ocasionar sobre dichos ciudadanos, sobre las personas.

Así planteada la iniciativa parlamentaria, el Grupo Popular no puede hacer otra cosa que coincidir con dicho propósito, e incluso que aplaudirlo. No en vano, desde el mes de febrero de este año dos mil uno, y a iniciativa del Procurador del Común, la Junta de Castilla y León inició trabajos para dar respuesta a la alarma social creada por la publicación de opiniones sobre los efectos nocivos para la salud de la exposición de los ciudadanos a campos electromagnéticos producidos por ondas radioeléctricas procedentes de estaciones, bases o antenas de radiocomunicaciones, estaciones radioeléctricas.

La cosa parece muy complicada, pero la cosa es mucho más sencilla: los peligros que puede producir para la salud de los ciudadanos el hecho de estar sometidos durante algún tiempo a las radiaciones-ondas electromagnéticas que producen las antenas de transmisión que vemos por los tejados y por los campos de nuestra Comunidad Autónoma.

La Junta de Castilla y León y el Grupo Popular confían en lo que manifiestan los estrictos científicos respecto a los efectos que estas ondas tienen sobre la salud. Esto es, confían que, a la luz de los conocimientos científicos actuales, se puede afirmar que la exposición a esos campos electromagnéticos no ocasionan efectos adversos para la salud, siempre que esto tenga lugar dentro de los límites establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea del año mil novecientos noventa y nueve, del doce de junio, relativa a la exposición del público a campos electromagnéticos de cero hercios a trescientos gigahercios, y que el cumplimiento de la citada Recomendación es suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos.

Y este es un mensaje en el que queremos incidir, en el que el Grupo Popular quiere incidir, que quiere dejar bien claro y quiere que llegue a todos los castellanos y leoneses: los estudios científicos más serios dicen que no hay riesgo alguno para la salud siempre que las ondas estén dentro de los límites fijados por ese Consejo de la Unión Europea.

Pero si estas conclusiones científicas hoy por hoy son claras, y frente a ellas solo se alzan opiniones no constatadas científicamente, no es menos cierto que estas opiniones y su difusión han creado un clima de alarma social al que no podemos dejar de prestar atención; y mucho menos podemos dejar de prestar atención cuando, como ocurre en este momento, en nuestra Comunidad Autónoma, esta alarma se ve justificada por casos en los que no resulta difícil establecer una relación de causalidad entre la emisión de ondas radioeléctricas, la cercanía al campo de emisión y la existencia de un daño grave para la salud.

Aunque solo fuera por el respeto que nos merecen quienes sufren esta situación, consideramos obligada... obligado que las Administraciones Públicas se preocupen de este problema, consideremos obligado que la Junta de Castilla y León se preocupe de este problema y trate de darle una solución. Y lo primero es reiterar el mensaje de tranquilidad; y, en segundo lugar, ponerse manos a la obra para que, por aplicación del principio de precaución, se limiten al máximo las causas que podrían originar ese improbable riesgo de, pero, en definitiva, riesgo. Y, por aplicación del principio de intervención imprescindible, se establezcan las limitaciones, sin asfixiar el indudable avance que para el desarrollo económico y social de un pueblo suponen los nuevos ingenios de transmisión de voz, datos o imágenes.

Desde esta perspectiva, que aponemos, que acabamos de exponer -tranquilidad para los ciudadanos y soluciones para evitar esa alarma, e incluso para ese improbable riesgo-, desde esta perspectiva, reconozco el esfuerzo hecho por el Grupo Socialista de Castilla y León al presentar la Proposición de Ley que estamos debatiendo; aunque el esfuerzo haya consistido en trasladar como Proposición de Ley la Ley que con ese mismo nombre, Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación, se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha a primeros de julio de este año dos mil uno. No conocía este Procurador la contribución que por el Grupo Socialista de Castilla y León se ha hecho para esta Ley; y, por eso, pensaba que simplemente lo que habían hecho era fusilarla. Veo que habían hecho algo más, y era colaborar en la redacción de esta Ley, y contribuir a que esta Ley contuviera todos los requisitos imprescindibles para que fuera efectiva frente a los riesgos posibles e improbables que suponen el establecimiento de antenas.

Pero si yo reconozco ese mérito, también desde esta perspectiva exijo -espero- el reconocimiento del esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León para la reclamación, para la redacción de un decreto relativo a la instalación de infraestructuras de radiocomunicaciones, que se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado y que, fundamentalmente... y que, fundadamente, esperamos que en breves días, pocos días, sea emitido ese dictamen y permita su aprobación por el Consejo de Gobierno y su puesta en marcha.

Pueden ustedes preguntarme que dónde está ese borrador de decreto, porque no lo conocen. Pero yo les digo que si no lo conocen es porque no habrán tenido mucho interés en conocerlo; y que no habría sido malo que lo hubieran utilizado también para la redacción del Proyecto de Ley de Castilla-La Mancha; y también podrían haber contribuido... podríamos haber contribuido para que ese Proyecto de Ley fuera mejor de lo que es en principio.

Digo que podrían conocerlo porque el cuatro de junio de dos mil uno se abrió un trámite de audiencia con envío de este borrador de decreto para que las distintas Consejerías, a las de Medio Ambiente, Ayuntamientos, Diputaciones, el CES, el Procurador del Común, organizaciones ecologistas, asociaciones vecinales, empresas del sector, consumidores y usuarios de Castilla y León pudieran hacer las alegaciones y observaciones que tuvieran por conveniente; y las hicieron, y las hicieron todos. Estas instituciones han hecho muchas, algunas de las cuales, principalmente del CES y del Procurador del Común, se han incorporado íntegramente al nuevo texto de este borrador sometido al dictamen del Consejo de Estado.

Lo hasta aquí expuesto no lleva a explicar por qué la regulación por decreto redactado por la Junta de Castilla y León y no la Proposición de Ley propuesta por el Grupo Socialista. Hemos de explicar por qué elegimos un decreto y por qué no un proyecto de ley.

El estado de cumplimiento de la propuestas contenidas en Mociones del Congreso y del Senado y en desarrollo de la Ley General de Comunicaciones, de veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, y General de Sanidad, de veinticinco de abril del ochenta y seis, aprobó un Real Decreto, el 1066 de dos mil uno, de veintiocho de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas, con el fin fundamental de regular la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas de las antenas de telefonía móvil... telefonía móvil.

El Artículo 27 de nuestro Estatuto de Autonomía dispone que el marco... que, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca, es competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el desarrollo normativo y la ejecución de las siguientes materias: Sanidad; Promoción, Prevención y Restauración de la Salud; Normas Adicionales de Protección del Medio Ambiente. Y en el Articulo 26 atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Temas todos ellos que deben de tenerse en cuenta para regular todos los efectos que las antenas que emiten ondas radioeléctricas producen.

La Ley 5 de mil novecientos noventa y tres, de veintiuno de octubre, que regula las actividades clasificadas en esta Comunidad Autónoma, precisamente con fundamento en esos Artículos 26 y 27 del Estatuto de Autonomía, somete al régimen de autorización y funcionamiento previsto en la Ley a cualquier actividad o instalación -y digo "actividad o instalación"- susceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente, o producir riesgos para las personas o los bienes. Y enumerando, en el Artículo 2, sin carácter limitativo, cuáles son estas actividades e instalaciones sometidas a la Ley. Entre esas instalaciones no se encuentran las instalaciones radioeléctricas; pero al final de ese artículo prevé un instrumento para ampliar esa lista, para declarar explícitamente -dice el artículo- aquellas actividades clasificadas que, no estando enumeradas en este artículo, deben de someterse a lo dispuesto en esta Ley.

A la vista de lo expuesto, la Junta de Castilla y León, apoyada por el Grupo Popular en las Cortes... en estas Cortes, y siguiendo en este caso las indicaciones del Procurador del Común, decidió que la regulación de esta materia ha de hacerse por decreto y no por ley. Porque no se trata del desarrollo normativo, no se trata de redactar un proyecto de ley, de la Ley Telecomunicaciones del año noventa y ocho, ni de la de Sanidad del noventa y seis, que son normas básicas del Estado; se trata, Señorías, de desarrollar... del desarrollo reglamentario de una Ley de la Junta de Castilla y León, que es la de Actividades Clasificadas.

Un decreto de la Junta de Castilla y León no puede ser el medio para desarrollar normativamente las leyes básicas de Sanidad y Telecomunicaciones. Una ley de estas Cortes no puede ser el medio para desarrollar reglamentariamente la Ley de Actividades de estas mismas Cortes.

Por tanto, es necesariamente, es lo procedimentalmente correcto en Castilla y León regular la ordenación y funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas como un desarrollo reglamentario de la Ley de Actividades.

Y ustedes me dirán que en Castilla-La Mancha se ha hecho, y está regulado por Ley; y nuestro Grupo Parlamentario las ha votado -con restricciones, no por completo-. Y, sin ánimo de debatir asuntos propios de la competencia de Castilla-La Mancha, le aseguro que..., yo no he estudiado esa materia, pero le puedo asegurar que no pueden hacerlo en Castilla-La Mancha por un decreto porque no tienen ley de actividades clasificadas. No me sirve el ejemplo de Castilla-La Mancha para seguir sus pasos, que es lo que hay, que es lo que hace el Grupo Socialista, limitándose a fusilar la iniciativa socialista en aquella Comunidad. Y no lo puede hacer porque no se trata del desarrollo básico de la Ley de Telecomunicaciones y Sanidad, sino del desarrollo reglamentario de la ley de actividades clasificadas.

Por lo tanto, no nos cabe la posibilidad de utilizar una ley para desarrollar... para regular estas materias, sino que tenemos que ir al desarrollo reglamentario, que es lo que hace la Junta de Castilla y León. El contenido del decreto coincide en una gran parte con la Proposición de Ley socialista, hay algunas diferencias; pero esas diferencias no mejoran en nada el decreto, todo lo contrario: yo pienso que lo entorpecen y lo empeoran.

En cuanto al ámbito de aplicación, se regula en la Proposición de Ley, además de las antenas... de las antenas relacionadas con la transmisión, las de recepción; lo cual complica de tal manera el control de lo que puede suceder que cualquier antena recepción de una onda radioeléctrica tendría que ser sometida a esta ley, con lo que supondría el caos en la regulación de esta materia.

En materia de órganos competentes, usted ha introducido aquí en su exposición que en esa Comisión deben de estar presentes todas las Consejerías afectadas; pero lo que dice el Proyecto de Ley es que solo debe de estar la Consejería de Fomento, la Dirección General de Telecomunicación. Es decir, no tienen en cuenta ustedes que es una materia interdisciplinar en la que tendrían que resultar afectadas Consejería de Medio Ambiente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor, concluya.

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ:

(Sí, señor Presidente, termino en un momento). ... Medio Ambiente, Fomento y Sanidad. Y ustedes no lo hacen en su Proposición de Ley. Al definir el operador se refieren a todo tipo de operadores, y bueno sería decir que hay diferentes tipos de operadores: operadores de instalaciones y operadores de servicios. Al compartir esas infraestructuras, ustedes dicen que en todo tipo de instalaciones; sin embargo, convenga usted conmigo que compartir instalaciones en materia de televisión... de ondas de televisión es muy difícil, porque es una concesión y se le ponen condiciones que no tienen por qué compartir una de telefonía móvil. Debería reducirse solo, desde nuestro punto de vista, a la telefonía móvil.

Y en cuanto a las medidas de protección de la salud, con los niveles máximos, ustedes han reducido o aumentado los límites de manera muy importante. Nosotros pensamos que los límites establecidos por la Unión Europea son más que suficientes, según los estudios científicos, para que los posibles e improbables riesgos a los que se ven sometidos las personas que están dentro del campo de las ondas radioeléctricas queda suficientemente protegida.

Por lo tanto, no vemos que mejore en nada su Proyecto de Ley, aunque quisiéramos copiarlo y aunque quisiéramos incorporar algo de él, no serviría para mejorar el decreto que la Junta de Castilla y León tiene.

En conclusión, Señorías, el mensaje del Grupo Popular es el siguiente: hay que mandar el mensaje de que las radiaciones eléctricas de las antenas no perjudican la salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquellos que sienten la alarma por lo que esto... pueda suceder, puesto que son estudios que pueden cambiar en cualquier momento, es necesario regular a esta materia, y no solamente -también, como se hace por usted-, no solamente las instalaciones que se vayan a hacer en el futuro, sino como hace ese decreto, las instalaciones que ya están instaladas y con plazos más cortos que los de su Proposición de Ley, porque en el decreto se proponen plazos más cortos. Y hay que lanzar el mensaje de que este decreto, que en breves días, que en muy poco tiempo va a estar en vigor, respeta, resuelve el problema, no solamente de las instalaciones que ya están... que se pueden hacer en el futuro, sino las antiguas.

Por eso, Señorías, aun admitiendo el esfuerzo que ustedes han hecho y la preocupación que ustedes tienen por regular esta materia, pensamos que no se puede hacer esta regulación por Ley, pensamos que el contenido del decreto de la Junta es más completo y mejor que el Proyecto de Ley de Castilla-La Mancha, y, por lo tanto, no nos queda más remedio que negarnos a regular una materia que nosotros creemos que debe regularse... y de lanzar el mensaje de tranquilidad a la sociedad que acabamos de lanzar. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Para la réplica, señor Losa, tiene la palabra.

EL SEÑOR LOSA TORRES:

Gracias, señor Presidente. Dos precisiones que nos parecen fundamentales para rebatir la argumentación del señor Huidobro, abogado, y que, a mi juicio, en este caso creo que no lleva razón.

Mire usted, nuestra Ley no es el desarrollo de la Ley de Actividades Clasificadas; es que es el error que ustedes tienen. Es que esta Ley... esta Proposición de Ley -perdón- no es el desarrollo de la Ley de Actividades Clasificadas; para ese viaje, señor Huidobro, no se necesitan alforjas.

La... el Tribunal Supremo... perdón, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Burgos -donde usted es residente y nacido-, ha fallado el once de octubre y ya reconoce que las instalaciones de telefonía móvil es una actividad clasificada. Para ese viaje, no se necesitan alforjas. Si nosotros no queremos... no es el objetivo de esta Ley el clasificar o el incluir esta actividad en la Ley de Actividades Clasificadas; si ya lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, con eso ya nos valdría. Claro, que ustedes nunca han dicho lo mismo: el once de julio del dos mil, el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León decía que era una actividad clasificas; el once de enero del dos mil uno, un informe -que aquí lo tengo- del Jefe del Servicio de Protección Ambiental de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente dice claramente, en su punto cuatro, que "estas actividades no son objeto de inclusión como actividad clasificada" (así de nítido, oiga: el once de enero del dos mil uno); y ahora viene usted aquí a salvarnos la vida, diciendo que con ser actividad clasificada todo está ya salvado y, desde luego, vamos a hablar de un decreto que no se ve y que todavía no existe. No me venda usted cosas que no han publicado todavía.

Y nada le impide, nada le impide, señor Huidobro -y usted lo sabe igual que yo-, que cualquier iniciativa se pueda desarrollar con el acuerdo de esta Cámara, en sede parlamentaria, que es donde se pueden... se pueden aumentar y corregir deficiencias que se puedan tener en cualquier texto, incluido el que presenta el Grupo Socialista.

Y que para eso se está en esta Cámara: para que ustedes puedan aportar -que seguro que lo harían- muchas virtudes a añadir a este Proyecto de Ley. Y no se... y no se empecine en esta situación.

¿Evidencias científicas? Mire usted, evidencias científicas... la Recomendación de la Unión Europea es derivada del Consejo de Ministros de Sanidad realizado en julio del noventa y nueve, donde se establece una Recomendación, y con valores mínimos, donde se reconocen los efectos térmicos, pero no se reconocen otros efectos que puedan existir no térmicos.

Pero es que le voy a... le voy a dar una... una serie muy pequeña, pero creo que importante -y hay muchísimas más-, mire usted, de las evidencias científicas: de cada cien... de cada cien estudios, ochenta dicen que son nocivos y veinte dicen que no; tan... tan importantes unas como otras. Ahora, mayor número las que dicen que son nocivas.

La Organización Mundial de la Salud dice: "A pesar de que el estudio realizado en el noventa y siete -esto es de junio de dos mil- encontró que los campos de radiofrecuencia incrementan la tasa de ratones genéticamente manipulados que desarrollan leucemia...". Se han encontrado evidencias; lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tiene un grupo de estudio, en respuesta a la... a la inquietud del público, la Organización Mundial ha establecido el proyecto internacional de campos electromagnéticos para evaluar las evidencias científicas de lo posibles efectos en la salud... en la salud.

Mire usted, veintisiete de junio del dos mil uno -calentito-, mire usted, de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, auspiciada por Naciones Unidas, dice: "La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer encuentra evidencia limitada de que los campos electromagnéticos incrementan el riesgo de leucemia infantil". Y esto no es alarma, señor Huidobro, esto no es alarma; esto es evidencias de gente tan seria como la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, señor Huidobro.

Por lo tanto, no vengan ustedes aquí a decir que hay evidencias científicas de lo contrario: hay un riesgo evidente para la salud. Y, ante los riesgos evidentes para la salud, lo que establece cualquier... cualquier sentido común es poner medios para que no pueda ocurrir ningún problema y, sobre todo, si hay poblaciones que puedan sufrir un riesgo potencial. Y eso hay que tratar de evitarlo a toda costa; más vale equivocarse por exceso que no por defecto.

Mire usted, no podemos estar esperando que se confirme o no -pero imagínese que se confirma- que estas instalaciones producen un efecto nocivo para la salud de mayores, de menores y de todos. No podemos estar esperando para poner las medidas suficientes.

Mire usted, en Salzburgo, la Recomendación allí establecida se está aplicando en esta ciudad suiza. Es una distancia equivalente para una antena de cuarenta vatios de trescientos metros. Y allí, llame usted por teléfono ahora, coja su teléfono móvil, salga de este castillo -que no se oye- y póngase ahí, en la explanada, y conecte con Salzburgo y verá cómo habla por teléfono perfectamente. Y, allí, las antenas están a trescientos metros de distancia de la población.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Señor Huidobro, para su turno de dúplica, tiene la palabra.

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ:

Gracias, señor Presidente. Insisto en que el mensaje que ambos Grupos estamos mandando o emitiendo a la sociedad es el mismo. El mensaje es: es necesario tomar medidas, regular la instalación de las antenas colectivas, aunque no sea... -y aquí ya diferimos- aunque no sea por más que por la alarma que opiniones lanzadas al público ha creado en la sociedad. Le he dicho más: por la alarma que en esta Comunidad Autónoma existe en la actualidad.

Sería más que suficiente esa alarma social -que sí que es un hecho cierto- para que la Junta de Castilla y León se preocupara, para que los Grupos Parlamentarios se preocuparan de hacer o de establecer una regulación del establecimiento de las antenas de las ondas radioeléctricas. Es más que suficiente. Y eso es lo que ha hecho la Junta y eso es lo que han hecho ustedes con esta iniciativa.

Y yo lo que le digo es: a partir de ese momento, ustedes pretenden que esto lo regulemos por ley; y yo le digo: no se puede regular por ley. Y no se puede regular por ley, porque usted ha hecho una afirmación que no es cierta. No quiero ponerme pedante -como dice usted, por ser abogado-, pero es que no es cierto que en estas Cortes, que en esta Cámara se pueda legislar sobre cualquier cosa y sin límite ninguno. Precisamente, hay normas básicas que la Constitución dice que deben de respetarse en todo el ámbito nacional; normas básicas que las Comunidades Autónomas sólo pueden desarrollar... sobre lo que las Comunidades Autónomas sólo pueden desarrollar mediante ley, una ley que se llama una norma básica, una ley de desarrollo o una... o la ejecución de esa ley.

Esta ley de desarrollo tiene que ser una Ley, no puede ser un decreto. Es más, no puede haber normas básicas que sean reales decretos. Por lo tanto, no podemos desarrollar el real decreto que regula esta materia en el Estado. Está claro que tiene que ser, necesariamente, el desarrollo de la Ley de Telecomunicaciones y de Sanidad por una ley. Por eso, en Castilla-La Mancha no han tenido otro remedio que aprobar una ley; que tiene problemas -que creo que se la han recurrido-, tiene problemas, porque no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque a tiempo no hicieron el desarrollo normativo de la Ley de Sanidad, de la Ley de Telecomunicaciones, de lo que en aquel momento era el desarrollo de las actividades que llamaban... aquel famoso Decreto de "Actividades Molestas, Insalubres y Nocivas".

No teniendo esa Ley, necesariamente tienen que irse a aprobar una ley para regular la materia.

Pero aquí tenemos una ley, y lo que dice esa ley, en su Artículo segundo, es que trata de regular cuál es el funcionamiento, las autorizaciones y limitaciones de esas actividades. Y, entre esas actividades, cuando no están incluidas, no vale que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León diga que eso ya es una actividad clasificada. No lo puede decir; me sigue confundiendo. Si el Tribunal Superior de Castilla y León no puede dictar ninguna norma; podrá resolver un caso concreto y decirle a un señor lo que tiene que hacer. Pero de ninguna manera puede sustituir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la actividad, la función propia de esta Cámara, que es dictar normas. Por mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León diga que esto es una actividad clasificada, mientras la Junta no lo diga mediante un decreto -que es lo que dice la ley-, es como si no hubiera dicho nada. Habrá resuelto el caso concreto del señor que acudió al Tribunal; pero no puede de ninguna manera crear una norma.

Por lo tanto, no es así como se plantean las cosas. Esta Cámara... los límites, dice usted.

Y me ha hecho referencia a una serie de opiniones científicas. No conozco ninguna... escrito de la Organización Mundial de la Salud donde diga que las ondas radioeléctricas que proceden de las antenas de los... de las antenas de televisión producen un riesgo para la salud; no conozco ninguna declaración de este tipo. Sí conozco declaraciones -que yo no he hecho la que usted ha hecho- que dicen que no está acreditado de ninguna manera que estas ondas radioeléctricas sean un riesgo para la salud; también es verdad que se curan en salud y dicen "con los actuales estudios".

Y ahora usted me dice: bueno, por si acaso en el futuro estos estudios dicen que hay un riesgo, vamos a multiplicar por cien o por mil las limitaciones para emitir estas ondas. Bueno, pues multiplique usted por cien o por mil y lo que conseguirá será, pues, que no funcionen en esta Comunidad Autónoma ninguno de los sistemas de transmisión de voz, datos e imagen; con lo cual quedaremos sometidos en esta Comunidad Autónoma a quedarnos los últimos de la cola, porque es el sistema, son los procedimientos, son los medios que está utilizando cualquier pueblo adelantado hoy para desarrollarse económica y socialmente. Porque es tan importante un teléfono móvil para salvar la salud, para salvar la vida de un ciudadano, como lo es el improbable peligro que suponga para la... que un señor se pueda morir como consecuencia de la radiación de una antena.

Ustedes dicen: "Nosotros lo hemos resuelto, porque ponemos una distancia". Mire usted, la distancia no significa nada, porque si usted pone... -termino, señor Presidente, que veo que se enciende la luz-, si usted pone a una distancia de diez metros, superior a diez metros, a un señor donde hay una antena, lo que tendrá que medir es si la radiación tiene los límites establecidos, porque puede haber una antena en la que haya emisiones... una, dos, tres, cuatro o cinco, distintas de telefonías. Y esos diez metros no le garantizan a ese señor que dentro de esos diez metros, dentro de ese paralelepípedo que ustedes dicen que existe en su Proposición de Ley, no hay, no... los límites de la radiación no están por encima de los límites establecidos en la Ley.

El borrador me dice: "Un borrador que no sabemos si existe". Mire usted, me comprometo a decirle una cosa: antes de Navidad ese decreto está ahí; y ese decreto va a resolver los problemas actuales... los problemas actuales, los que surjan, y los problemas anteriores, con plazos más cortos que los que ponen en la Proposición de Ley.

Y, por lo tanto, no es motivo ninguno para que esa Proposición de Ley... para que lo que ustedes tienen en esa Proposición de Ley puedan mejorar en lo más mínimo el decreto que la Junta tiene, y ese decreto lo conocen ustedes...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, por favor.

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: ...

. porque han estado en manos de todos los Ayuntamientos y asociaciones de vecinos de esta Comunidad Autónoma. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Para fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rad.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Gracias también, y nuestra felicitación, al Grupo Parlamentario Socialista por traer a esta Cámara esta Proposición de Ley; una Proposición de Ley que la ha tenido que presentar un partido de la Oposición a falta de que aquí se nos plantee un Proyecto de Ley por parte de la Junta de Castilla y León, lo cual no nos dice nada más que el Gobierno Regional no se ha atrevido -hasta el momento- a intentar ordenar el panorama de las antenas de telecomunicaciones.

Una... un retraso, un retraso evidente, que ha motivado una grave preocupación social. La preocupación social existía, y lo único que ha hecho este vacío legal ha sido acrecentarla. Y una grave preocupación social, entre otras cosas, porque ha habido un vacío completo, no solamente en legislación a nivel regional, sino también en legislación a nivel nacional. Únicamente, en el pasado mes de septiembre se ha publicado, por fin, un real decreto que intentaba regular estas instalaciones. Un vacío legal consentido; un vacío legal que creo que ha sido permitido y amparado por oscuros intereses, fundamentalmente porque estamos moviéndonos en el terreno de las telecomunicaciones, donde hay demasiados intereses privados; y un vacío legal que ha conducido a la proliferación de una forma absolutamente abusiva y aberrante de todo tipo de instalaciones de antenas de telefonía, con una multiplicidad en las mismas claramente excesiva.

Ustedes han tenido tiempo suficiente como para desarrollar ese famoso decreto; un decreto del que han elaborado un borrador; un borrador que han repartido a lo ancho y a lo largo de nuestra Comunidad Autónoma; un borrador que hemos tenido acceso, efectivamente, hemos tenido acceso no porque ustedes lo hayan dirigido a los partidos políticos, sino porque nos hemos tenido que dirigir, precisamente, a esas otras entidades y asociaciones ciudadanas a las que ustedes se lo habían hecho llegar. Un retraso que yo achaco, no a un interés en ser más exhaustivos, en mejorar la legislación, no a un interés en fomentar la participación pública, sino al interés único de no estar por delante de la legislación del Estado. A ustedes lo único que les interesaba era no sacar nada aquí, no legislar nada aquí que no hubiera sido legislado ya previamente en Madrid; porque son ustedes absolutamente subsidiarios, subsidiarios de lo que les dictan... de lo que les dicen en Madrid. Éste va a ser un decreto, una vez más, teledirigido desde Madrid -y nunca mejor dicho hablando de estas cuestiones-, como lo son otras leyes que ya vimos ayer por activa y por pasiva.

Son ustedes responsables, en parte, de esta alarma social. Y son ustedes responsables, en parte, de que se hayan cometido determinados hechos, como son instalaciones de telefonía localizadas en centros claramente que afectan a colectivos sensibles. Son ustedes los responsables principales de determinados casos que hoy están en las instituciones judiciales.

Yo creo que ésta es una iniciativa oportuna. Nosotros vamos a apoyar que se tramite esta Proposición de Ley y que se ponga fin ya de una vez por todas a este desastre. Primero, desde el punto de vista sanitario, existen suficientes informes como para que desde un punto de vista preventivo y precautorio se tomen las medidas oportunas. Y yo creo que no hay que ir a informes particulares de determinadas Universidades, sino hacernos eco por lo menos de esa falta de definición que existe. Y yo creo que es hora de poner fin a ese desastre desde el punto de vista paisajístico y ecológico. Y sobre todo es hora de poner fin... -y es algo que no lo van a poder hacer nunca la Ley de Actividades Clasificadas, aunque incluyamos las antenas dentro de esta Ley- es hora de poner fin a una desigualdad patente que existe, y es que mientras en las ciudades la cobertura es prácticamente total, al cien por cien, en el medio rural y en muchas de nuestras comarcas de Castilla y León la cobertura no está garantizada, ni hoy ni dentro de diez años, porque está en manos de la iniciativa privada y en esas zonas, evidentemente, nunca va a ser rentable.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Concluido el debate, ¿las Cortes toman o no en consideración esta Proposición de Ley para la reordenación de la radiocomunicación... de las instalaciones de la radiocomunicación en Castilla y León? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y nueve. Veintitrés a favor. Cuarenta y tres en contra. Y tres abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada la toma en consideración de esa Proposición de Ley.

Y ruego al señor Secretario dé lectura... al señor Vicepresidente del decimocuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Decimocuarto punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 2/94, de nueve de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Mixto".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se abre un turno para la presentación de la propuesta por los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios que la suscriben. Por el Grupo Mixto, señor Rad, tiene la palabra para hacer la presentación.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, porque yo creo que éste es un... una Proposición en la que todos los partidos estamos de acuerdo. Y es una Proposición que, además, pues de alguna manera lo único que hemos hecho es recoger lo que desde la propia institución del Procurador del Común se nos ha aconsejado.

La verdad es que yo llevo en esta Cámara dos años y poco más, pero ésta debe ser una cuestión pendiente, sobre todo larga... a lo largo del tiempo, o que ha estado presente a lo largo del tiempo. Una reforma que no ha salido... que sólo se explica que no haya salido por falta de voluntad política. Eso es lo único que ha faltado a esta Cámara para que salga esta Proposición. Y más que a esta Cámara, eso es lo que ha faltado en el Partido Popular para que esta Proposición no haya visto la luz hace ya años, y no porque fuera necesaria, sino porque era incómoda, fundamentalmente era incómoda.

Una Proposición que lo único que intenta es dignificar el cometido de un comisionado parlamentario como es el Procurador del Común; un comisionado parlamentario, una institución que se está consolidando en Castilla y León y que es referente para muchos ciudadanos; y una Proposición que lo único que intenta hacer es eficaz su labor. Ésa es... éste ha sido un deseo manifiesto por el Procurador del Común y ha sido un manifiesto ignorado por esta Cámara.

Yo creo que los beneficios de esta reforma lo van a percibir, primero, todos los ciudadanos -todos los ciudadanos tendrán mayores garantías de eficacia de una institución estrictamente necesaria- y, en segundo lugar, la propia Comunidad Autónoma, el funcionamiento de nuestras propias instituciones -las regionales y las locales-.

Sí que me gustaría en esta toma de consideración traer a colación otras reformas también planteadas, también presentadas desde largo tiempo atrás: la reforma, por ejemplo, del Reglamento de la Cámara, la reforma o la aprobación de las Proposiciones sobre el Consejo Consultivo y el Tribunal de Cuentas, u otras Proposiciones que han sido objeto de planteamiento social, que no están saliendo precisamente por falta de esa voluntad política. Yo animo aquí al partido que tiene la mayoría absoluta en la Cámara, así como ha dado trámite por fin a esta Proposición de Ley, que culmine ya con todas estas reformas pendientes, que lo único que nos hacen es ralentizar una labor parlamentaria y, desde luego, las garantías de los ciudadanos de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Comparte el turno por el Grupo Mixto ahora el señor Otero, de la Unión del Pueblo Leonés.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, Presidente. Únicamente para congratularnos de que después de tanto tiempo pueda salir adelante esa reforma de la Ley del Procurador del Común, que llevaba -insisto- mucho tiempo esperando. No es la que a nosotros nos hubiera gustado, puesto que a nosotros nos hubiera gustado que tuviera un mayor carácter coercitivo, menos plazos... o más cortos los plazos para contestar por parte de las Administraciones, y que en la Ley se consagrase la sede en la ciudad de León, que es donde está de hecho.

Pero, en fin, es mucho mejor esto que lo que teníamos anteriormente, y por eso apoyamos y nos congratulamos de que este Proyecto de Ley pueda ser rápidamente una realidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Por el Grupo Socialista, señor Martín Martínez, tiene la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Presidente. Y también rapidísimamente. Simplemente para mostrar la satisfacción, una vez más, desde el Grupo Parlamentario Socialista por esta modificación en la Ley del Procurador del Común; satisfacción por el acuerdo al que hemos llegado. Obviamente, no es una satisfacción completa porque también entendíamos que hay otros elementos que debían ser aprovechado el momento para ser modificados y no ha sido así; pero, en todo caso, no renunciamos a modificaciones más amplias.

No vamos a repetir el debate que se produjo hace muy poco en relación al último Informe del Procurador del Común, donde quedó clara la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación a las reformas que creemos imprescindibles. Sí vamos a decir únicamente que, una vez que se ha producido esta reforma, sólo falta la reforma importante -para nosotros la fundamental, y creemos que para el Procurador-, que es que las Administraciones realmente hagan caso al Procurador del Común y no se repita el espectáculo al que venimos asistiendo año tras año de que son las mismas quejas, los ciudadanos siguen quejándose de las mismas actitudes de la Administración, las recomendaciones son las mismas y, en todo caso, no se solucionan.

No quiero ser -para finalizar- aguafiestas en este momento, pero es necesario tener en cuenta, además... además de lo que conseguimos con esta reforma, lo que falta, que es -como digo- un... una mayor consideración por parte de las Administraciones, y en concreto de la Administración Regional, de la labor del Procurador haciendo caso a sus recomendaciones.

Y para finalizar también, tampoco quiero ser aguafiestas, pero sí quiero recordar que en esta línea de acuerdo similar a la que ha favorecido la reforma de la Ley del Procurador hay otra serie de acuerdos que ahora mismo están totalmente paralizados: unos ya en la Cámara, como el Consejo de Cuentas o el Consejo Consultivo, que esperamos que sean aprobados a la mayor brevedad. Y quiero denunciar públicamente en este momento la paralización absoluta de una serie de acuerdos que se habían iniciado, que se habían puesto en marcha y que han sido radicalmente paralizados por parte de la mayoría del Partido Popular. Me estoy refiriendo a la Reforma del Reglamento de estas propias Cortes Regionales y, desde luego, a la puesta en marcha de la Fundación Villalar, para la cual no observamos absolutamente ningún interés de puesta en marcha por parte de... del Partido Popular.

Sin más, simplemente volver a congratularnos de la reforma, a la que procedemos en este momento, de la Ley que regula la actuación del Procurador del Común. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Armisén, tiene la palabra.

LA SEÑORA ARMISÉN PEDREJÓN:

Buenos días. Gracias, señor Presidente. Buenos días, Señorías.

En primer lugar, para unirme a la satisfacción del resto de los Portavoces de los otros Grupos Parlamentarios, porque creo que es un momento importante para esta Cámara, para la Institución y, sobre todo, para todos los ciudadanos de nuestra Comunidad de Castilla y León.

Creo que es importante, porque la reforma... los objetivos que perseguía la reforma (reforma que, por cierto, propuso -como ya han dicho otros Portavoces- el propio Procurador del Común), deriva, efectivamente, a lo largo del tiempo, de la experiencia, del funcionamiento de esta Institución desde hace más de siete años. La experiencia del funcionamiento de la institución del Procurador del Común es lo que ha llevado a la propuesta de la modificación de la Ley de esta Institución.

Entendemos que esta reforma va a profundizar en la mejora de los tres aspectos que propone el Procurador, que van a ser: mejorar el funcionamiento de la propia Institución, mejorar y ampliar la competencia de esta Institución y, en tercer lugar, entendemos que va a ser el compromiso de lo que también aquí se ha dicho: intentar que todas las Administraciones colaboren con mayor eficacia y mayor agilidad en los expedientes iniciados por el Procurador del Común.

Y, además, Señoría, sí que tenemos que decir que esta reforma de esta Ley y el consenso alcanzado por todos los Grupos Políticos ha supuesto la modificación de los tres preceptos propuestos, que son el Artículo 1.2, el Artículo 13 y el Artículo 19 de la Ley.

Así, el Artículo 1.2 amplía la competencia del Procurador del Común, la modificación. El Artículo 13 establece el plazo para la contestación de la Administración cuando se interpone la queja ante el Procurador del Común. Y el Artículo 19 establece también un plazo para que, una vez que el Procurador del Común ha resuelto, la Administración conteste por escrito en el plazo de dos meses.

Todo ello, y desde este Grupo Parlamentario entendemos va a contribuir -volvemos- a lo que yo creo que es el objetivo final de esta reforma y lo que ha sido la voluntad de todos los Grupos Parlamentarios, que ha sido y es la mejora de la protección de la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de nuestra Comunidad.

Esto ha puesto de manifiesto, este consenso de todos los Grupos Políticos -entendemos-, la voluntad del Grupo mayoritario de que exista un consenso y un diálogo en todas las materias de lo que sea desarrollo estatutario.

Así, a pesar de que se han hecho críticas desde los Portavoces de otros Grupos, entendemos que nuestro Grupo está abierto al diálogo y al consenso en estas materias de desarrollo, como así lo pone de manifiesto la aprobación hoy de esta reforma; por lo que creo que todos los miembros de esta Cámara debemos felicitarnos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Concluida la intervención de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, ¿las Cortes toman o no en consideración esta Proposición de Ley para modificar la Ley del Procurador del Común? ¿Se puede aprobar por asentimiento? Queda aprobada esta Proposición de Ley.

Y, en consecuencia, entrando ya en el decimoquinto punto del Orden del Día, se propone, de acuerdo con la Mesa y oído el parecer favorable de la Junta de Portavoces, se propone -digo- al Pleno de las Cortes la tramitación por el procedimiento de lectura única de esta Proposición de Ley. ¿Se aprueba la propuesta de tramitación por lectura única por asentimiento? Se aprueba. Queda aprobada.

Y pasamos al debate y votación de la misma, que es el decimosexto punto del Orden del Día.

¿Se puede someter directamente a votación el Artículo 1 y único, junto con la Exposición de Motivos? ¿Se aprueba por asentimiento? De esta forma, queda aprobada la Ley de Modificación de la Ley 2/94, de nueve de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León.

Y pasamos al decimoséptimo punto del Orden del Día, que, señor Vicepresidente, le ruego enuncie.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

"Debate y... Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Educación y Formación de Personas Adultas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para la presentación del Proyecto de Ley, en nombre de la Junta, el señor Consejero de Educación y Vicepresidente tiene la palabra.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Es una satisfacción poder presentar ante esta Cámara el Proyecto de Ley de Educación y Formación de Personas Adultas que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en su reunión del día veinticuatro de mayo del dos mil uno.

Con este Proyecto, la Comunidad de Castilla y León hace uso de las competencias que le atribuye el Artículo 35.1 del Estatuto de Autonomía en lo referente al desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de conformidad con el derecho a la educación, reconocido en el Artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que lo desarrollan.

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, en su Título III, reestructuró esta modalidad educativa, consagrando la educación permanente como un principio básico del sistema educativo, de forma que las personas adultas puedan adquirir actualidad, complementar o ampliar sus conocimientos y aptitudes, en orden a su desarrollo personal y profesional.

Con este Proyecto se desarrolla lo establecido en la LOGSE y cumplimos con el Acuerdo por la Mejora del Sistema Educativo de Castilla y León, estableciendo el marco jurídico adecuado para la consecución de otros compromisos referidos a la ampliación progresiva de las ofertas formativas en el ámbito de la Educación Permanente de Adultos, la atención preferente a las zonas rurales y la participación de las Administraciones Locales en el Plan Regional de Adultos e Igualdad de Oportunidades.

En la elaboración de los proyectos, uno de los aspectos más destacados ha sido el permanente diálogo con los sectores afectados. Se han celebrado reuniones de debate con todas las organizaciones sindicales, entidades privadas sin ánimo de lucro que lo han solicitado, con profesores, inspectores, directores de centros, asesores de adultos y representantes de Ayuntamientos y Diputaciones, para que todos los ámbitos de la educación y formación de personas adultas pudieran aportar ideas, opiniones y puntos de vista.

En el seno del Consejo Escolar de Castilla y León se constituyó una subcomisión de estudio que emitió un informe en el que se señalaban diversas consideraciones que se incluyeron en el borrador del Anteproyecto de Ley; con lo que, finalmente, el Pleno del Consejo Escolar emitió un Dictamen favorable por unanimidad.

El principio de educación permanente significa que la formación de la persona no queda limitada a la infancia y a la juventud, sino que se convierte en una dimensión sociocultural presente durante toda la vida. Esta consideración ha supuesto un vuelco radical en los planteamientos de aquella educación de adultos que orienta sus objetivos exclusivamente en la formación básica y meramente académica.

Sin renunciar a cubrir las necesidades de las personas que demandan formación para compensar deficiencias o insuficiencias escolares, la educación de adultos encara hoy el reto de su modernización, extendiendo su ámbito de actuación hacia la formación y actualización profesional de forma permanente, con la mirada puesta en las necesidades culturales de la sociedad.

Mejorar la cualificación de las personas, actualizar permanentemente su formación a lo largo de la vida activa y elevar el nivel cultural y participación social son los principios fundamentales sobre los que gira el texto de ley.

Asimismo, consideramos de extraordinaria importancia la destinada a la población adulta en las zonas rurales, así como en la periferia de nuestros núcleos urbanos donde se detecten deficiencias de tipo sociocultural o problemas diversos para la inserción en el mundo laboral.

El texto normativo se estructura en cinco títulos, veinte artículos, disposición transitoria y cuatro disposiciones finales.

En primer lugar, delimita el ámbito de aplicación y objetivos, partiendo de una definición amplia de la educación y formación de personas adultas, donde tienen cabida todos los procesos de aprendizaje dirigidos a quienes hayan superado la edad máxima de escolarización obligatoria.

Entre los objetivos, quiero destacar los siguientes: en primer lugar, garantizar la educación y formación de las personas a lo largo de toda la vida; en segundo lugar, asegurar los recursos necesarios para poder llevar a cabo los objetivos propuestos; en tercer lugar, elevar el nivel de educación básica y cualificación profesional de la población adulta; en cuarto lugar, atender a las demandas que impone una sociedad cambiante; en quinto lugar, favorecer la inserción sociolaboral y comunitaria de las personas, con especial atención a los colectivos desfavorecidos; en quinto lugar, promover el acceso a los distintos niveles del sistema educativo y potenciar las modalidades de educación presencial y a distancia; en séptimo lugar, conseguir el equilibrio existente entre el ámbito rural y el urbano; y en octavo lugar, promover el conocimiento de nuestra realidad regional, nacional y de la Unión Europea, y fomentar las actividades de estudio e intercambio de experiencias.

Para la consecución de estos objetivos, en segundo lugar, se establecen las áreas en las que se llevarán a cabo las diferentes acciones y diversidad de programas formativos relacionados con la alfabetización, la obtención de titulaciones regladas que permitan acceder al mundo del trabajo y a otros niveles del sistema educativo; los destinados a colectivos desfavorecidos; los orientados a promover el conocimiento de la Comunidad; los específicos para inmigrantes; o los que fomentan el estudio de idiomas, usos de tecnologías de la información, la dimensión europea o la creatividad y el enriquecimiento cultural.

En tercer lugar, se establece el régimen jurídico de los centros en los que se impartirán estas enseñanzas, así como la titulación, cualificación y especialización que deberá tener el profesorado que imparta las mismas. Contempla la posibilidad de contar con personal colaborador en los centros públicos específicos, sin olvidarse de las modalidades de formación del profesorado.

En cuarto lugar, el Proyecto define los destinatarios de los programas formativos y posibilita su participación en los órganos de representación, creándose el Consejo Regional de Educación y Formación de Personas Adultas.

Excepcionalmente, y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, también podrán acceder a determinados programas los menores de dieciocho años y los mayores de dieciséis.

Consideramos de extraordinaria importancia la regulación que establece sobre la garantía de acceso prioritario a los programas desarrollados en los centros específicos de adultos para población carente de formación básica o con dificultades para su inserción laboral.

Por último, el proyecto prevé el sistema de financiación que garantiza la suficiencia... la suficiente financiación para el desarrollo y consecución de los objetivos marcados, a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad, y la participación de instituciones públicas y privadas a través, también, de la firma de convenios que van a impulsar la labor que vienen realizando las entidades locales o instituciones privadas en esa modalidad educativa.

El posterior desarrollo reglamentario, sobre la base de las directrices marcadas por la Ley, va a permitir la aprobación del currículo específico de estas enseñanzas, el establecimiento de plantillas de profesorado adecuadas, así como completar y ampliar la red de centros e implantar una oferta formativa adaptada a este tipo de alumnado, tanto en la modalidad presencial como a distancia.

Se elaborará el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación de Personas Adultas en un plazo no superior a seis meses, con lo que Castilla y León será una de las primeras regiones en establecer esta normativa de organización y funcionamiento de los centros, reivindicada desde hace tiempo por la comunidad educativa.

En definitiva, Señorías, el Proyecto de Ley que presentamos establece un nuevo marco de referencia para la educación de adultos, que va a permitir, primero, que la educación y formación de personas adultas, tanto en la modalidad presencial como a distancia, y apoyadas en las nuevas tecnologías, tenga una oferta suficiente y adecuada a la realidad de Castilla y León.

Segundo, la extensión del derecho a la educación como un instrumento para erradicar desigualdades sociales, prestando atención preferente y específica a aquellos grupos con necesidades de formación, dificultades para su inserción laboral y para su desenvolvimiento en la sociedad.

Potenciar la colaboración con otras Administraciones Públicas e instituciones y diseñar políticas horizontales con los distintos departamentos de la Administración de la Comunidad.

En cuarto lugar, promover la formación y el perfeccionamiento del profesorado que desarrolla tareas en este campo educativo.

En quinto, la apuesta por las tecnologías de la información y comunicación que van a permitir, por un lado, ampliar la Red de Centros de Educación a Distancia y, por otro, formar personas capaces de adaptarse a los cambios y adquirir esas nuevas cualificaciones durante la vida laboral.

Para concluir, Señorías, considero que esta regulación va a permitir hacer efectivo el principio de educación permanente y, con él, conseguir para nuestros ciudadanos una mejor y más amplia preparación personal y mayores posibilidades de inserción y mejora en el mundo laboral. Por ello, espero que la misma sea apoyada por esta Cámara con el convencimiento de que el debate y las aportaciones que se produzcan a lo largo del procedimiento legislativo servirán para mejorar y enriquecer el Proyecto presentado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Consejero. Presentado el Proyecto, se abre el debate de esta Enmienda de Totalidad. Y para consumir un turno a favor de la misma, por el Grupo Socialista, don Cipriano González tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Y gracias también, señor Consejero, sinceramente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por presentar este Proyecto de Ley, que va a permitir a esta Cámara el que se abra un periodo de debate lo suficientemente intenso, espero que lo suficientemente fructífero, para que la Comunidad de Castilla y León, en un plazo no muy, razonablemente, largo tenga una Ley de Educación de Personas Adultas acorde con las demandas, no sólo del pasado, sino... ni siquiera del presente, sino que esté abierta, fundamentalmente, al futuro.

Y, dicho esto, para que no haya ninguna duda de la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a este Proyecto de Ley, tengo que empezar, lamentablemente, diciéndole lo mismo que le decía a usted ayer. Y es que lo que usted nos acaba de ofrecer aquí es un poco más de lo mismo -entiéndame lo que le quiero decir-, tienen ustedes asumida y aprehendida -con "h" intercalada, ¿no?, lo de aprehendida- una filosofía que, efectivamente, es muy difícil oponerse a esa filosofía que ustedes aquí emanan... de esa doctrina que desde aquí ustedes propugnan, nos podamos oponer. Pues no, no nos oponemos -y entiéndalo usted-, no nos oponemos. Pero es que luego ustedes no trasladan... si alguien de este Grupo, de este Parlamento o de los que nos están viendo o nos están escuchando pudieran leer... pudieran leer el texto de la Ley, del Proyecto de Ley, y lo que usted ha dicho aquí -digo siempre el mismo ejemplo-, ni con la linterna de Diógenes lo conocerían, señor Consejero, se lo aseguro.

¿Por qué? Pues, porque... porque usted habla de derechos... -por poner un ejemplo, que a mí me interesa mucho, que es nuestra primer y principal objeción a este Proyecto de Ley, que es por lo que le pedimos devolverlo al Gobierno-, usted habla de la educación como un derecho, ¿me quiere decir a mí dónde se plasma eso con nombres y apellidos? Perdón, ¿me quiere usted decir a mí en qué artículo de la Ley, que no sea genéricamente en la Exposición de Motivos, donde se reconozca que la educación de adultos o de personas adultas es un derecho? Lo dice la Constitución, lo dice la LODE y lo dice también... me va a permitir, me va a permitir... me va a permitir que le lea la Declaración que se hizo en El Escorial, en mil novecientos noventa y cinco, en la Tercera Conferencia Europea de Educación de Adultos, decía... declaran y proponen los participantes en la Tercera Conferencia, dicen: "En nuestro mundo, las personas adultas han de ser consideradas como sujetos genuinos de educación y formación a lo largo de toda su vida, independientemente de toda consideración de edad, sexo o condición socioeconómica, o de falta de oportunidad durante su pasado formativo; lo son por el derecho de acceso a la oferta de bienes y servicios culturales, educativos y formativos presentes en la Comunidad". Y lo dice la Constitución, y lo dice la LODE.

Por lo tanto, señor Consejero, es muy importante que la Ley recoja... el Proyecto de Ley que ahora presenta usted recoja o hubiera recogido el que esto es un derecho; porque, si no, volvemos... -como yo le decía ayer-, parece que es graciable. Y en la educación de personas adultas no tiene por qué haber nada graciable. Primera consideración de nuestra oposición frontal a su Proyecto de Ley.

Segunda, segunda, fundamentalmente, mire, los docentes tenemos muy claro que cuando uno hace una programación, cuando uno hace un proyecto educativo, hay una cosa que no se nos puede olvidar, y es... es o son los destinatarios. Los destinatarios son esenciales, los destinatarios son fundamentales porque todo lo que nosotros vayamos a hacer después en nuestro... en nuestras acciones, objetivos y demás, tendrá que estar en función de a quiénes va dirigido.

Pues bien, señor Consejero, nada, nada, de una manera general, a qué sociedad va dirigido este Proyecto de Ley. De tal manera, que podría ser perfectamente aplicable a La Rioja, a Andalucía, a Galicia, a Extremadura, o a Castilla-La Mancha. Y yo creo que nuestra Comunidad... nuestra Comunidad tiene unas características extraordinariamente diferentes que hace que la educación de adultos, de... el Proyecto de Ley, la Ley que vaya a ser impuesta, o que vaya a ser declarada, que vaya a ser aprobada y que, por lo tanto, vaya a gestionar la educación de adultos tenga que tener claramente un apartado que diga a quiénes va dirigido, quiénes son los beneficiarios, los usuarios, y cómo lo vamos a hacer.

En tercer lugar, nos oponemos también a este Proyecto de Ley -no a la Ley en general, sino a este Proyecto de Ley- porque no contempla algo que es fundamental también en esto, que es la historia. La historia reconoce que no siempre... no siempre el Estado se ha preocupado de este problema. Muchos años, desgraciadamente, han tenido que ser colectivos, instituciones sin ánimo de lucro, la Iglesia, quienes han tenido que dedicar gran parte de sus actividades formativas... a veces con otras connotaciones, pero, fundamentalmente, instituciones sin ánimo de lucro, asociaciones de vecinos, asociaciones de todo tipo dedicaban esfuerzo, voluntad, tenacidad, a la educación de adultos. Nada, nada que reconozca esa situación histórica y que hoy en algunos lugares y, por ejemplo, especialmente en Valladolid, en la ciudad y en la provincia de Valladolid más que en otras, porque aquí han tenido mucha mayor implantación, hay que reconocerle esa cualidad y esa capacidad, y poco a los Ayuntamientos. Ahora mismo, la relación que tiene la educación de adultos con los Ayuntamientos son los convenios. Los convenios que tratan de facilitar el que esos Ayuntamientos, que son los que verdaderamente conocen la realidad, o los que mejor pueden conocer la realidad, pueden y deben -digamos- cooperar con la Administración competente en la materia -en este caso, la Junta de Castilla y León-, para obtener ese tipo de información que va a permitir después poner en marcha las acciones.

Pues bien, según nuestras informaciones van a desaparecer estos convenios, vamos a ir a un tipo de subvenciones. Nosotros... y yo le aseguro que me he reunido con mucha gente, responsables de este tipo de convenios, y en Ayuntamientos, y piden... piden, fundamentalmente, estabilidad, piden, fundamentalmente, capacidad para que pudiendo presentar proyectos con un tiempo -el que se defina-, puedan garantizarse el que no cada año -como está pasando ahora- tengamos que estar yendo a contratar personal, haciendo proyectos, siempre los mismos y, a veces, no muy razonablemente.

Además, este Proyecto de Ley... usted ha hecho hincapié, por ejemplo, en el Consejo Regional de Educación, pero no ha leído usted qué dice el artículo que lo recoge. El artículo dice que se creará; y nos deja tan ancho. No no, perdón, nosotros decimos: ¿usted quiere recoger el Consejo Regional de Formación Profesional... perdón, de la Educación de Personas Adultas? Perfecto, recójalo; pero avancemos, avancemos, no lo deje usted a los Reglamentos. Yo no le digo que perfilemos aquí con... milimétricamente quiénes van a ser los componentes, eso es del Reglamento; pero, por favor, afinemos y diga quiénes van a participar, qué colectivos van a estar, quiénes... cuáles son los objetivos. Todas esas propuestas nosotros, señor Consejero, se lo hemos planteado como Enmiendas.

Además, nos parece muy importante un elemento que no queda bien recogido y que yo creo que será objeto de un debate profundo y riguroso. Es el tema de la preponderancia que, a nuestro juicio, han de tener los centros específicos frente a los centros ordinarios.

Mire usted, si queremos... yo le decía el otro día a una persona que me llamó para interesarse por este asunto, hace veinte años, yo cuando llevaba ya algunos años en la docencia, recuerdo perfectamente la lucha feroz que muchos Ayuntamientos, y muchos padres, y muchos colectivos teníamos en los municipios para no perder las escuelas, en aquella política preconstitucional, y en los primeros años también de la época democrática, donde se hacían las concentraciones escolares, nadie quería perder la escuela, porque decían: "La escuela es el único lugar de cultura que tienen los pueblos". Hoy, hoy, señor Consejero, ante la ausencia de niños, probablemente, una de las pocas opciones que tengan muchos pueblos para tener vinculada la cultura es un centro de educación de adultos. Y necesitamos que, ya que no tenemos niños y tenemos adultos y personas mayores, dispongamos en los pueblos de centros específicos de educación de personas adultas, como elementos fundamentales que nos van a permitir mantener esa cultura y ese derecho que le decía antes habían acordado los que participaban en la Tercera Conferencia de El Escorial en materia de Educación de Adultos.

Y queremos que nos... y nos parecería mucho mejor que recogiera una característica especial de nuestra Comunidad. Y ya lo he discutido con usted, con su Coordinador y con el Director General, el famoso asunto de la enseñanza semipresencial, que este Grupo estaría dispuesto a que se hablara con otro nombre o se le pusiese otro nombre; pero no podemos renunciar al principio. Cambiaremos el nombre, aceptaremos el cambio de nombre; pero no el cambio de principio. ¿Y cuál es el principio que nosotros defendemos? Mire usted, nosotros estamos convencidos de que la educación básica de personas adultas, aquella a la que usted se dirige como algo a lo que todo el mundo tiene derecho y, sobre todo, los que tienen más dificultades, es muy difícil que se pueda utilizar a través de las modalidades a distancia. ¿Por qué? Porque requiere la percepción de los propios usuarios, de unos instrumentos que, desgraciadamente, la mayoría no tienen.

Si nosotros queremos llegar a esos adultos a través de la educación a distancia: fracaso total. Y, si no, yo le reto a cualquiera que le explique a un ciudadano de cincuenta, de cuarenta años, la ecuación de segundo grado a través del teléfono o por carta. Es absolutamente imposible. Ahora bien, ¿cómo planteamos nosotros que se puede realizar eso? Pues a través de lo que hemos definido como una enseñanza semipresencial, que comparta técnicas de formación a distancia con una mayor incidencia en lo presencial.

Se acaba el tiempo, habría mucho que hablar, tendremos mucho que hablar. Yo le invito, le invito, de verdad, a que reflexione el señor Consejero y su equipo. Esta es una Ley necesaria en esta Comunidad. Sí. Nos alegramos de que presenten el Proyecto, porque nos va a permitir avanzar sobre él; pero le recuerdo, señor Consejero, que esta Ley no es una Ley que tenga como principio fundamental el objeto que es nuestra Comunidad, y no creemos nosotros que los instrumentos que en ella se definen estén lo suficientemente afinados como para dar respuesta a las necesidades de la educación de adultos en nuestra Comunidad.

Sabemos, somos conscientes... -ya acabo, señor Presidente-, somos conscientes que es muy difícil que ustedes acepten el devolverle al Gobierno; le auguramos un debate leal en la fase de presentación enmiendas. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para ocupar un turno en contra, tiene la palabra don Raúl de la Hoz.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Muy bien. Muchas gracias, Presidente. Subo a esta Tribuna para mostrar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular al Proyecto de Ley presentado esta mañana por el Consejero y, a la vez, para rechazar la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Socialista.

Y yo, en primer lugar, porque... y creo que para avanzar en el debate también hemos de partir de una coincidencia, una coincidencia que tiene este Grupo Parlamentario con lo que ha expresado el Consejero, pero también con una parte importante de las cuestiones planteadas por el Propio Portavoz Enmendante.

Somos absolutamente conscientes, y somos absolutamente partidarios de defender siempre la importancia de la educación y formación de personas adultas, y somos también conscientes, lógicamente, de la importancia y la necesidad, y la oportunidad también, de que en estas Cortes se presente y se apruebe en el futuro una Ley propia de Castilla y León para la Educación y la Formación de Personas Adultas, destacando, en primer lugar, el carácter prioritario que da esta... que la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de Educación y Cultura a la educación... a la Ley de Educación y Formación de Personas Adultas. Recordando que ésta es la primera Ley que se hace por parte del Ejecutivo Autonómico desde la asunción de competencias, y que somos también una de las primeras Comunidades Autónomas que tiene un Proyecto de Ley... que va a tener una ley de estas características, porque recordemos que en España son cuatro Comunidades Autónomas las que tienen una Ley de Educación y Formación de Personas Adultas, pero son cuatro Comunidades Autónomas que tienen las competencias educativas asumidas mucho antes que la Comunidad Autonómica de Castilla y León.

Y somos conscientes también que, una vez adquiridas estas competencias, lógicamente, necesitamos en Castilla y León un marco de referencia que posibilite el desarrollo de nuestro propio modelo también de educación y formación de personas adultas para la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Una Ley que en el futuro nos va a permitir, entre otras cosas, desarrollar nuestro propio currículo específico para la formación y educación de personas adultas; que nos va a permitir también -y es importante- elaborar el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación y Formación de Personas Adultas; que nos va a permitir también completar y ampliar la red de centros existente en este momento en Castilla y León; y que nos va a permitir también implantar una oferta formativa para personas adultas basada en dos criterios -desde nuestro punto de vista- fundamentales: suficiencia de la oferta y calidad de la oferta educativa.

Y todo ello construido sobre unos principios en los que -como decía antes- coincidimos todos los que estamos en esta Cámara. Y es aquí donde encontramos la primera razón por la cual oponernos a la Enmienda presentada por el Grupo Socialista.

Dice el Artículo 109.3 del Reglamento de las Cortes que "serán enmiendas a la totalidad aquellas que versen sobre la oportunidad, principios o espíritu de la Ley". El señor Enmendante nos ha hablado aquí de sus divergencias respecto a los convenios con los Ayuntamientos, al Consejo Regional de la Educación y Formación de Personas Adultas, al no reconocimiento de la posibilidad semipresencial de la educación, cuestiones todas ellas que nada tienen que ver con los principios o el espíritu de la propia Ley. Y yo creo, sinceramente, que el Portavoz Enmendante está de acuerdo con los principios que inspiran la Ley. Lo que yo creo que está haciendo el Portavoz Enmendante es, simplemente, duplicar el proceso de enmiendas parciales, porque nos ha hablado de sus enmiendas, porque están recogidas enmiendas que también, lógicamente, están presentadas, y son las que nos ha expuesto aquí. Y yo estoy seguro que cuando debatamos las enmiendas parciales, en muy poco se va a diferir el debate al que tenemos hoy aquí.

Sí que hay una cuestión sobre la que, desde luego, no coincidimos, pero creo que es accesoria, que es respecto al reconocimiento -y consta en la Exposición de Motivos- del carácter de derecho fundamental de la educación de las personas adultas. Vamos a ver. La Constitución habla de... efectivamente, del derecho fundamental a la educación; nunca reconoce el derecho fundamental a la educación de personas adultas. La LOGSE... primero la LODE y después la LOGSE, reconocen el derecho a la educación de personas adultas, no ya como fundamental, porque esta Ley... lo primero que hace la LODE es circunscribir el carácter fundamental del derecho específicamente a la educación obligatoria.

Coincidimos, lógicamente, en que la educación de personas adultas es un derecho de todos los ciudadanos; no un derecho fundamental. Pero, vamos a ver, el principio de jerarquía normativa también nos lo está imponiendo: si la LOGSE ya nos indica el derecho de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, a la educación, de personas adultas en este caso, lógicamente, esto es una Ley que está desarrollando el Título III de la LOGSE, y que, por lo tanto, se refiere también y completa también lo establecido en la LOGSE. De otra manera, no podría ser, en ningún caso, una ley ajustada a la propia Ley Orgánica General del Sistema Educativo.

Y la segunda razón -que creo que es, desde luego, importante- es que este Proyecto de Ley nace del diálogo y del consenso con toda la sociedad castellano y leonesa, representada, en primer lugar, en el Consejo Escolar de Castilla y León. Y quiero recordar aquí lo que ha dicho el Consejero: "El Consejo Escolar de Castilla y León votó favorablemente y unánimemente a este Proyecto de Ley". Es decir, se alcanzó la unanimidad por parte de los legítimos representantes de la Comunidad Educativa de Castilla y León sobre el Proyecto de Ley que se le presentó en su día. Y eso, además, con un importante esfuerzo, que creo que hay que reconocer al Consejo Escolar a través de la Subcomisión creada al efecto para analizar el entonces borrador que se les presentó, es una labor importante que sirvió para aportar mucho al Proyecto de Ley; en concreto, se hicieron cuarenta y tantas aportaciones, más de la mitad de las cuales fueron asumidas después por el Proyecto de Ley; y, finalmente... para terminar finalmente completando con un voto favorable unánime a este Proyecto de Ley.

Por lo tanto -y perdone que se lo diga así-, entendemos que presentar una Enmienda a la Totalidad, apoyar la devolución del texto presentado hoy aquí por el Consejero de Educación significa, ni más ni menos que ponerse también en contra no sólo del texto, sino de la voluntad, unánimemente expresada -repito-, de los legítimos representantes de la comunidad educativa de Castilla y León; algo que, desde luego, este Grupo no va a apoyar nunca.

Pero también, una voluntad de diálogo expresada de cara al futuro, y esto también es importante. Se ha criticado por parte del Portavoz Enmendante que es escueta en algunos casos y que deja la regulación para el futuro, me ha parecido entender. Vamos a ver, desde luego, hay dos formas de hacer proyectos de ley: una forma reglamentista, que en este caso entiendo de la cual usted sería partidario; y una forma también abierta de cara al futuro. ¿Qué es lo que está pasando con aquellas leyes...? Y, afortunadamente, tenemos la experiencia del pasado, tenemos la experiencia de aquellas cuatro Comunidades Autónomas que ya han... o que ya tienen una Ley de Educación de Personas Adultas. Lo que está pasando con aquellas Comunidades -véase Valencia, por ejemplo; véase Andalucía- que han tenido una ley excesivamente reglamentista, excesivamente exhaustiva en sus contenidos, es que tienen enormes problemas para su aplicación. Y usted, desde luego, los conoce. Lógicamente, lo que tratamos de evitar es eso también.

La educación y la formación de personas adultas es algo absolutamente cambiante, y eso también lo sabe usted perfectamente. No es lo mismo hablar de educación de personas adultas hace diez años que hablar hoy de educación y formación de personas adultas, como no será tampoco lo mismo hablar dentro de diez años de la educación y la formación de personas adultas. La Ley tiene una vocación temporal, tiene una vocación de permanencia en el tiempo. El carácter excesivamente reglamentista de esta Ley nos haría... nos provocaría lo que ha provocado en Comunidades como Andalucía o como Valencia, y es que en algunos casos la ley ha devenido inaplicable. Y, con el consenso de la comunidad educativa, en algunos casos se está incumpliendo, incluso, la propia ley, con las dificultades lógicas que supone la modificación de una ley de este calado.

Por lo tanto, la voluntad de diálogo expresada en el desarrollo... en la elaboración de este Proyecto de Ley, recordándole, además, que ya no es sólo lo que le he dicho respecto del Consejo Escolar de Castilla y León; también es importante la importantísima colaboración que han tenido, a título individual y a título de grupo, todas las entidades que así lo han querido: entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, sindicatos, incluso Administraciones Locales, que también han hecho sus aportaciones y que han podido expresar y aportar lo que han querido a este Proyecto de Ley.

Pero ese mismo... esa misma vocación de diálogo está presente de cara al futuro. Lógicamente, poco sentido tendría dialogar la elaboración de una ley y no dialogar el desarrollo. Y, desde luego -lo ha expresado el Consejero-, la voluntad y la mano tendida por parte de la Consejería de Educación y Cultura, por parte de la Junta de Castilla y León, y, por supuesto, por parte del Partido Popular, es de seguir dialogando el desarrollo futuro y la adaptación futura de la Ley de Educación y Formación de Personas Adultas a la sociedad, que, desde luego -como acabo de decir-, es absoluto cambio... absolutamente cambiante.

Y centrándome ya, y ante la falta de tiempo, me voy a referir al contenido... estrictamente lo que es el contenido de la Ley. Se critica por parte del Grupo Socialista la Exposición de Motivos. Afortunadamente, y la oportunidad que te da leer las enmiendas parciales presentadas también por el Grupo Enmendante a la Totalidad, me hace ver cuál es la exposición de motivos que el Grupo Socialista hubiese puesto. Y leída la Exposición de Motivos, vemos que dos terceras partes de la misma se dedican a hacer un análisis poblacional y geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, resaltando la importancia de la educación y formación de personas adultas en el medio rural, algo que nosotros compartimos absolutamente, compartimos absolutamente.

Ahora, hay mucho más en la Exposición de Motivos; desde el punto de vista de la técnica legislativa, tiene que ir mucho más allá. Desde nuestro punto de vista, la Exposición de Motivos es, desde el punto de vista de su contenido y desde el punto de vista de la técnica legislativa empleada, absolutamente correcto: nos dice cuáles son los fundamentos... los fundamentos de la Ley, cuáles son las características de la Comunidad en orden a fijar el punto de partida de aplicación de esta Ley, nos dice cuáles son las metas que persigue esta Ley y nos dice cuál es la metodología a utilizar. Eso es una exposición de motivos, que también es ley. Y en la Exposición de Motivos, por cierto, se recoge que la educación y formación de personas adultas es un derecho.

Y con respecto al Articulado, pues -y trato de ir terminando, señor Presidente-, defendemos la absoluta cohesión del propio Articulado. Un Articulado coherente, además, fácilmente estructurado, que es, en primer lugar, el Título I: objeto, fines, objetivos; Titulo II, para la consecución de los objetivos descritos en el Título I, cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo; en el Título III, los medios que se van a emplear para las acciones descritas en el Título II, incluyendo los centros, el personal y la importancia que se da a la formación del profesorado; y el Título IV, dedicado a los destinatarios y a los cauces de participación.

Y por último, y para terminar, y dejándome cosas en el tintero, sí decir que, respecto a la financiación, a la cual también se alude por parte del Enmendante, la financiación de la educación y formación de personas adultas viene marcada por la LOGSE, por el Título III de la LOGSE. Y los créditos suficientes, o la suficiencia de créditos, lógicamente, ha de venir marcada por los Presupuestos Autonómicos; de ahí no podemos salir, de ahí no podemos salir.

Modelo de financiación -termino, Presidente-, modelo de financiación: Título III de la LOGSE, Aplicación del modelo de financiación, a través de los créditos presupuestarios que se fijen o que se establezcan anualmente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En definitiva -y termino ya, Presidente-, por supuesto, rechazamos por estas razones expuestas, y por alguna más que desgraciadamente por tiempo no he podido decir, la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Socialista, y apoyamos y mostramos nuestro apoyo al Proyecto de Ley presentado por la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Portavoz, también, por el tono, porque yo creo que es fundamental el que iniciemos este debate en un tono constructivo, diciéndonos aquello que cada uno pensamos respecto a estas cosas, pero sin que ello signifique que nosotros... el Grupo Socialista va a renunciar a presentar su propio modelo de educación de adultos, a sabiendas de la posición en la que el Grupo Socialista está en estas Cortes. Pero nosotros tenemos el deber y el derecho de presentar nuestra propia percepción sobre la educación de personas adultas.

Y, por lo tanto, cuando este Grupo decide presentar una Enmienda a la Totalidad, lo hace fundamentalmente porque, estando de acuerdo con la necesidad, no cree que el modelo haya sido el que... el más idóneo para el fin que se propone. Y nosotros les decimos en qué. O sea... es decir, que no... no escabullimos el bulto, no rehuimos el debate o no rehuimos... no sé, es decir, hacemos una denuncia y nos escondemos. No, no. Estamos aquí con nuestro propio modelo.

¿Y nuestro propio modelo difiere del que ustedes presentan en el Proyecto de Ley? Manifiestamente. Y, mire, yo he notado en su... en su intervención algo que me ha preocupado un poco: si ustedes están dispuestos a hacer modificaciones en la Ley a lo largo del debate presupuestario, ¿cómo es que ustedes no han presentado ni una sola enmienda? Es que es curioso, ¿no? Pocas veces el Grupo Popular está tan seguro de lo que hace como en esta ocasión, que no presenta ni una sola enmienda. Y, en cambio, dice que está de acuerdo... o dispuesto a llegar a acuerdos. Yo, de verdad, me parece que hay alguna cierta contradicción.

Pero vamos a ver si en este debate fijamos cuatro o cinco ideas, que yo creo que son esenciales para saber en qué punto estamos cada uno.

Primera. ¿Es o no un derecho la educación de personas adultas? Porque si es un derecho, recojámoslo en un artículo, en el primero. El frontis, un derecho: la educación de adultos... de personas adultas en nuestra Comunidad es un derecho. ¿Por qué? Porque eso va a tener... no, señor Portavoz, perdóneme. Eso va a tener un elemento importante, porque vamos a tener después que atender, en función de ese principio, a las demandas; mientras que si no lo recogemos, podemos o no podemos después dar respuesta. Primera consideración esencial. Le pregunto: ¿El PP cree que es un derecho? Pues lo que redunda no daña: pónganlo.

Segundo. Principios, principios que ustedes emanan de esta Ley. Yo le digo: le faltan los destinatarios, al análisis... el análisis -que también lo dijo el Consejo Escolar, y muchos colectivos han dicho más-, el análisis a quienes va dirigido y, sobre todo, las previsiones hacia dónde queremos que vaya. Porque yo soy consciente de que un análisis como el que nosotros incorporamos es una foto a fecha fija, pero, además, incorporamos las previsiones por dónde queremos que vayan.

Segundo: falta la definición de la base territorial. La base territorial de educación de adultos es esencial; es absolutamente esencial. Y a mí me gustaría que quedara recogido que los centros... pero no en las declaraciones genéricas, sino que recogiéramos que los centros de educación de adultos tienen una base territorial que puede estar circunscrita al Ayuntamiento, a la comarca, a la mancomunidad, a lo que queramos. Una base territorial, porque eso va a tener después mucha incidencia a la hora de fijar plantillas y de fijar lo demás.

El tema de recursos es importante. No podemos venir y decir: los Presupuestos de cada año lo dirán. Claro, ¡sólo faltaba que no lo dijeran! Pero podemos avanzar más. Habrá puntos de acuerdo que nosotros contemplemos. Si verdaderamente esto es un interés que... para toda la Comunidad y para cualquier Gobierno, sea de su signo o sea del nuestro, para que se quede recogido, ¿por qué no lo intentamos? Yo no quiero hacer una ley reglamentista -se lo aseguro-, no quiero hacer una ley reglamentista; porque si yo hiciera una ley reglamentista, ¿eh?, a lo mejor el día que gobernasen los socialistas en esta Comunidad no nos serviría. Y a mí me gustaría que esta Ley perdurara, que esta Ley perdurara.

Pero, claro, es que entre decir "Se creará el Consejo de Educación de Personas Adultas", y punto, "y lo haremos reglamentariamente", a decir "Crearemos el Consejo de Educación de Personas Adultas que incorpore a los padres, los alumnos, los Ayuntamientos..." y cuyos objetivos sean "y otros", pues yo creo que estaremos marcando en la Ley los principios fundamentales que nosotros queremos... bueno, queremos, básicamente, el que aparezcan.

Mire, a mí me gustaría que quedasen reflejados los planes regionales, Planes Regionales de Educación de... específicos de Educación de Adultos. A mí me gustaría que... que se recogiera expresamente el tema, por favor, de los compañeros de viaje.

Mire, ustedes que son tan aficionados a trasladar a otros colectivos determinados servicios que podrían ser considerados básicos, yo le digo que aquí han hecho caso omiso a un montón de colectivos que son esenciales en este Proyecto de Ley.

Bueno, pues ésas son, fundamentalmente, las objeciones que nosotros le presentábamos, que las queríamos poner aquí -digamos- delante de todos ustedes, en debate parlamentario -que es donde hay que hacerlo-, y que, desde luego, nos someteremos al proceso que ahora se inicia. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Gracias, Señoría. Para el turno de dúplica, el señor De la Hoz tiene de nuevo la palabra.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Muchas gracias, Presidente. Y tratando de hacerlo con la misma brevedad, y para contestar a las cuestiones planteadas por el Procurador Socialista.

Vamos a ver, respecto al modelo, que usted me habla de su modelo, sabe, igualmente, porque me imagino habrá hablado con sus compañeros de Aragón, que en estos días está debatiendo también la Ley de Educación y Formación de Personas Adultas; y, por cierto, el Grupo Popular allí ha presentado una enmienda a la totalidad. ¿Pero sabe cómo la ha presentado? Presentando un texto alternativo. Aquí no se ha presentado un texto alternativo; yo no veo el texto alternativo por ninguna parte; a lo mejor, quizá, no me ha llegado. Pero, desde luego, no hay un texto alternativo.

¿Podemos desgranar un modelo de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista? Vamos a ver, sesenta enmiendas, más de la mitad de las cuales son formales. ¿El modelo se expresa en veinte enmiendas? Yo creo que no, yo creo que no. Y no estoy criticando en absoluto; lo que le estoy diciendo es que tenemos bastantes más puntos en común de los que usted expresa hoy aquí; bastantes más puntos en común. Y que las cuestiones sobre las que podemos tener diferencias son cuestiones puntuales. Y le pongo un ejemplo, y teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo: la semipresencialidad, de la que usted nos ha hablado hoy aquí. Un concepto del pasado, del pasado.

Hay dos Comunidades Autónomas que reconocen la semipresencialidad en sus leyes. Pregunte a esas dos Comunidades Autónomas qué pasa con la semipresencialidad, cómo desarrollan o cómo están aplicando ahora el concepto de semipresencialidad en la práctica diaria. No existe. La semipresencialidad de la que usted nos habla es ni más ni menos que la educación a distancia con una carga de presencia mayor. Y la educación a distancia de la que está hablando usted es la educción por correo, ni más ni menos. Creo que es un concepto -sinceramente se lo digo- pasado ya. Precisamente, las dos Comunidades que recogen el concepto de semipresencialidad son las dos Comunidades que elaboraron sus... sus leyes de educación en el momento en el que estaba en boga ese concepto, pero, desde luego, repito que creo que es un concepto en todo punto olvidado.

Y me dice usted: "Ustedes no han presentado enmiendas". Vamos a ver, le he dicho antes: este Proyecto de Ley es un proyecto de ley consensuado, apoyado unánime... unánimemente, de forma favorable por parte del Consejo Escolar de Castilla y León, es decir, por los legítimos representantes de la comunidad educativa de Castilla y León. No va a ser este Grupo Parlamentario el que se ponga enfrente, desde luego, de la unanimidad que ha presidido el diálogo, y el consenso, y el debate de este Proyecto de Ley. Ustedes sí que las acaban de poner enfrente, porque si el Consejo Escolar de Castilla y León dice "sí" a esta Ley unánimemente, ustedes dicen "no" a esta Ley.

Entonces, situémonos cada uno en el término... en los términos en los que estamos y veamos quién está a favor, quién está en contra de la Ley. Porque resulta ser que ustedes, en este momento y con respecto a este Proyecto de Ley, están enfrente de la comunidad educativa de Castilla y León, enfrentados a la comunidad educativa de Castilla y León; es decir, solos, oponiéndose a este Proyecto de Ley.

Y ya para... para terminar, respecto al reconocimiento del derecho, la Exposición de Motivos es Ley también, es Ley también, forma parte de la Ley; y en la Exposición de Motivos se reconoce el derecho.

Pero es que -repito- igual que no se repite el Título III de la LOGSE en la Ley de Educación y Formación de Personas Adultas de Castilla y León, tampoco tiene por qué recogerse que es un derecho. Porque el reconocimiento del derecho a la educación y la formación de personas adultas viene recogida en la LODE y en la LOGSE. Por lo tanto, por lo tanto, como son normas que siguen aplicándose en esta Comunidad Autónoma, desde luego, está reconocido por parte de la Junta de Castilla y León y por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el derecho de todos los ciudadanos a la educación y a la formación, incluidas, por supuesto, las personas adultas. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Por parte del Grupo no interviniente, ¿van a hacer uso de la palabra? Para cerrar el debate, tiene de nuevo la palabra el señor González, don Cipriano.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Mire, no se esfuerce, señor Portavoz, no se esfuerce. Este... este Grupo ni este Portavoz están enfrente del Consejo Escolar. ¡Sólo faltaba!, ¡sólo faltaba! Reconocerá usted que no todas las sugerencias que el Consejo Escolar recogía las incorporaron ustedes a la Ley. ¿O no? ¡Ah! Entonces, quiero decir que el Consejo Escolar aprobó por unanimidad una norma porque la considerará interesante y suficiente para esta Comunidad, pero no creo que eso sea... eso sea palabra de Dios, digo yo, ¿no? Eso es una posición que tiene el Consejo Escolar y que yo no tengo nada en absoluto que objetar.

¿Pero es manifiestamente mejorable? Seguro. Y lo vamos a ver. Si lo vamos a ver en el debate, señor Portavoz, si vamos a verlo en el debate. Y si ustedes quieren que esta Ley salga con consenso y salga mejorada, no le quedará más remedio que ir acomodando algunas de sus posiciones a las nuestras. Como no nos quedará más remedio a nosotros que intentar acercarnos a las suyas. ¡Obviamente! ¡Sólo faltaba! Pero no quiera usted enfrentarnos a nosotros con el Consejo Escolar.

Esta Ley, esta Ley, tal y como está confeccionada, desde el punto de vista del Grupo Socialista, es un mal proyecto de ley, mal proyecto de ley, porque le faltan funciones esenciales en cualquier documento, pero especialmente en cualquier documento destinado al mundo... al mundo educativo.

Mire, el tema de los centros ordinarios y específicos, usted no ha dicho nada, no ha dicho nada. No tiene nada que ver un centro específico con un centro de educación de personas adultas; nada que ver -se lo aseguro yo-, si ése es el modelo al que ustedes tienden. Lo que no quiere decir que en determinadas situaciones no haya que recurrir a ese sistema porque sea, o sería, o será, probablemente, el menos malo de los sistemas. Pero tenemos que tender esta... Si queremos hacer una buena ley, tenemos que tender a que en todos los... los municipios, en todas las áreas -esas famosas áreas, que vamos a ver si salen alguna vez esas áreas funcionales, alguna vez salen-, esas áreas funcionales o esas áreas educativas -que también esperamos que algún día salgan-, todas ellas tienen que tener una red de educación de personas adultas absolutamente completa; la tienen que tener. Y tenemos que buscar respuesta para ese tipo de situaciones.

En una Comunidad como la nuestra, en una Comunidad rural, es imprescindible que hagamos frente a ese tipo de situaciones. Y esta Ley, esta Ley no lo contempla; y si lo contempla, lo contempla de tal manera que puede ser perfectamente interpretado al revés.

Yo tengo ahí, en mi escaño, los informes que sobre este Proyecto de Ley me han pasado sindicatos, asociaciones y colectivos, algunas APA, algunos profesores; que he huido mucho de recoger aquí reflexiones de algunos colectivos de profesores porque no me siento identificado con ellos, y que, verdaderamente, no dicen mucho a favor del Proyecto de Ley que ustedes presentan.

Nosotros éramos conscientes de que la mayoría parlamentaria iba a rechazar esta Enmienda a la Totalidad porque no confiábamos -se lo digo de verdad- en convencerles. Pero nos parecía necesario hacer pasar este trámite, porque es fundamental que en esta Cámara, al menos en el Diario de Sesiones -aunque muchas de Sus Señorías no escuchen y no atiendan- quede reflejado perfectamente que hay otro modelo, en veinte enmiendas, o en dos, o en tres; porque hay cosas que son esenciales, que con un párrafo podía cambiar rotundamente la Ley. El tema de los centros, de los ordinarios y los específicos, cambiaría con muy poco; el tema del Consejo... el Consejo Escolar... el Consejo Regional de Educación de Personas Adultas, también.

Hay... hay determinadas enmiendas absolutamente esenciales en nuestras enmiendas presentadas, que van a mejorar -sin duda- el Proyecto de Ley, pero que dependerán -como casi siempre- de la voluntad o de la capacidad de ustedes para poderlo incorporar.

Pero, mire, hay una que es esencial, hay una que es esencial. Las leyes no son más que instrumentos, las leyes no son más que instrumentos. La Ley, por sí sola, no va a mejorar la educación de personas adultas en Castilla y León; la Ley, por sí sola, no es más que un instrumento. Y ustedes a veces confunden el instrumento con el fin. Aquí parece, o pareciera -y en algunas ya las hemos visto-, que haciendo la Ley hemos resuelto el problema.

Yo le invito a usted y a su Grupo, al Grupo que usted representa, a que entiendan que nuestro modelo de Educación de Adultos... de Educación de Personas Adultas lo consideramos un derecho ciudadano básico; que ese derecho se tiene que poder impartir en todos los lugares; y que en los centros y en los municipios pequeños tenemos que buscar modelos imaginativos. Llámelo... le dije... No se preocupe usted por el nombre, le digo la función; y la función es que, para enseñarle a una persona un elemento fundamental y básico que forma parte de la cultura de esta gente, no se puede hacer un día a la semana, viniendo hasta el municipio cabecera; tiene que ser el centro, el profesor, el que se desplace. Ése sería el objetivo fundamental de nuestra Ley, ése era el motivo de la Enmienda a la Totalidad, y esperamos poderlo mejorar en la fase de enmiendas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Se procede a someter a votación la Enmienda de Totalidad del Proyecto de Ley de Educación y Formación de Personas Adultas. ¿Votos a favor de la Enmienda? Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, cincuenta y nueve... perdón, sesenta y nueve (seis, nueve); votos a favor, veintitrés; votos en contra, cuarenta y cuatro; y abstenciones, dos. Queda, por lo tanto, rechazada esta Enmienda de Totalidad, y el Proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Educación y Cultura para que prosiga su tramitación reglamentaria.

Ahora ruego al señor Vicepresidente dé lectura a los puntos dieciocho a veintidós, ambos inclusive, del Orden del Día, y que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, se van a sustanciar de forma acumulada.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

"Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Presidencia en los Proyectos de Ley de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, de Veterinarios, de Médicos, de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y de Mediadores de Seguros Titulados de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para la presentación de los correspondientes Proyectos de Ley, el señor Consejero de la Presidencia tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ MAÑUECO):

Gracias, Presidente. Señorías. De forma concisa y conjunta, voy a presentar los Proyectos de Ley de Creación de los Consejos de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, de Veterinarios, de Médicos, Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y de Mediadores de Seguros Titulados.

Los colegios profesionales se configuran legalmente como corporaciones de derecho público o personas jurídico-públicas, cuyo origen y funciones no dependen en exclusiva de la voluntad de sus colegiados o asociados, sino también -y en primer término- de las determinaciones obligatorias del legislador. Son, por tanto, corporaciones sectoriales que se constituyen tanto para defender los intereses de sus miembros como para garantizar la prestación de servicios acorde con los intereses públicos.

Así, los Colegios Profesionales permiten un ejercicio profesional que atienda a los intereses de los particulares o ciudadanos, velando por la ética profesional y el respeto de los derechos de los ciudadanos, adoptando medidas para evitar el intrusismo y la competencia desleal entre los profesionales, y procurando el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de sus colegiados, de forma que todo ello repercuta positivamente en la actividad que prestan los colegios hacia los ciudadanos.

Nuestra Ley de Colegios Profesionales atribuye una amplia autonomía a los Colegios Profesionales en aquellos aspectos que afectan a su organización y funcionamiento. Así, corresponde al propio Colegio la aprobación de las normas que van a regir la vida colegial, sus estatutos, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento jurídico.

En este contexto, la Administración de la Comunidad se reserva la calificación previa de legalidad de estos estatutos particulares antes de su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Castilla y León.

Pero dicho esto, debemos de recordar que una de las novedades más importantes que ha supuesto el ejercicio de las competencias legislativas autonómicas sobre Colegios Profesionales ha sido la creación de un escalón organizativo intermedio, desconocido hasta ahora en las organizaciones colegiales de colegios de estructura múltiple.

En efecto, nuestra normativa ha interpuesto entre los Colegios Territoriales y los Consejos Generales una nueva corporación de derecho público, que son los Colegios... los Consejos de Colegios Profesionales, que, integrados por los Colegios Territoriales de la Comunidad, han venido a asumir el rol y funciones que respecto a la organización colegial desempeñan en el ámbito del Estado los Consejos Generales.

No podemos dejar de lado la peculiar estructura territorial de nuestra Comunidad Autónoma, de gran extensión y de profunda raigambre provincialista, lo que redunda más, si cabe, en la importancia de estas Corporaciones intermedias.

Y las funciones genéricas de todos estos Consejos de Colegios que se someten hoy a la aprobación de la Cámara son, en primer lugar, la representación de la profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma; la coordinación de los Colegios Territoriales a través de la elaboración de normas deontológicas comunes; el ejercicio de las funciones disciplinarias de los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales y, en su caso, también de los miembros del Consejo Autonómico; y la aprobación de sus propios presupuestos.

Dicho de otra forma: la importancia de estos Consejos estriba en su carácter de interlocutor único de la profesión a nivel regional en su contribución a una mejor solución de los problemas intercolegiales, armonizando la actuación de la profesión, favoreciendo el bien común y el adecuado servicio a los ciudadanos.

Sin embargo, y pese a la importancia de las funciones citadas que desarrollan los Consejos de Colegios, el legislador autonómico no crea ope legis los citados Consejos, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, ni siquiera en nuestra normativa se llega a incentivar su constitución, sino que se deja a la voluntad colegial la adopción de la iniciativa de creación.

Ahora bien, buscando un lógico equilibrio territorial y de colegiados, se precisa que dicha iniciativa surja con el acuerdo de la mayoría, no sólo de los Colegios, sino también de los profesionales respectivos a nivel autonómico.

Planteadas en los términos expuestas las iniciativas de creación de los Consejos de Colegios al principio citados, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, aprobó los Proyectos de Ley de Creación de los Consejos de Colegios Profesionales en cumplimiento de nuestra Ley de... de Colegios Profesionales, cuyo trámite de aprobación corresponde a este Parlamento. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Consejero. Presentados los Proyectos, se abre un turno para fijación de posiciones de los Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Mixto, don Antonio Herreros tiene la palabra.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Brevísimamente, para decir que nosotros seguimos manteniéndonos en desacuerdo con la colegiación obligatoria, como ya ha venido siendo tradicional en todo este proceso de Proyectos de Ley de colegiación. Y, por tanto, nosotros no vamos a secundar el acuerdo de estos Proyectos de Ley. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. ¿Por el Grupo Socialista? ¿Por el Grupo Popular? Se someten, entonces, a votación los Proyectos de Ley de los Colegios Profesionales de forma separadamente... separadamente.

En primer lugar, se votan los Artículos 1, 2 y 3, así como la Disposición Transitoria Única, la Disposición Final, la Exposición de Motivos y el Título de la Ley correspondiente al Proyecto de Ley regulador del Consejo de Colegio Profesional de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y uno. Treinta y nueve a favor. Y veintidós abstenciones. Ningún voto en contra. Queda, en consecuencia, aprobada la Ley del Colegio de Profesionales de Peritos e Ingenieros Industriales.

Se somete ahora a votación el Proyecto de Ley relativo al Colegio de Veterinarios de Castilla y León. ¿Votos a favor? Treinta y nueve. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Veintidós. Queda, igualmente, aprobado este Proyecto de Ley.

Se vota ahora el Proyecto de Ley relativo al Colegio de Médicos de Castilla y León. ¿Votos a favor? Treinta y nueve. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Veintidós. Queda aprobado.

Votamos ahora el de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. ¿Votos a favor? Treinta y nueve. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Veintidós. Queda aprobado.

Y, por último, se somete a votación el de Colegios de Mediadores de Seguros Titulados de Castilla y León. ¿Votos a favor? Treinta y nueve. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Veintidós. Queda, igualmente, aprobado.

Y agotado el Orden del Día, antes de levantar la sesión, permítanme dé lectura a una declaración que presentan los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León.

"Dada la situación actual de desempleo en que se encuentran...".

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ:

Señor Presidente, disculpe un momento. Querríamos hacer uso del turno de explicación de voto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Ha lugar. Por el Grupo Socialista, doña Elena Pérez tiene la palabra.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ:

Sí. Brevemente, Señorías. No se preocupen, sabemos que es mediodía, nos queremos ir todos. Pero después de oír al señor Consejero -que se nota que es nuevo, claro-, que no ha oído el debate otras veces en esta Cámara Legislativa de lo que opinan los Grupos Parlamentarios sobre los Colegios Profesionales, la necesidad de la colegiación obligatoria, la necesidad de que se planteen en esta Cámara cientos de Proyectos de Ley sobre Colegios Profesionales, ya sean pequeños, grandes, regulares o medianos, nos parece que tenemos que explicar nuestro voto.

Es muy fuerte oír ahora en los albores... cuando estamos en el siglo XXI -como decía un compañero ahora mismo-, oír hablar del servicio público que se presta, que es para cuidar... del adecuado servicio a la ciudadanía, como que no tuviéramos Gobierno, como que no tuviéramos instituciones públicas que tienen su deber de controlar, precisamente, que cualquier tipo de trabajador o profesión -y más si está en el ámbito de lo público- tenga que desarrollar su trabajo con eficacia, y el Gobierno tenga que controlar por Ley, porque para eso se le ha elegido, que ese servicio sea adecuado. Es decir, importancia legislativa, señores y señoras, en este momento ninguna; ninguna importancia legislativa tiene, en este momento, legislar sobre mediadores de seguros, por ejemplo. Se nota que el señor Consejero es nuevo.

Es decir, nos parece un absurdo, nos parece innecesario, no porque no sea necesario por cuestiones legales. Aquí debatimos ya un Proyecto de Ley Marco de Colegios Profesionales, que estábamos en contra mi Grupo Parlamentario. Y de esos males, vienen estos lodos al día de hoy; está claro. Y por eso tendremos que vernos abocados a debatir quinientas veces cualquier tipo de corporación de trabajadores de cualquier profesión que se quieran asociar por medio de esta fórmula de colegio profesional, porque se sabe que ejercen una presión importante sus cúpulas sobre los Gobiernos del Partido Popular.

Por eso en Castilla y León, como en otro sitios gobernados por el Partido Popular, se acabarán erigiendo como colegios profesionales -decía un compañero de mi Grupo- hasta los enterradores. Y mientras tanto, en esta Cámara, que es la Cámara Legislativa por excelencia, dejaremos de legislar -como hemos dejado hoy- una ley que regule las antenas, con el peligro que eso supone; una ley, por ejemplo, de Voluntariado, de Cooperación al Desarrollo, de su Consejería, de parejas de hecho; pero estaremos llenando esa revista que pone "trámite parlamentario" con muchos proyectos legislativos que trae el Gobierno a esta Cámara de Mediadores de Seguros.

Por lo tanto, Señorías, nosotros no estamos de acuerdo con esta parafernalia, y creemos que el Gobierno tiene que traer a esta Cámara Proyectos de Ley que de verdad defiendan intereses generales de la ciudadanía, no un cuerpo, un grupo de profesionales, de trabajadores de cualquier tipo de sector, que, sabiendo que se colegien por el método que han elegido ustedes, van a poder ejercer una presión al margen de cualquier control que tiene que hacer por obligación el Gobierno de esta Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Pedro Antona tiene la palabra.

EL SEÑOR ANTONA DEL VAL:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Bien, éste no era el debate sobre la colegiación obligatoria. Eso ya se debatió aquí, lo traen ustedes siempre a colación. Estuvieron trece años gobernando y no lo cambiaron. Si hubieran tenido tantas ganas, lo habrían cambiado. Tienen ustedes un pánico, una especie de animadversión hacia lo que no pueden controlar desde el poder político. La sociedad se organiza, y una forma de organización civil es en colegios profesionales, que, además, tienen una función sobre el interés general; por eso es Administración Corporativa -se le ha llamado siempre-.

Legislar sobre unas cosas no impide legislar sobre otras, doña Elena. Hay que traer proyectos, sustanciarles bien, y entonces se debatirán aquí. Bien.

Hemos debatido... hemos votado la creación del Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenieros Industriales, de Veterinarios, de Médicos, de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y de Mediadores de Seguros Titulados de Castilla y León -que, por cierto, la señora Pérez hacía alusión a los mediadores de seguros como si fueran lo último de lo último; no sé qué tiene usted contra los mediadores de seguros, por cierto-. Hemos apoyado... el Grupo Popular ha apoyado la creación de estos Consejos de Colegios Profesionales por varios motivos:

En primer lugar, porque así lo han solicitado los Colegios de las cinco profesiones de forma voluntaria, en cumplimiento de la Ley 8/1997, de Colegios Profesionales de Castilla y León, que regula en su Artículo 18 este mecanismo de creación de los Consejos Autonómicos de Colegios Profesionales; cosa que agradecemos el interés que han demostrado estas profesiones por la creación de estos Consejos, ya que la iniciativa tenía que partir de ellos.

En segundo lugar, porque con la creación de estos Consejos se adecúa lo que llamamos la Administración Corporativa a la estructura territorial del Estado, esto es, al Estado de las Autonomías.

Y en tercer lugar, porque ésta también es una muy buena manera de hacer Comunidad. Los Consejos Autonómicos, en realidad, sustituyen a los Consejos Generales al absorber las principales funciones de éstos, con lo que se consigue mejorar el sistema organizativo y de actuación colegial, que se acerca así más a los profesionales y a los ciudadanos de nuestra Comunidad.

Tengo que recordar aquí el carácter mixto -público y privado- de los Colegios Profesionales, aunque ya lo ha señalado el Consejero. Su forma de personificación y naturaleza son públicos, porque su origen y su configuración están sustraídos a la disponibilidad de sus miembros, y porque son de interés público... (Si quieres comer, vete a comer) porque son de interés público los fines que han debido justificar su creación, o -como dicen las Exposiciones de Motivos- que la actividad de Colegios y sus miembros estén al servicio de los intereses generales.

Por último, hacer una breve referencia a la categoría normativa de creación de estos Consejos. El que tengan rango de Ley es porque así lo ordena la Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León -el Artículo 18.3- que aprobó esta Cámara. Pero, además, ésta sea probablemente... sea, probablemente, el instrumento más adecuado si tenemos en cuenta que la creación de colegios ex novo utiliza tal categoría normativa. Por lo tanto, nos parece correcto la utilización de leyes, sean pequeñas, de dos hojas, de tres hojas o de cincuenta hojas. Eso no es lo importante, el número de hojas o de artículos que tiene una Ley.

Por todo ello, felicitamos al Gobierno en la figura de su Consejero de Presidencia y Administración Territorial, y nos mostramos satisfechos porque hoy aquí, con el apoyo del Grupo Popular, prácticamente, culmina el iter legislativo de estos cinco Proyectos de Ley tan importantes para los profesionales y, sobre todo, para los ciudadanos de nuestra Comunidad. Muchas gracias. Y ya se pueden ir a comer Sus Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Decía antes y digo ahora que, antes de levantar la sesión, los Grupos Parlamentarios han presentado una declaración conjunta que procedo a dar lectura:

"Dada la situación actual de desempleo en que se encuentran los ex trabajadores de Alfacel, y en particular los procedentes de la ENBSA, y la dificultad de reinserción en el mercado laboral, los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, mediante esta declaración, desean manifestar lo siguiente:

Primero. El impulso y apoyo a las gestiones y negociaciones que vienen desarrollando los distintos sindicatos que representan a los ex trabajadores de Alfacel, así como las que se realizan desde la Junta de Castilla y León para obtener la recolocación de dicho colectivo.

Segundo. En relación con el colectivo de trabajadores procedentes de la ENSB, instan y solicitan a la Administración Central para que, a través de la SEPI, se inicie una negociación urgente tendente a la recolocación de estos afectados.

Tercero. Instan a todos los intervinientes en estos procesos para que exista la mayor transparencia e información de las gestiones que se realicen.

Fechado en el día de hoy en Fuensaldaña y firmado por los Portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Mixto". ¿Se aprueba la declaración? Se aprueba.

Se levanta la sesión. Gracias a todos.

(Se levanta la sesión a las quince horas quince minutos).